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Diario Español de la República Constitucional

La elección por la clase política de los nuevos miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no constituye renovación alguna de la Justicia, sólo mera novación formal. Privados de la independencia del poder político que los elige por origen y naturaleza de su elección, cualquier cambio de sus titulares será siempre meramente nominal. La realidad de los poderes inseparados se enfrenta a la contradicción de las afirmaciones públicas de sus protagonistas. El nuevo Presidente del CGPJ, que no olvidemos lo es también del Tribunal Supremo, ha afirmado en su discurso de toma de posesión que “la función jurisdiccional no es acción política, sí es acción estatal y por ello está llamada a hacer realidad la existencia de una comunidad ordenada por la Constitución”. Tal declaración del más Alto Magistrado, no sólo es contradictoria con la aceptación de su cargo a propuesta del Grupo Socialista, sino que contrasta con las declaraciones del líder de la oposición, Sr. Rajoy, quien se jacta públicamente de haber llegado a la elección por la intervención de “sus vocales” (sic.) en el propio CGPJ. Sede del Consejo General del Poder Judidial No cabe más claro ejemplo de acción política por mucho que el Sr. Dívar diga. Su propio encumbramiento a lo más alto de la judicatura por elección política demuestra lo contrario, siendo, por si quedaba alguna duda, subrayado a posteriori por los actos propios de quienes le eligieron. Dado que no resultaría propio dudar de los conocimientos técnicos del Magistrado, manifestados en una larga trayectoria profesional, sus afirmaciones sólo pueden entenderse como un acto de cinismo extremo. La sumisión de la Justicia al Poder político, encarnada en la elección del máximo representante de aquella es radicalmente opuesta a la Dignidad debida en el ejercicio de la función jurisdiccional, concepto que no tiene una sola referencia en el Excelentísimo discurso. Porque, de lo contrario, de existir una mínima conciencia de la Dignidad inherente a la noble función de juzgar a sus conciudadanos, la primera medida que el Sr. Dívar debería tomaría en su mandato sería ineludible: Su propia dimisión.

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