El PNV, representante de una minoría que habla en nombre de la totalidad, escenificará rechazos, llorará su marginación política pero negociará un trozo de poder: blindaje del “cupo”, asunción de ciertas competencias, fusión de las cajas de ahorro vascas, participación en la gestión del Puerto de Bilbao, financiación del AVE a Vitoria, Bilbao y San Sebastián (la famosa Y), garantía de que Iberdrola continuara teniendo el domicilio fiscal en Bilbao con la empresa EDF francesa en liza y otras “minucias”. Siguen disfrutando de un privilegio concedido en tiempos de Cánovas mediante un Real Decreto de 1878, conocido como concierto económico, por el que se establecía el régimen de tributación para las tres provincias vascas. Este instrumento fiscal convierte a cada Diputación Foral en pequeños Estados en materia fiscal. Recaudan y/o comparten los tributos estatales de acuerdo con unas reglas establecidas y le entregan una parte (el llamado "cupo") en compensación por las competencias que aún permanecen en el Estado. Esta aportación se calcula aplicando el llamado "índice de imputación" o porcentaje que alcanza la renta relativa o participación de cada una de estas Comunidades en la riqueza nacional (6,24% el País Vasco, 1,6% Navarra). Museo Guggenheim de Bilbao En el caso vasco, el cálculo actual se concreta en la Ley 29/2007 que expone de forma clara los privilegios de los que gozan. En ella no se tiene en cuenta el total de los Presupuestos Generales del Estado (324.963 me. (millones de euros)) sino una parte, los de la Administración General del Estado (188.417 me.), de los que se restan las cargas asumidas por la Comunidad Autónoma . Sobre el resto (85.753 me.) se calcula el cupo teórico de 5.351 me. (6,24%). La cosa no queda ahí, pues hay multitud de ajustes y compensaciones (tributos no concertados, ingresos no tributarios, déficit público previsto) que minoran dicha cantidad hasta dejarla en 1.565 me. No es de extrañar que las Comunidades Autónomas de la Rioja y de Castilla y León tengan frecuentes contenciosos con el País Vasco por las localizaciones industriales. Uno de los cuales está actualmente en el Tribunal de la Unión Europea por aplicar tipos impositivos más bajos en el Impuesto de sociedades, interpretados como una subvención encubierta contraria a las normas de competencia de la Unión Europea.
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