Claro
Oscuro
Una vez que sembraron la “necesidad” de su “economía sostenible” como parte de la estrategia para el cambio de modelo económico, definieron los tres pilares básicos para llegar a ella: mejora del entorno económico, impulso de la competitividad y sostenibilidad medioambiental. En sus múltiples explicaciones juegan una y otra vez con la “sostenibilidad” para acotar su posición en el aspecto de la realidad que describen en ese momento, así hablan de sostenibilidad financiera en las Administraciones Públicas para referirse a la eficacia y eficiencia de su funcionamiento y de sostenibilidad medioambiental de toda la economía nacional para referirse a la reducción de la contaminación, al consumo, ahorro y eficiencia energéticos. En el primer caso concretan algunas medidas para la Administración del Estado y pasan con sigilo sobre las medidas que se han de tomar en las Administraciones Territoriales, actualmente responsables de la mayor parte del Gasto Público operativo. En el segundo caso enumeran una multitud de medidas que habrá que poner en práctica (transporte ferroviario, vehículos eléctricos, planificación del sistema eléctrico, rehabilitación de viviendas) pero no concretan cómo se harán, cuánto costaran, cuánto tardarán o quién las llevará a cabo. De todas las reformas posibles para conseguir los objetivos, se limitan a concretar aquellas con impacto mediático (reformar los organismos reguladores, las remuneraciones de los consejeros de las sociedades cotizadas en bolsa y la protección de los inversores) que solamente son la hojarasca del bosque financiero; y aquellas otras que lavan la cara a la maltrecha competitividad (eliminación de anuncios, de licencias municipales, acceso a Internet y a telecomunicaciones rápidas, costes de explotación de patentes) tocando muy de pasada el verdadero estímulo a la investigación y desarrollo realizado en las Universidades, Centros especializados y grandes empresas. Es curioso observar en este anteproyecto de ley que una gran parte de los instrumentos que se van a utilizar para lograr aquellos objetivos está orientada a remover obstáculos administrativos, que previamente habían sido interpuestos o a devolver ingresos fiscales (redefinición y ampliación de deducciones en diversos impuestos) que antes habían sido detraídos. Es decir adelgazar la burocracia y redefinir el papel del Sector Público que antes consideraron un estímulo y ahora un estorbo. Este cambio radical en la orientación de nuestra política económica y en los medios que ha de poner en marcha solamente podrá tener éxito mediante un “modelo político sostenible”, ese modelo capaz de elegir democráticamente a la persona mejor dotada para liderar este gran cambio y a los representantes de los ciudadanos de cada distrito que controlen su puesta en práctica.
