La inmoralidad política como factor de gobierno (El Independiente, Febrero de 1990)

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El intervencionismo estatal en la economía fue considerado, en el reciente debate parlamentario, como causa-ocasión de los enriquecimientos por tráfico de influencias o por uso indebido de información privilegiada. Por el portavoz del Partido Popular, al alegarla como causa de la corrupción. Por el vicepresidente, al replicar que el Gobierno socialista no desarrollaba una política intervencionista, sino liberalizadora.   La máxima “quien evita la ocasión evita el pecado” traduce esa sabiduría popular sobre la que se apoya la creencia de que la mayor impunidad y las mayores oportunidades incrementan el peligro de corrupción. Es evidente, sin embargo, la intención ideológica de quienes convierten este adagio de prudencia en explicación causal del fenómeno. Unos como argumento neoliberal, otros por convencionalismo, todos están interesados en el arraigo de esta opinión que elude el verdadero terreno moral donde se sitúa el problema. Todavía hace reír aquel chiste alemán del esposo que sorprende a su mujer haciendo el amor con el amante en el sofá y pide consejo a su amigo. “Si quieres salvar tu matrimonio, vende el sofá”, es decir, desmantela al Estado de sus organismos reguladores del mercado.   La corrupción económica, como fenómeno colectivo, siempre será una mera consecuencia de la degeneración moral del vivero que alimenta las instituciones estatales, un fenómeno dependiente de la inmoralidad política de los partidos gobernantes. De ahí la primordial importancia que para los electores tiene el conocimiento de la moralidad política de los partidos cuando están en la oposición.   Los electores españoles no pudieron conocer estas cuestiones en el momento decisivo. Los partidos eran siglas míticas de prestigio internacional que agrupaban a personas contrarias a la moralidad del régimen. El hecho de que el PSOE, tras las primeras elecciones, ocupara la función de líder de la oposición al Gobierno UCD, integrado fundamentalmente por franquistas, determinó que continuara acaparando la simbolización de la virtud política, que él mismo propagó con los “cien años de honradez”.   La opinión pública ha tenido que verlo en el poder para percibir, primero, sus contradicciones políticas, gobernando en interés del gran capital y del militarismo con una legitimación histórica de izquierda, y, luego, sus contradicciones morales, propiciando la mayor promiscuidad que la historia española ha experimentado de gobernantes mundanos y especuladores. Pero estas contradicciones las venían manifestando desde que el nuevo equipo dirigente hizo su aparición, en el escenario de la clandestinidad, con un precoz culto a la personalidad de su joven secretario general y con un feroz oportunismo social que se traducía en violentas y repentinas oscilaciones ideológicas.   No debería ser motivo de extrañeza, ni de desilusión, que su posterior etapa de ocupación del poder hay sido una implacable historia de subordinación de los intereses generales a la supremacía personal de su jefe y al disfrute prebendario de sus fieles asistentes. Las hazañas carismáticas no pueden lograrse sin flagrantes violaciones de la moralidad natural.   Difamación del Partido Andalucista sin respetar la autonomía andaluza; difamación del líder del nacionalismo catalán sin cumplir el calendario de traspaso de competencias; difamación sindical durante la reconversión industrial sin creación de empleo alternativo; domesticación del poder judicial sin saneamiento de la Administración de Justicia; reconversión “otanista” sin modernización de la carrera y del servicio militar; expropiación de Rumasa sin respeto del Estado de derecho; reprivatización de Rumasa sin cumplir su promesa de mantenerla en el sector público; ocupación burocrática del Estado y de las empresas públicas sin criterios de mérito profesional; fomento del transfuguismo de partido y de sindicato sin utilidad propia, pero con daño ajeno; abusivo retraso en el cumplimiento de su promesa de introducir el pluralismo televisivo sin democratizar el monopolio de la televisión pública; capitalización del ingreso de España en la Comunidad Europea sin negociar con firmeza y paciencia la defensa de los intereses económicos españoles; manipulación de la banca privada sin tener una política bancaria; difamación de los dirigentes de UGT sin atender las reivindicaciones sindicales; sistemático veto a la constitución de comisiones parlamentarias de investigación sin poner coto al tráfico de influencias.   Esta escalada de inmoralidad política en el modo de practicar la acción de gobierno fraguó el resentimiento social que condujo a la huelga general más importante que haya tenido lugar nunca en país europeo.   