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Cuando el debate sobre las pensiones públicas comienza a tener interés en la sociedad civil, aterriza el señor Celestino Corbacho, Ministro de Trabajo, y propone el consenso partitocrático y la retirada de dicho debate de la opinión pública con la intención de no molestar a los ciudadanos con falsas crisis y de ofrecerles un brindis al sol: las pensiones públicas están garantizadas hasta el año 2025.

La esperanza de vida de los españoles ha incrementado el colectivo de beneficiarios del sistema sin encender ninguna alarma ya que un aumento del número de cotizantes, en parte debido a la llegada masiva de inmigrantes, ofrecía la apariencia de una evolución normal. Pero la crisis económica despertó a la sociedad de su letargo político y le mostró su debilidad: en menos de dos años el número de cotizantes bajó casi dos millones. En este ambiente no es extraño que varios analistas y personajes públicos, entre ellos el Gobernador del Banco de España, aconsejen el retraso de la edad de jubilación para liberar las dos variables del sistema: más cotizantes y menos beneficiarios. Una conclusión no exenta de demagogia, pues por otro lado se están incentivando jubilaciones anticipadas financiadas total o parcialmente con ingresos públicos.

Muchos de estos analistas dicen que si el modelo actual de financiación a través de cuotas sobre los salarios (a cargo del empleador y del empleado) no se reforma o no se admite una cofinanciación a través de los impuestos generales (IVA o Impuestos sobre el capital) el sistema es inviable. Así que hay que ser claro: o se admite esta carga tributaria para liberar a las empresas de costes directos de uno de sus factores productivos o no queda más remedio que rebajar las pensiones drásticamente.

No hay que olvidar que las actuales pensiones se calculan de acuerdo con las cuotas ingresadas en los últimos 15 años, generalmente las más altas, en perjuicio de aquellas otras personas que han estado cotizando 20, 30 ó 40 años. Es un argumento de justicia social buscar un periodo de cómputo lo más cercano posible a realidad de cada cotizante.

Por último, no olvidemos que un Fondo de Reserva bien dotado (un 30% del PIB, según Ignacio Zubiri) es una garantía de permanencia de esa relación entre cotizantes y pensionistas, no como el ridículo Fondo actual que llega escasamente al 4% del PIB.

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