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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha puesto en marcha una campaña institucional, la primera en su historia, que ha costado 236.444 euros y que pretende difundir entre la ciudadanía un mensaje de reconocimiento y apoyo a la labor que realizan cada día los cinco mil jueces españoles. “Que aquello que más queremos esté protegido, es de Justicia”, “Que todos seamos iguales ante la Ley, es de Justicia” y “Que nuestros hijos vivan en un lugar seguro, es de Justicia”, son los mensajes publicitarios que próximamente aparecerán en prensa y radio durante tres semanas. Según ha explicado en rueda de prensa la portavoz del CGPJ, Dña. Gabriela Bravo, el objetivo es que los ciudadanos tengan una imagen más “real” del “Poder Judicial” y “poner en valor algo consustancial al Estado de Derecho, que es la gran labor que realizan los jueces para garantizar la convivencia pacífica de la ciudadanía. También es de Justicia que no quede en el olvido la labor de los jueces” ha declarado la portavoz, que hizo hincapié en que “los ciudadanos valoran lo que conocen y la Justicia en este país es poco conocida y como consecuencia poco valorada”. Esta referencia al descontento ciudadano trae causa de los resultados de la última encuesta realizada por la Fundación Wolters Kluwer, donde la Administración de Justicia queda muy mal parada con un abrumador reflejo del descontento ciudadano, sólo comparable a la percepción de dependencia y control de la vida judicial por el poder político que también refleja de forma nítida el sondeo. “En el último año se ha atacado a las instituciones del Poder Judicial y se ha puesto en duda su valor constitucional, por lo que creíamos esencial que los ciudadanos tengan claro que los jueces de su país están a su servicio”, subrayó Bravo. Preguntada si los jueces o alguna asociación judicial habían reclamado al CGPJ que llevara a cabo esta campaña, contestó que ha sido el propio Consejo quien tomó la iniciativa para defender su imagen. El maquillaje edulcorado de la labor judicial, centrándose en subrayar su función social pacificadora de conflictos, pone deliberadamente en segundo plano, cuando no anula totalmente, su principal misión en cualquier sistema en el que exista constitución y por tanto separación de poderes, la institucional como titular de una potestad estatal independiente que sirva de contrapeso a los restantes poderes del estado, lo que nunca se podrá mostrar públicamente con orgullo en esta Monarquía de Partidos dada su inexistencia.