Comparada con la inmoralidad sustancial de convertir en ética de partido, en hábito de poder, en factor de gobierno la falta de moralidad natural, la corrupción económica de los gobernantes es un epifenómeno accidental menos grave para la colectividad, por ser menos dañino. El vicepresidente ha respondido a esta “sutileza”, planteada por el PP, como cualquier presumido ignorante que forzado a concretar la cuestión de que se trate no puede hacer otra cosa que aspavientos y exclamaciones. Sí, señor vicepresidente. Sería mucho menos grave que estuviera frente a una acusación de enriquecimiento ilícito, incluso de miles de millones, que ante la falta política por la que se le exige dimitir. La gravedad es directamente proporcional a la extensión del daño. La corrupción económica perjudica a un número reducido de personas. Lo que se ha revelado en el Parlamento, ante millones de telespectadores, es decir, el carácter consustancial de la inmoralidad a la mentalidad política de su Gobierno, daña inconmensurablemente a todos los españoles y a la personalidad internacional de España.   Ya no se trata de su conocimiento o ignorancia del tráfico de influencias realizado por su asistente, dilema más que suficiente para demandar su dimisión o destitución fulminante. De lo que se trata ahora es de algo muchísimo más grave. A partir de sus propias declaraciones, y las del Presidente que las avaló, los gobernados y la opinión pública internacional saben que su Gobierno considera políticamente honorable mentir al Parlamento, rechazando evidencias que nadie en su sano juicio moral se atrevería a negar.   Los españoles saben ya que están siendo gobernados por personas que, probablemente a causa del sectarismo de grupo, no son conscientes de su carencia de moralidad instintiva, de su falta de ética racional, de su embotamiento espiritual. Con el argumento de que tienen más votos que nadie, se creen autorizadas a utilizar como factor de gobierno una especie degenerada de moralidad posracional que ni siquiera alcanza, a causa de su infantil rusticidad, la categoría de cínica.   La barbarie moral del vicepresidente ha llegado al extremo de pedir para sí mismo la comprensión que él tiene, ¡incluso con agradecimiento!, para los partidos que pidieron su dimisión, puesto que “es legítimo que cada grupo político tenga su ética”. No, señor vicepresidente. El pluralismo moral no es lícito.   El vicepresidente confunde el pluralismo de las fuentes generadoras de la moral con la anarquía de la normativa ética, la diversidad de teorías explicativas con la unicidad necesaria de la práctica moral. Esta confusión representa un verdadero peligro público. Tanto mayor cuantos más sean los electores que voten a esta singular pareja de sevillanos que subordina el mandato y las responsabilidades públicas de gobierno a la solidaridad privada inherente a todo espíritu sectario de clan.   Los criterios cuantitativos de mayorías o minorías son, por definición, inaplicables a los comportamientos exigidos por la honestidad instintiva.   Cuando falta esta rectitud, para los individuos genética o culturalmente insensibles a los dictados de la moral natural, las costumbres y las tradiciones de todos los pueblos, de todas las clases sociales, de todos los regímenes políticos, han inventado normas de urbanidad que coaccionan desde fuera a la conciencia bárbara para que, al menos por decoro, se comporte como civilizada. A este tipo de exigencia social responde la ética política. Nadie pretende que los políticos sean santos o simplemente buenas personas, aunque esto último sería deseable. Pero nadie puede admitir que sean indecorosos.   La falta de educación moral de un Gobierno es una cuestión política de primera envergadura. Puede parecer, sobre todo a las nuevas generaciones, que las normas de urbanidad carecen en el fondo de significado moral. Puras fórmulas de hipocresía. Pero a poco que se reflexione descubrimos en esas cortesías la síntesis codificada de anteriores pasiones morales que inventaron, contra la hostilidad de la naturaleza y de los genes egoístas, la galantería, la amistad y el honor sobre los que la especie ha sobrevivido en forma de civilización.   La verdadera moralidad está en los instintos. Pero esa sensibilidad animal necesita sistematizarse y reforzarse con una educación ética que, pese a la inercia y pérdida de sentido inteligente de bastantes de sus prescripciones tradicionales, representa en definitiva el juicio histórico del progreso moral.   Se puede afirmar, por esta razón histórica, que la falta de honorabilidad en los gobernantes denota, mucho más que la inculta brutalidad de las personas, el carácter reaccionario del poder que ejercen sin una ética de partido que sirva de modelo social, es decir, sin un propósito civilizador.

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