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Los políticos agraciados en las últimas elecciones han de cumplir el protocolo parlamentario de toma de posesión de las actas de diputado. Para realizar ese trámite tuvieron que conseguir un puesto preferente en una lista de partido. El reparto de escaños del congreso no permite a Zapatero ser investido presidente del Gobierno únicamente con los votos de los diputados del PSOE, lo que le obliga a pactar el apoyo explícito, o al menos la abstención de otros partidos. En esos pactos sin transparencia se hurta a los españoles el conocimiento de las concesiones y favores mutuos que implica el consenso.   Parlamento con banco azul (foto: lademocracia.es) La formación de la mesa del Congreso, órgano de gobierno del parlamento, deja el primer episodio del cambalache, que inició el PSOE renunciando a una de las cinco sillas que le corresponden a favor de los nacionalistas, a la vez que pedían al Partido Popular el mismo gesto para “favorecer la pluralidad”: como si la mesa del Congreso cumpliera mejor su cometido con sus sillas ocupadas por representantes de diferentes partidos. ¿Por qué no nombra Zapatero a un ministro de cada formación política para favorecer esa misma pluralidad? Los populares, con Rajoy a la cabeza, afrontan la legislatura con la intención de “controlar al gobierno y hacer oposición” (Zaplana dixit). Éste ha replicado a José Blanco que por “aritmética parlamentaria” les corresponden cuatro miembros de la mesa, y no van a ceder ninguno, ya que con más elementos propios su labor de control será más eficaz. Sin embargo, Zaplana olvida que por la misma aritmética el PP queda inhabilitado para controlar al gobierno en el parlamento. Para que el control del gobierno sea efectivo, la separación de poderes exige esta disposición electoral: unas elecciones legislativas, y otras distintas, para elegir al presidente del gobierno. Mientras se mantenga la discriminación a los españoles que sólo somos consultados para resolver, en elecciones con listas de partido, la cuota de poder inseparado del que dispondrán los partidos en el Estado, el control parlamentario de la acción gubernamental es una quimera.  

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