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Fernando  Savater con Rosa Díez (Foto: Upyd) Han reparado algunos intelectuales, pues para darse cuenta de algo así hay que serlo, que “la situación institucional de la lengua castellana” es preocupante. Sobre todo en lo que respecta a los derechos de los castellanohablantes. Vamos, que todas las autonomías con una lengua particular ?curiosa coincidencia? están decididas, no a promocionarla, sino a imponerla de forma coactiva desde la mismísima educación primaria. Y tienen poder para hacerlo, ya que los intelectuales no elevarían su voz en balde si algo así resultara imposible. Es por ello que han sacado un manifiesto en defensa del “castellano”, que por eso son intelectuales y tienen la prudencia de referirse así, y no como “español”, a la lengua común; para que nunca pueda dudarse de su penetración analítica al distinguirla equiparándola a las demás. Es imposible, por tratarse de intelectuales, que ignoren el artículo 3.1 de la Constitución. Mas como el lector no tiene porqué serlo, lo reproduciremos: “El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. Y un intelectual entiende a la perfección el significado de las palabras, el sentido de las proposiciones e infiere adecuadamente su corolario. El citado Manifiesto, si es veraz, supone, en realidad, la denuncia de la vulneración de la Norma Suprema, cúspide del mismísimo ordenamiento jurídico. Extraña, ante tan gravísimo asunto, que no dirijan la misiva al juzgado correspondiente, sino que la remitan al Parlamento español. Ante tal dislate, quedé perplejo; pero, ¡son intelectuales!; y si no actúan con la lógica que demanda el caso, sólo puede ser porque saben que los infractores, estos son los dirigentes autonómicos, o sea, los mismos partidos políticos estatales… ¡están por encima de jueces y de leyes!   Vislumbrado esto: todo encaja. ¡Fue como una iluminación! Y sólo entonces pude comprender aquellos privilegiados cerebros, su brillante inteligencia práctica y su arriesgado compromiso. Abrasado por la desazón de la injusticia, ávido por revelar la verdad, cualquiera hubiera traicionado la recta virtud de la prudencia, dejando que sus actos pudieran hacer ver a los españoles que viven en una Monarquía sometida a la arbitrariedad de la todopoderosa clase política estatal. Tal inconsciencia hubiera puesto en peligro el Régimen de poder desatando el apocalipsis de la inestabilidad. Así, disimulan pidiendo a la casta política “una normativa legal de rango adecuado”, ¡cómo si no supieran que ya existe!, para concederles, de esta manera, la oportunidad de rectificar. ¿En qué otra cosa podría consistir ser un intelectual?

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