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La Audiencia Nacional se ha erigido en campeona de la justicia universal, superando la renuencia de los distintos tribunales de los países afectados y sorteando las limitaciones del Tribunal Penal Internacional, que sólo investiga delitos cometidos después de su creación, es decir, en 1998, y únicamente persigue los que hayan ocurrido en los Estados que firmaron y ratificaron el Estatuto de Roma.   El juez Fernando Andreu está investigando los presuntos crímenes de guerra de siete militares israelíes -incluido el ministro de Defensa-, por el bombardeo que ocasionó la muerte de siete civiles y un comandante de Hamás. Al no existir en Israel ningún procedimiento abierto respecto a ese caso, el magistrado citado se declara competente para hacerlo él mismo, tal y como recoge la doctrina del Tribunal Constitucional. Santiago Pedraz, otro juez de la AN, ha encausado a ocho dirigentes políticos chinos -tres ministros, entre ellos- por un delito de lesa humanidad al dirigir un “ataque generalizado y sistemático contra la población tibetana” durante los disturbios del año pasado. El juez Pedraz ya ha enviado una comisión rogatoria a China para interrogar a los acusados ante un tribunal de este país.   Por su parte, Eloy Velasco, tras asegurarse de que en EEUU no existe un caso similar, tendrá que decidir si admite a trámite una querella contra los juristas (como el ex fiscal general Alberto R. González) que idearon la creación de centros de detención de terroristas, en los que éstos habrían sido sometidos a torturas: el juez Garzón ya está investigando las cometidas contra cinco prisioneros.   Pero como el celo profesional de los jueces de la AN tampoco tiene límites históricos, Ismael Moreno ha averiguado que, tras la Guerra Civil, miles de exiliados republicanos cayeron en poder de los nazis; que éstos ofrecieron a Franco la posibilidad de su repatriación; y que éste se desentendió de su suerte, siendo consciente de que eso “conduciría a su internamiento en campos de concentración”, lo cual evidenciaría la participación o complicidad, ya sea por acción u omisión, de las autoridades españolas, en aquellos crímenes contra la humanidad.   hechos significativos   López Aguilar, cabeza de la lista europea del PSOE, reconoce que “hay que cuadrarse” cuando el jefe del partido da una orden.   Los sindicatos se animan a criticar las medidas del Gobierno contra el paro.

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