Claro

Oscuro

La primera en la frente. Desde el primer día en que este Diario salió a la luz se ha venido denunciando la conducta prevaricadora del Juez Garzón. Inasequible a la demagogia de la convención socio-política, la realidad de la lógica jurídica aunque tarde, se ha impuesto. No hay botellas de champán, como se ha dicho en la prensa afecta al juez estrella, sino la tristeza de corroborar la lectura en papel de oficio la actitud prevaricadora de un magistrado. La sentencia llega tarde sobre un hecho enjuiciado que no es más que un hito en la actitud uniforme del mismo sujeto activo. La única satisfacción posible puede ser la legítima de orden periodístico de anticiparse en la denuncia incluso a la incoación de la causa. Es la misma sensación que provocó ver como a la atribución de conductas punibles por este Diario a la corrupta trama del Instituto Noos (ya caso Urdangarín) siguió finalmente su coherente reflejo procesal con los mismos fundamentos que aquí se venían publicando.

La claridad de la resolución condenatoria es elemental. Prevaricar es dictar una resolución injusta a sabiendas. Y la conducta de Garzón ordenando interceptar las comunicaciones entre letrados y presos en prisión preventiva a los que se encuentra investigando por su orden, es no solo ilegal sino que ataca frontal y directamente el derecho a la defensa. Comenzando por el primero de los elementos del tipo, la Sala denuncia como Garzón realiza una interpretación contraria a la conocida y vigente línea jurisprudencial del Art. 51.2 de la Ley Orgánica General Penitenciara (LOGP). Dicho precepto sólo permite la interceptación de comunicaciones abogado-preso “por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo.”. Garzón basaba su ilícita actuación defendiendo que ambos requisitos eran de orden alternativo sustituyendo ese “y” por un “o”. Sin embargo el Tribunal Supremo recuerda lo que para todo juez que ejerza en el orden penal es básico, la vigente línea interpretativa del Tribunal Constitucional a partir de su sentencia 183/1.994, reiterada en otras posteriores como la 200/1.997 y la 58/1.998 que dejan claro el carácter acumulativo de ambos requisitos. Es decir y en suma, la interceptación de conversaciones en locutorio carcelario entre abogado y cliente solo son posibles en casos de terrorismo, precisado además la autorización judicial.

El conocimiento de la ilicitud que perfecciona el tipo penal queda concretado bien y a las claras en la Sentencia. La discrecionalidad de la interceptación a todos los letrados de los presos preventivos, incluidas designaciones futuras, resultan así indisculpables. La lesión no es ya y por tanto del derecho a la intimidad de las comunicaciones, sino que afecta de lleno al derecho a la defensa que comprende también el que corresponde al reo de no declarar contra si mismo. Derecho a no inculparse que queda anulado si se viola la confidencialidad inherente al secreto profesional en el que el acusado se confiesa con su director técnico para que pueda ejercitar de la mejor forma su defensa procesal.

La prevención de Garzón de que se realizaran las escuchas “previniendo el derecho de defensa” queda así en vacío por la imposible selección de la memoria para olvidar lo escuchado. Para ello la Sala considera y valora las persistentes aclaraciones al respecto solicitadas tanto por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias como por la Policía Judicial encargada de ejecutar la orden. A estas aclaraciones Garzón contestó que únicamente debían ser excluidas de grabación y transcripción “las conversaciones grabadas sin interés para la investigación”.

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Juan Sánchez

Hola, he leído su artículo y me ha gustado mucho. He de decir que no estoy de acuerdo, ya que, la ley que menciona dice:

“Las comunicaciones de los internos con el abogado defensor o con el abogado expresamente llamado en relación con asuntos penales y con los procuradores que lo representen, se celebrarán en departamentos apropiados y no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo.”

Yo creo que si unívocamente, el legislador (ese gran patán) quisiera que solamente en el caso en el cual solo se pueda grabar en los supuestos de terrorismo y orden judicial, hubiese redactado la ley así:

“no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial, en los supuestos de terrorismo”

Es decir, se hubiese “cargado” la conjunción “y”, que es la que se presta a diversas interpretaciones.

El Sr. Garzón, en su defensa también menciona el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
“Artículo 579.

1. Podrá el Juez acordar la detención de la correspondencia privada, postal y telegráfica que el procesado remitiere o recibiere y su apertura y examen, si hubiere indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa.

2. Asimismo, el Juez podrá acordar, en resolución motivada, la intervención de las comunicaciones telefónicas del procesado, si hubiere indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa.

3. De igual forma, el Juez podrá acordar, en resolución motivada, por un plazo de hasta tres meses, prorrogable por iguales períodos, la observación de las comunicaciones postales, telegráficas o telefónicas de las personas sobre las que existan indicios de responsabilidad criminal, así como de las comunicaciones de las que se sirvan para la realización de sus fines delictivos.

