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Para comprender la verdadera dimensión del caso político del vicepresidente es preciso evitar la confusión en un solo escándalo, de dos fenómenos sociales sustancialmente inconfundibles. De un lado, los signos externos de rápido enriquecimiento de un militante socialista, con indicios racionales de haberlo logrado mediante la picaresca explotación de los símbolos estatales puestos graciosamente a su disposición por el Gobierno. De otro lado, las mentiras del vicepresidente al Parlamento, declarando desconocer los signos de riqueza de su hermano y el modo de conseguirla, con plena evidencia de que estaba negando obviedades que nadie en su sano juicio moral o político negaría.
La primera cuestión, la de don Juan Guerra, saltó desde el ámbito secreto y privado, propio de este tipo de asuntos, al dominio público de la opinión vecinal, dando lugar al fenómeno social conocido en la práctica y en la ciencia de las costumbres con el nombre de escándalo público. La posterior publicidad dada a este asunto por los medios de comunicación, sin alterar la naturaleza, extendió su onda de choque a la opinión pública general. Nuestro Código Penal tipifica como delito de escándalo público todo acto que ofenda el pudor o las buenas costumbres, con total independencia de que los hechos escandalosos hagan presumir, por suposiciones inevitables, la probable comisión de otros actos que, de ser ciertos, constituirían figuras delictivas diferentes.
El concepto de buenas costumbres varía insensiblemente de una época a otra. Pero en los asuntos limítrofes de la sociedad con el Estado, y en los modales de la clase política, el concepto cambia bruscamente de significación social al pasar de un régimen dictatorial a otro democrático. En este momento histórico, nadie podrá negar que las buenas costumbres han sido ofendidas, están siendo lastimadas por un militante socialista, hermano del vicepresidente, que hace alarde social, con un modestísimo sueldo, de riqueza millonaria. Las sospechas de corrupción del Gobierno y del Partido Socialista no nacen de la malicia de los escándalos, sino de la imprudencia del escandalizador y de sus poderosos protectores.
La segunda cuestión, la del vicepresidente, al salir del círculo convencional de la sociedad política –donde se resuelven los conflictos en discretos compromisos- y penetrar en la intimidad de la sociedad civil, constituye un puro escándalo político. A diferencia de lo que sucede con el escándalo público, sobre el que toda persona civilizada debe dejar en suspenso un juicio de culpabilidad, por respeto al superior principio de presunción de inocencia, el escándalo político deja en suspenso la probidad o la inteligencia de todo el que no emita, sin más, un juicio irrevocable de reprobación, de culpabilidad política de quien miente a la institución representativa del pueblo, cuando ha sido especialmente emplazado para decir, en ella, la verdad.
La mendacidad del vicepresidente ante el Parlamento ha sido tan manifiesta que sólo se atreven a dar crédito a sus palabras los hombres que política o culturalmente lo necesitan. El presidente González, para no dejar el Gobierno. El ex presidente Suárez, para volver a él. El escritor Sánchez Ferlosio, para mantener la ilusión de permanecer en la hegemonía cultural que dio la hegemonía política al PSOE. Nadie los toma, sin embargo, por crédulos retrasados mentales. Todos saben que encarnan por excelencia el espíritu santo de la transición. Los dos primeros practican, el tercero teoriza, la virtud del engaño político con la misma desfachatez que la de un vicepresidente cogido “in fraganti” mentira.
Dos ideas “cultas” han sido puestas en circulación para salvar al Gobierno de las consecuencias de estos dos escándalos, para eliminar la dificultad política en que lo coloca la evidencia, para obviar lo obvio. El portavoz parlamentario del Grupo Socialista ha lanzado una: las reacciones sociales que se hacen eco del escándalo son debidas a una falta de cultura democrática. Lo más difícil de la transición, la transición cultural democrática, está aún por hacer. La otra idea, del único intelectual que ha dado la cara a favor del Gobierno, complementa la anterior explicitando las dos acciones que pueden desarrollar esa cultura democrática: desmoralización de la política, considerando la mentira como cualidad congénita del poder, y transformación de la conciencia política en conciencia administrativa, llamando la atención de los ciudadanos hacia los asuntos y no hacia las personas.
Estas dos proposiciones culturales no son originales del señor Sánchez Ferlosio. La primera procede de la ideología política del anarquismo libertario. La segunda, nacida de los politécnicos positivistas, es una versión atenuada de la “administración de las cosas” en lugar de las personas, que Engels presagió como etapa final del comunismo en una sociedad sin clases y, por tanto, sin Estado, sin política.
