Tenemos un problema

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La prensa ha sacado a relucir un documento de la Oficina de Asuntos Europeos del Departamento de Estado para confirmar lo que se sabía hasta en el fondo del océano: “la presión desde la Unión Europea, el FMI y desde Estado Unidos llevaron a Zapatero a introducir medidas de austeridad que redujeron los salarios de los funcionarios, congelaron las pensiones y suspendieron proyectos de obra pública”.   Estos centros de control de daños económicos rescataron a ZP de sus extravíos, haciéndole regresar a la Tierra y supervisando el cumplimiento de las medidas indicadas y la marcha por la senda correcta. Eso sí, del ajuste reclamado al Jefe del Ejecutivo español se quedarían fueran las industrias farmacéutica y solar, en las que los americanos han realizado fuertes inversiones, que para algo son el Imperio.   Don José Luis, lejos ya de sus dispendiosas “políticas sociales”, está tan imbuido de su nuevo papel de gestor responsable que, se permite, en medio de la rechifla general durante el desfile militar del 12 de octubre, recriminar al alcalde de Madrid su insostenible derroche. Lo cierto, es que el PP y el PSOE deberían pactar un intercambio de rehenes: Zapatero estaría ahora más cómodo en el partido de la derecha estatal y Ruiz Gallardón se instalaría por fin en la socialdemocracia: Rajoy, mientras tanto, permanecería en el centro.   Las recetas keynesianas no son apropiadas para sanear las cuentas públicas. Aquel plan extraordinario de infraestructuras que había prometido Zapatero para relanzar la economía, se ha volatilizado, y lo que realmente se ha presentado desde el Ministerio de Fomento ha sido un plan de ajuste extraordinario, cancelando y retrasando obras públicas, con el fin de recortar el déficit 6.400 millones entre este año y 2011. Lo que ya resulta evidente es el impacto de esa cirugía de hierro en muchas empresas que se han quedado colgadas de la obra, sin poder cobrar y teniendo que despedir a miles de trabajadores.   Mucha más peliaguda es la tarea de adelgazar el conjunto de los sueldos públicos. La masa salarial de los funcionarios es un agujero negro que crece cada vez más, a medida que los trienios del empleo vitalicio se acumulan, y nuevos jubilados van engrosando las filas de pensionistas.

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