4. En caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos relacionados con la actuación de bandas armadas elementos terroristas o rebeldes, la medida prevista en el número 3 de este artículo podrá ordenarla el Ministro del Interior o, en su defecto, el Director de la Seguridad del Estado, comunicándolo inmediatamente por escrito motivado al Juez competente, quien, también de forma motivada, revocará o confirmará tal resolución en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que fue ordenada la observación.”

El problema y creo que es lo que usted no ha reflejado bien, creo que lo comentó el Sr. Trevijano en el último programa del viernes, y era que el derecho de defensa no lo salvaguardó, ya que dijo algo así como (no recuerdo las palabras exactas del Sr. Trevijano), que el Sr. Garzón había mandado hacer escuchas de los abogados actuales, y de los futuros, y dijo que de los actuales puede que pudieran cometer o ayudar a cometer delitos, pero que los que no estaban era imposible, y que ese error, la prevaricación, radicaba ahí.

Me gustaría la opinión suya, o de algún lector, sobre este tema, ya que creo que es apasionante para mucha gente.

Gracias y saludos

Luis Lopez Silva

Hola, he leído el artículo y los comentarios y de verdad que son consistentes, pero opino que la jurisprudencia del TS o del TC no tienen porque convertirse obligatoriamente en guía para establecer sentencias, porque ajustar las sentencias a los dictámenes del alto tribunal no es precisamente hacer justicia, sino que además va en contra de la independencia judicial de un juez. Y más sabiendo que los altos tribunales están politizados por la partidocracia hasta la médula.

Magí Ribas Alegret

Estimado Luis,

De lege data, la doctrina del Tribunal Constitucional vincula a los órganos jurisdiccionales. Así lo dispone el art. 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), a cuyo tenor, “los Jueces y Tribunales … interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos”.

La infracción de este mandato legal viene tipificada como falta disciplinaria muy grave en el art. 417.1 LOPJ.

Saludos.

Luis Lopez Silva

Querida Magí,
Me estas diciendo pues que el 40 ó 50 por ciento de los jueces y fiscales de España también son prevaricadores en pensamiento. No lo creo así,porque el artículo 5.1 que citas da cabida a muchas interpretaciones de lo que es o no prevaricar en el caso Garzón. El tribunal se desentendió y omitió por completo las pruebas y argumentos de la defensa del juez. Ha sido una sentencia muy poco trabajada por al alto tribunal. Vayamos al fondo de la cuestión. Es una sentencia de matiz ideológica. Por favor dejemos las cuetiones técnicas y de redacción de artículos para otros embates. La justicia en España siempre ha estado politizada y vinculada a los parlamentos controlados por los partidos políticos. ¿o es que resulta que ahora en el caso Garzón nuestra justicia es totalmente independiente? Mal empezamos pues.
Saludos

Magí Ribas Alegret

Estimado Luis,

Lo que estoy diciendo es que conforme al art. 51.2 LOGP, en la interpretación dada por el Tribunal Constitucional, de obligada observancia para los órganos jurisdiccionales, “las comunicaciones de los internos con el abogado defensor … no podrán ser intervenidas salvo por orden judicial y en los supuestos de terrorismo”.

Enhorabuena a Pedro M. González por su capacidad pedagógica. Se puede decir más alto pero no más claro: aquí no había delito de terrorismo, luego, el Magistrado Juez de Instrucción dictó resolución injusta (ilegal) a sabiendas de que lo era, esto es, cometió el delito de prevariación, y por ello ha sido condenado.

Como deberían serlo todos los Jueces, Magistrados y Fiscales prevaricadores, se llamen como se llamen. Por el bien de España y de su sufrido pueblo.

Salud y R.C.

Luis Lopez Silva

Querido Pedro es un ejemplo muy relativo que dificulta ver el fondo. Imagínate un soldado (juez) que observa como la soldada maltrata y veja a otro compañero y el que observa la conducta inaceptable de sus compañeros se calla y no dice nada a sus superiores porque así lo dicta el manual. Eso sí es un ejemplo inmejorable.La misión del juez es impartir justicia e incluso desviarse de la jurisprudencia cuando ésta misma dificulta la tarea de perseguir el delito.
Por supuesto que todo juez ha de atenerse a la ley, pero en este caso la actuación del juez da cabida a una interpretación correcta de la ley, excepto para algunos, que según el caso, echan mano de la parte estrecha o ancha del embudo según les convenga.
Saludos

Carlos Prada

De un lego en la materia

Os he leido atentamente (y dos veces, ya veis) y de un ciudadano a expertos en la materia: para mi la conjunción “y” está claramente situada con la intención de que sea “y” y no “o”. Si fuera de otra manera habrían puesto “o” y no “y”. Creo que es sencillo, incluso para mi entenderlo, otra cosa es que prejuicios varios nos impidan ver lo obvio.

