Si se erradicara la mafia, se arrancarían
las raíces mismas del Estado Italiano.
Bettino Craxi. Primer Ministro Italiano 1.983-87
Definimos Organismo Público como una organización que forma parte de la Administración Pública, dedicada a la gestión o ejecución de servicios prestados por el gobierno de un territorio y sus gentes. Mafia, como una organización que emplea medios ilícitos para alcanzar sus fines. Hampa como conjunto de maleantes que, unidos en una especie de sociedad, cometen robos y otros delitos. Definimos funcionario, como persona que desempeña un empleo público.
Si existiera una organización dedicada a la ejecución de las órdenes emanadas del Gobierno de un territorio, administrada por funcionarios, algunos de los cuales, unidos en una especie de sociedad, emplea medios delictivos para alcanzar sus fines, habríamos alcanzado la identidad entre organismo público y mafia, entre administración y hampa. No podríamos distinguir entre funcionarios y hampones o mafiosos.
La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Andalucía, Organismo Público, que tiene como función la organización, ordenación y desarrollo de las relaciones laborales en el territorio andaluz y su comunidad, es o ha sido a la vez, una organización para distraer fondos públicos en beneficio de aquellos que discrecionalmente establecieran los dirigentes de este organismo administrativo.
Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía entre los años 1.999 y 2.008, se encuentra en prisión, y se le exige una fianza de casi 700 millones de Euros, exactamente 681.190.686 Euros. La fiscalía había pedido 933 millones de euros.
El Juzgado impone esta fianza atendiendo a los criterios de proporcionalidad, moderación, medida justa y equilibrio. Lo que da una buena idea de lo sucedido.
Se encuentran imputados el ex Consejero de Empleo, D. Antonio Fernández, el ex Viceconsejero Agustín Barberá. Según criterio de la Juez que instuye, “los sucesivos directores generales y sus superiores pudieron advertir la presunta ilegalidad de los expedientes iniciados por Guerrero, pero no detuvieron los pagos ni pusieron en marcha mecanismos de reintegro.”
Pues bien: esta aseveración de la Juez, establece la identidad entre mafia y Organismo Público, entre alto funcionario y hampón.
Esta transmutación ha sucedido ante la vista de todos. Tras tomar conocimiento, si nada cambia en la organización del Estado, porque nadie lo demanda, si el sistema transforma la administración en mafia y los administrados callan, la culpa ya no es solo de los expoliadores. La culpa es también de los expoliados.
Jose Luis Escobar Arroyo
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Comparto al cien por cien esta reflexión. Saludos
La transmutación citada no se ha producido a la vista de todos, pero sí se ha producido el DELITO a la vista y consentimiento de los oligarcas de los partidos políticos que vienen nutriendo -algunos- de los altos cargos de las administraciones públicas, asi como, a la vista de los gobiernos autonómicos; a la vista del Gobierno del Estado y, finalmente, a la vista de la Jefatura del Estado.
No se debe meter en el “saco de la corrupción” a los miles de trabajadores de las tres administraciones públicas que, con dignidad, vienen desempeñando su trabajo como funcionarios.
Por consiguiente, considero inapropiado establecer similitud alguna, entre organización delictiva (Mafia) y administración pública al servicio de la ciudadanía. Es un insulto para la dignidad de los trabajadores de la función pública.
L.V.L. y R.C.
Bcn., 22/03/2012(13:48).
La culpa es, sobre todo, de los expoliados que votan, ellos son en primera y última instancia los máximos responsables, no solo de lo que ha pasado en Andalucía, si no de la CORRUPCIÓN GENERALIZADA DE LA QUE HACE GALA CON TOTAL IMPUNIDAD LA CLASE POLÍTICA ESPAÑOLA.
Saludos y RC.
La culpa es, sobre todo, de los expoliados que votan, ellos son en primera y última instancia los máximos responsables, no solo de lo que ha pasado en Andalucía, si no de la CORRUPCIÓN GENERALIZADA DE LA QUE HACE GALA CON TOTAL IMPUNIDAD LA CLASE POLÍTICA ESPAÑOLA.
Saludos y RC.
Se nos presentan estos hechos “terminados” de tal forma que nos parecen cosa de uno, acaso dos protagonistas.
En mi opinion, no es posible que actuaciones de este tamaño, impacto y relevancia social, sean estancas, sin un conocimiento generalizado en su ambito local, sin reparto.
Por tanto, si que caben interpretaciones calificadoras que aunque puedan resultar impactantes para los que estando, no participen,reflejan el sentir y el rechazo de los que sin duda son ajenos a los hechos
Mi muy querido D. Tomás García Bayarte: Su lúcida reflexión, quiso ser evitada con la alusión a “altos” funcionarios, pues de ningún modo, considero probable que los funcionarios del grupo D se fueran, hartos de copas, a disfrutar de felatrices de pago.
No obstante, su reflexión tiene mucha enjundia si analizamos los hechos: Las empresas públicas llevan prácticamente toda la administración en Andalucía. He aquí la raíz del problema: la empresa pública no está sometida a controles y de ahí la corrupción.
Pero querido Tomas: No hay acto con potestad administrativa que no vaya firmado por un funcionario.
Esto se traduce en que los funcionarios andaluces, han firmado, como suyos, trabajos de empresas públicas, donde se concentran todos los enchifados, que tenían contenido relacionado con la potestad administrativa.
Es decir: los funcionarios no se han corrompido, ni han sacado beneficio. Además han sido sometidos a presiones grandísimas, me consta: Pero ha sido necesaria su firma para que la administración andaluza funcionara.
El aforismo de Burke: Para que reine el mal, basta que los buenos callen.
No obstante, en principio, hay que hablar siempre de “altos” funcionarios y jamás de los del grupo C ó D.
Queridos Daniel y Stremlykov.
Cada ejercicio de un derecho lleva aparejado una responsabilidad. Ya está bien de exonerar al votante de sus actos como a los idiotas y a los orates.
En Grecia a quien proponía una idea ante la asamblea, se le responsabilizaba de sus resultados. Así se exoneraba al pueblo que aprobó una propuesta que resultó nefasta. Entonces se fraguó la idea de que quien tiene el poder, no tiene responsabilidad.
Pues bien: al que vota se le responsabilice de su voto y al que no vota de su acción.
En España, exoneramos al Rey de cualquier responsabilidad penal por sus actos. Con este “irresponsable” ya son multitud.