El disparate

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Diario Español de la República Constitucional

Baltasar Garzón (foto: UNIA) Después de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica el 31 de octubre de 2007, muchas han sido las asociaciones creadas para representar a las víctimas de la Guerra Civil. La denuncia de alguna de estas asociaciones por desapariciones, ha hecho que el Juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, obviando la Ley de Amnistía del 77 y por consiguiente la Constitución, se declare competente para investigar los crímenes de la Guerra civil y el franquismo hasta el año 1951, autorizando la excavación de fosas y exhumación de cadáveres. El Ministro de Justicia ha puesto a su disposición el Instituto Nacional de Toxicología; a su vez, el Magistrado ha contratado a dos expertos, uno de ellos el ex fiscal anticorrupción y candidato en las últimas elecciones por IU Carlos Jiménez Villarejo.   Las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica no son representativas de todos los familiares de las víctimas. Algunas han sido creadas por los intereses partidistas del PSOE e IU (esta última para no desaparecer del panorama político), utilizando a personas afines a dichos partidos desde la cúpula; no tienen base, sólo corresponden a unas siglas. Ha sido la Administración quien les ha facilitado los archivos de desaparecidos requeridos por Garzón. Las desavenencias entre sus miembros es notoria por la distinción que hacen respecto a las víctimas: se procede a la exhumación de todas pero sólo se identifican a unas cuantas. Si en una fosa hay 4.500 restos y sólo reclaman la identificación 20 familias habría que realizarles la prueba del ADN a todos los restos hallados, jamás podrán hacerlo en su totalidad. Muchos familiares se niegan a la exhumación (caso Federico García Lorca), otros no aparecen. El coste es elevadísimo e imposible de asumir.   La megalomanía del juez le ha llevado a saquear en las exhumaciones de las víctimas inocentes, al desposeerlos de sus enseres personales y a utilizar a muchos familiares, desobedeciendo incluso al Fiscal General del Estado en su prohibición de abrir diligencias sobre los desaparecidos. A Zapatero “su” juez se le ha ido de las manos, si no lo utiliza para callar las protestas de la judicatura. Pero las exhumaciones continúan, su valor arqueológico es incalculable. Y el Juez traspasa las fronteras en todos los sentidos. La partitocracia con estos actos y a través de sus medios de comunicación está abriendo una división casi inexistente en la población española. Esto es un verdadero disparate.

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