Un saludo

Juan Sánchez

Hola, le agradezco Sr. Pedro M. González que conteste a mi comentario, también le digo que estoy tratando de formarme un criterio respecto a este tema y por eso le pregunto sobre lo que no esta claro.

Sobre sus dos contestaciones, si me lo permite, le voy a contestar:

1.- Sobre el primer punto, he estado buscando, y he encontrado la Directiva 2005/60 del Parlamento Europeo que dice lo siguiente:
“20. Cuando miembros independientes de profesiones legalmente reconocidas y controladas que prestan asesoramiento jurídico -como los abogados- estén determinando la situación jurídica de sus clientes o ejerciendo la representación legal de los mismos en acciones judiciales, sería improcedente imponer a dichos profesionales respecto de estas actividades, en virtud de lo dispuesto en la presente Directiva, la obligación de informar de sospechas de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Deben existir dispensas a la obligación de comunicación de la información obtenida antes, durante o después del proceso judicial, o en el momento de la determinación de la situación jurídica de un cliente. Así pues, el asesoramiento jurídico ha de seguir sujeto a la obligación de secreto profesional, salvo en caso de que el asesor letrado esté implicado en actividades de blanqueo de capitales O financiación del terrorismo, de que la finalidad del asesoramiento jurídico sea el blanqueo de capitales O la financiación del terrorismo, o de que el abogado sepa que el cliente solicita asesoramiento jurídico para fines de blanqueo de capitales O financiación del terrorismo”.
Es decir, por lo que se, y por lo que dice esta directiva, el abogado no esta sujeto a secreto profesional. Y dado que las directivas gozan de supranacionalidad y jerarquía superior, digamos que mirando el Art. 51.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria hace que la trasposición de esta directiva, hace que esa famosa “y”, sea considerada como una “o”.

2.- Dado que no soy jurista, me gustaría comprender lo que dice, si me ayuda y me lo permite. Usted dice lo siguiente:
“derecho de todo imputado a no declarar contra si mismo, lo que queda en papel mojado si se escuchan las conversaciones letrado-cliente en centro penitenciario.”
Según dice, si se le hacen esas escuchas, el imputado no tendría derecho a no declarar contra si mismo. Si esto es como he dicho me gustaría decirle lo siguiente:
– Si se le hacen esas escuchas, yo creo que su derecho a no declarar contra si mismo, no se vería inalterado, porque, es como, por ejemplo, en un juicio en el cual, alguien le ha asestado 30 puñaladas a una persona, y estuviese grabado en vídeo, y el asesino se declarara inocente, creo, que el hacerle esas grabaciones al detenido no se le quita ese derecho. Además, digo yo, de lo que se trata es de saber si es culpable o inocente, y si en esas grabaciones, los abogados hacen todo lo posible para mover el dinero a otro lado para que la policía y los jueces no puedan encontrar el capital, podría haber delito.

Sin más, y agradeciendo su anterior contestación, reciba un saludo.

Juan Sánchez

Querría también decir, que si alguien ve que lo que he escrito, no es del todo correcto, o que he hecho una mala interpretación, le agradecería que me corrigiese. Muchas gracias y saludos a todos los lectores de DiarioRC.

Juan Sánchez

Sr. Pedro M. González:

Le agradezco de corazón, que me haya contestado a mis inquietudes, estoy muy satisfecho con sus respuestas.

Después de leerle, aun así, se me plantea alguna duda, que le pido, si usted quiere, que me conteste y dejar zanjado el asunto, porque es algo que me ronda la cabeza después de leerle. Sin más, voy a ello:

– Como todo lo que se está comentando acerca del caso del Sr. Garzón, nadie duda de las intenciones del Juez. Lo que yo me pregunto, es lo siguiente, ¿El Juez Garzón, tendría posibilidad de haber “obrado bien”, sin incurrir en la prevarización, para poder hacer “esas grabaciones”? En el supuesto, de que los abogados, tuviesen vinculación con los imputados, ¿habría alguna posibilidad de que el Juez pudiese pedir que le interceptasen las comunicaciones de todo tipo, ya sea el telefono, correo electronico, etc? Quiero decir, que el Juez sin tener elementos para poder juzgar, ¿podría hacer todo esto?

