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El Ministro de Justicia D. Ángel Caamaño, preguntado sobre la tardanza del pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la legalidad del nuevo Estatuto de Cataluña, señaló que espera su pronta resolución, añadiendo que se encuentra esperanzado en que la Sentencia dé una solución “clara y con el mayor consenso” sobre el asunto. Con tales declaraciones Caamaño avala la solución judicial pactada, que meses antes ya había interesado la Vicepresidente Primero del Gobierno Dña. María Teresa Fernández de la Vega, que justificó la tardanza de la resolución del Alto Tribunal en el esfuerzo colectivo que “todo el mundo” estaba haciendo desde la presentación del recurso –hace tres años- para llegar a una solución consensuada que fuera “la expresión de un deseo de todos”. Tal maleable concepto de legalidad en el derecho público, en atención a intereses particulares consensuales, es tan ajeno a la razón de la Justicia y el Derecho como la dilación de la resolución del asunto en función de la coyuntura política. La solución judicial consensuada de la litis sirve para los conflictos de derecho privado, que son susceptibles de negociación dado el poder de disposición de las partes sobre el objeto del litigio, pero no para la calificación de legalidad de conductas y actos dentro del derecho público, que quedan sustraídos de la voluntad de los litigantes. Reconocer que la dilación en la resolución sobre la constitucionalidad o no de una norma se debe a la voluntad de recurrentes y recurridos de llegar a una solución consensuada sobre el fondo del asunto tiene varias consecuencias. La primera es el reconocimiento implícito de que los Magistrados del Tribunal Constitucional son meras marionetas de los partidos políticos que sustentan las partes procesales, obedeciendo sus órdenes tanto sobre el contenido mismo del fallo como sobre la adaptación de los tiempos procesales a su interés. La segunda es reconocer que lo de menos es la legalidad de la norma, sino la obtención de una solución judicial que contente a quienes la discuten. El propio Caamaño ha explicado que espera que la sentencia se conozca lo antes posible, aunque ha advertido que “lo importante es que tenga el mayor consenso posible, dada su importancia”. Haciendo gala del conocimiento ilícito y anticipado del contenido de la sentencia, el titular de Justicia añadió que “el hecho de que la resolución no fuera unánime no debe ser motivo de alarma, ya que es algo que ocurre en todos los países aunque no se dé tanta trascendencia porque, al contrario que en España, no existe la figura del voto particular y no se lleguen a conocer los argumentos de la minoría”. Si Caamaño se pone la venda antes que la herida es por el profundo conocimiento de las deliberaciones y por su participación en las mismas a través de los Magistrados adeptos, lo que hace prever una sentencia que declare la constitucionalidad de la norma, con alguna enmienda o voto particular de algún magistrado de la otra facción.
