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El exministro de justicia y actual alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, declaró hace escasas fechas a El País que “un alcalde dependa de su partido es inconstitucional”. Descubrimiento jurídico excepcional para un político del Estado de Partidos que proviene del mundo judicial de la transición. No ha sido, sin embargo, una revelación numinosa. Don Santiago Belloch (foto: diegonavarro.org) Todo lo contrario: es la conclusión obvia de la perentoria necesidad pecuniaria de los ayuntamientos españoles. Y es que no hay nada más tradicional en la historia de la conquista de la democracia que la rebelión contra la falta de financiación cuando se están pagando los impuestos para el centralismo administrativo madrileño. ¿No se consiguió la democracia norteamericana por razones tributarias contra el parlamento colonialista inglés? Zaragoza no es EE.UU. pero para las personas inteligentes y amantes de su patria y de su Pilarica, que le “toquen el bolsillo” es como la invasión napoleónica. Y solamente tenemos que recordar en los Episodios Nacionales cómo resistían los maños. La voluntad patriótica aragonesa deberá ir unida, por otro lado, a la agudeza propia de un jurista como Belloch. La máxima autoridad política en un municipio, es decir, el alcalde, no puede estar en el organigrama jerárquico de un partido político de Madrid. Si eso es así –piensa y declara el jurista- entonces tal realidad “no puede ser constitucional”. ¡Y piensa bien! El único problema es que la Constitución española otorgada hace treinta años y que él considera democrática, en realidad, no lo es; entre otras razones ¡porque no contempla que un alcalde se deba y represente a su pueblo! ¿O no recuerda Belloch quién le puso en la lista de candidatos a concejal en su partido? ¿O ha olvidado que el sistema electoral que le permitió alcanzar la alcaldía presidencial es proporcional de partido? En definitiva, señor Belloch, cuando está en juego la hacienda y los impuestos de los aragoneses no podemos decir, con la tradición, “el mejor alcalde, el rey”. Más bien habrá que reconocer el déficit democrático en las elecciones a las alcaldías establecido en la constitución y legislación y gritar ¡el mejor alcalde, el democrático!
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