Querría comentar por último, que buscando también por Internet, y en favor suya, sobre si la “y” en el artículo 51.2 de la LOGP es copulativa o disyuntiva, he encontrado esta sentencia del Tribunal Constitucional, 183/1994, si me permiten, les voy a dar un extrato:
“En la STC 183/1994 se rectifica expresamente esta
interpretación del artículo 51.2 de la LOGP, entendiendo que la interpretación correcta del artículo 51 conduce a distinguir dos clases de comunicaciones “…que son de muy distinta naturaleza y vienen, por ello, sometidas a regímenes legales claramente diferenciados”. Las que llama
generales, entre el interno y determinada clase de personas (artísulo 51.1) y las específicas, que son las que el interno mantiene “…con su Abogado defensor o con el Abogado expresamente llamado en relación con asuntos
penales (art. 51.2)”. Respecto de estas últimas el Tribunal Constitucional, luego de señalar que “…son sometidas al régimen especial del art. 51.2, cuya justificación es necesario encontrar en las exigencias y necesidades
de la instrucción penal, a las cuales es totalmente ajena la Administración Penitenciaria que no tiene posibilidad alguna de ponderar circunstancias procesales que se producen al margen del ámbito penitenciario”, concluyó
que las dos condiciones que contiene el artículo 51.2 (autorización judicial y casos de terrorismo) no pueden interpretarse como exigencias alternativas, sino acumulativas.”

Reciba un saludo cordial.

Luis "er Maki"

Desconociendo fundamentos jurídicos si me atrevo a hacer un razonamiento basado en la lógica y principios que defendemos en este diario. He escuchado y leído argumentos tipo: “no importa forzar, la aplicación del derecho sin con ello se evita la comisión de delitos”, unas líneas mas arriba escribe Luis 13:37 “La misión del juez es impartir justicia e incluso desviarse de la jurisprudencia cuando ésta misma dificulta la tarea de perseguir el delito”, lo que pone en evidencia estas interpretaciones es de alguna manera la conveniencia de poner limite al derecho legitimo de defensa, personalmente lo considero una aberración, si empezamos limitando el Derecho ¿hasta donde ponemos el limite..? como republico lo tengo claro: El paradigma de la embarazada, o se está o no se está -no existe la medio o un poquito embarazada. Extendiéndome en el argumento, los repúblicos abominamos de la palabra Democracia de baja calidad (la Democracia es o no es…)Salú2 y RC.

Luis Lopez Silva

Hola tocayo,
La línea que citas sobre mi texto anterior jamás dice que haya que limitar el derecho de defensa en persecución del delito, sino que desviarse de la jurisprudencia oficial no significa obligatoriamente que al acusado se le limite el derecho a defenderse. Lo que doy a entender es que existen otras alternativas procesales no coincidentes con la doctrina oficial, y que son igual de válidas dentro de la norma del poder judicial y por tanto no prevaricadoras.
saludos

Juan Sánchez

Sr. Pedro M. González:

Le agradezco, de nuevo, la celeridad y su grata respuesta. Aunque si me lo permite, espero no serle pesado, querría terminar de preguntarle un pequeño detalle para, por mi parte, zanjar este asunto:

– Dice usted el siguiente ejemplo: “intervéngase las conversaciones de Fulanito con su abogado menganito que puede estar en el organigrama de tal trama delitictiva”, si el Sr. Garzón hubiese utilizado esta formula, ¿no habría prevaricado? No se si me explico, ya que usted pone este ejemplo clarificador, si hubiese actuado de esta forma, ahora a lo mejor no estaría condenado.

Mil gracias y saludos

Luis "er Maki"

Estimado tocayo (Luis) recojo y agradezco tu aclaración, dejando al margen tu escrito me reafirmo en el problema para nosotros el reconocer limites a un Derecho, ¿hasta donde el limite a un derecho se convierte en un ejercicio totalitario…?. Uffff, entiendo que estamos en un asunto de carácter sectario donde la Izquierda oficial hace bandera de proselitismo, La Derecha rancia lo utiliza como banderín de denuncia de hostigamiento y los encausados hasta lo presentan como vulneración que les puede favorecer en la resolución del proceso.

Jose María Alonso

Entre este magnífico artículo y el debate político de la mañana de hoy día 13, se va uno tranquilo sabiendo que aún quedan en España juristas de verdad y de calidad a pesar del secuestro del Poder Judicial por el ¨aparatchnik¨ partidocrático. Felicidades Pedro por toda la serie de artículos sobre Garzón felicidades extensivas a Don Jesús Santaella y a Don Antonio García-Trevijano por la clase magistral de Derecho de la mañana.

Pablo

Sr. Don Pedro M. González, es un verdadero placer leer sus reflexiones, las de un jurista de muy alto nivel. Mi apreciación mejora aún más con su expresión:

“Fíjese que mis dudas jurídicas abarcan incluso a la legitimidad y buen derecho de la excepción terrorista que yo borraría del mapa.”

Es usted un verdadero demócrata. ¡Siga así!