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Finalizado el periodo electoral, la renovación de los miembros de CGPJ y del Tribunal Constitucional resulta inaplazable. La adaptación de la justicia dependiente e inseparada al nuevo escenario de mayorías políticas debe acometerse sin falta. Para ello el recién autoinvestido Presidente Zapatero ofrece dos soluciones, que demuestran la total sumisión del Poder Judicial al político.   La primera consiste en el manido consenso con el partido de la oposición y nacionalistas mediante otro “Pacto por la Justicia”, como si ésta fuera objeto de transacción y voluntades políticas. Las soluciones negociadas en materia de Justicia sólo son posibles en los conflictos judiciales concretos de los particulares, por cuanto presuponen el litigio de índole privado entre dos partes que pueden encauzarlo voluntariamente.   Por ello, la aplicación del consenso al gobierno de la propia Justicia y a la composición de sus más altas instancias, no sólo constituye el más descarado reconocimiento de su sometimiento al poder político, sino que evidencia su carácter de materia disponible entre partidos.   “Justicia” (foto: ojo espejo) La segunda opción solucionaría el problema por las bravas. Ya ha anunciado el Sr. Presidente que de no llegarse a tal consenso, legislará sobre la materia “de forma excepcional” cambiando las reglas de elección de Vocales y Magistrados para desbloquear la situación. Siempre claro está, a su conveniencia. Tal solución sólo encuentra parangón en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1.985. Si aquélla, en palabras de D. Alfonso Guerra, mataba a Montesquieu, ésta lo remata.   El anuncio del jefe del ejecutivo tiene un efecto sorprendente en la oposición, que lejos de sublevarse contra la medida por antidemocrática, la asume como un órdago cuya finalidad última es atraerla al consenso bajo la amenaza de quedar fuera del juego político-judicial. Sabedor de que algún día llegará su turno, el PP toma la amenaza como un elemento más de la negociación consensual y así lo acepta, como simple coste de su posición actual y de sus expectativas. Parece que el cambio de nombres de los delegados de los partidos en la Justicia resulta inevitable. No es una renovación, es un recambio. Por las buenas o por las malas.

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