El novelista ha recurrido a estas dos utopías románticas, de principio y final del siglo XIX, para sentar las bases de la cultura democrática española en el siglo XXI y, de paso, eliminar la trascendencia política del escándalo vicepresidencial, tanto por tratarse de congénitas mentiras del poder, como por no tratarse de errores científicos en la administración de asuntos o de cosas. Mucho más sutil que el portavoz socialista, el escritor ha sentido la necesidad de desbaratar la virulencia del escándalo real por medio de una explicación ideal e ilusoria del mismo. Su causa no está en las personas y hechos escandalosos, sino en la índole escandalizable de las opiniones moralistas de la política y en la ley del mercado, que encierra a los medios de comunicación y a la libertad de expresión en el callejón sin salida del amarillismo personalista.
Era inevitable que, lanzado por esta pendiente, tropezara literalmente en la piedra del escándalo y cayera en el fondo psicológico de la teoría eclesiástica del escándalo farisaico. Con todos estos ingredientes, ideológicamente incompatibles, Sánchez Ferlosio construye una teoría sucedánea (Ersatz) del concepto sociológico de escándalo político. Teoría que, en honor a la barbarie de la síntesis y a su función vicaria de hacer las veces o sustituir al principal escándalo, sólo puede ser bautizada con el descriptivo neologismo de “vicescándalo”. El escándalo vicepresidencial ha encontrado su horma ideológica en el “vicescándalo” de un intelectual que, para salvar al Gobierno, se ve obligado a condenar a los farisaicamente escandalizados ciudadanos.
Pero la base religiosa del vicescándalo también es falsa. Si la Iglesia se pronunciara sobre los hechos que preocupan hoy a la opinión, conforme a la ortodoxia de la teología moral, estaría obligada a reprobar a los pecadores del escándalo, Juan y Alfonso Guerra. El novelista comete un error de historia y otro de exégesis bíblica. La denuncia de la propensión a escandalizarse no es, como dice, tan antigua como la parábola del fariseo y del publicano, que se refiere a la soberbia y a la humildad, y no al escándalo. El primero que la formula, respecto a las diferencias de alimentos entre judíos y gentiles, es el más famoso de los fariseos, en su “Carta a los romanos”. Pero el concepto moral de escándalo fariseo, al estar íntimamente relacionado con la conducta de los poderes espirituales y políticos respecto a los bienes temporales, tuvo necesariamente que ser elaborado después de Constantino y de Nicea. El escándalo fariseo no es creación evangélica ni paulina, sino patrística. Fundamentalmente de San Jerónimo, San Gregorio y San Agustín. A la escolástica llega ya perfectamente definido como murmuración maledicente de los débiles e ignorantes, y mal ejemplo contagioso, del comportamiento de los poderosos en los asuntos terrenales.
En esta materia, la teología moral de los Padres de la Iglesia distingue entre actuación escandalosa con bienes y asuntos propios, que es condenable, o respecto de bienes y funciones ajenos. Esta última ha de proseguirse a pesar de que escandalice. Según esta doctrina, la conducta privada de Juan Guerra es condenable, y la pública de Alfonso Guerra, también, por tratarse de asuntos económicos propios y no de gestiones del patrimonio estatal. En cambio, el despilfarro de langostinos para promocionar los productos de Andalucía es un escándalo farisaico no condenable.
El escritor Sánchez Ferlosio desconoce el carácter sociológico y moderno del escándalo político, que sólo pudo surgir después de que naciera, poco antes de la Revolución Francesa, la opinión pública.
Sus dos notas características, el sobresalto de la opinión y la reprobación de lo políticamente inesperado, están presentes en la sorpresa general ante el cinismo de un vicepresidente del Gobierno que, pudiendo dar una explicación humana del aparente enriquecimiento de su hermano y una respuesta políticamente coherente a su disfrute de bienes y símbolos del Estado, prefirió mentir con arrogancia de poder a decir la verdad con sinceridad de apoderado.
La incomprensión intelectual de Sánchez Ferlosio, su creencia de que las críticas a las mentiras del poder son de orden moralista y superficiales, por desconocer su carácter congénito, provienen de sus prejuicios políticos y de una falta de juicio sobre hechos sociales tan llamativos como los que tienen lugar ante nuestros ojos: ¿Por qué no se tolera que el vicepresidente mienta y se permite que lo haga el presidente González y el ex presidente Suárez, al decir con falsedad que creen en la palabra del primero?
La mentira de los tres es la misma desde una perspectiva moral. Pero no desde el punto de vista político. Existe una razón objetiva para exigir la dimisión del vicepresidente y, al menos todavía, no la del presidente. Para descubrir esta razón, y con ella el significado liberador y progresista del escándalo político, es preciso haberse planteado y resuelto la cuestión, tan importante para la democracia, del valor extra-moral de decir la verdad en política. Si el señor Sánchez Ferlosio hubiera meditado sobre este tema, no habría podido repetir la vulgar motivación de comadres, alegada por el político catalán Roca, como razón de la exigencia de dimisión del vicepresidente.
Publicado originalmente en “El independiente” en marzo de 1990
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