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Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de cada ejercicio son (o deberían ser) un conjunto de medidas económicas y financieras que los diputados del Parlamento (como representantes de los ciudadanos, ¡ojala! fuese cierta esta afirmación en nuestro país) ponen en manos del Gobierno para que éste dirija, fomente o complemente las actuaciones llevadas a cabo por los millones de actores de la sociedad civil, ese lugar donde la acción humana despliega su vitalidad.
Es de capital importancia conocer el perfil de los actores públicos que manejarán tan ingentes recursos. Según el proyecto de ley enviado al Congreso de los Diputados, el Estado (sus órganos, organismos, agencias y entes administrativos) manejará 311.826 M€ (artículo 2.uno). Si a esta cantidad le añadimos lo presupuestado para amortización de deuda pública durante este ejercicio, 50.287 M€ (Anexo I), tenemos unos PGE para 2012 de 362.115 M€.
En la primera comparecencia, el Gobierno solamente habló de la futura gestión de un grupo de actores, los incluidos en la Administración General del Estado (AGE) que gestionan 214.702 M€. Deducidas las dotaciones para amortizar la deuda (50.051 M€), que, es el 99,95% de la mencionada en el párrafo anterior, solicita a los mercados financieros para pagar multitud de gastos públicos no gestionados por él, al Estado le quedan 164.652 M€ para gastos.
Pero no nos engañemos con esta cifra, pues la mayor parte está compuesta por partidas presupuestarias comprometidas por diversas razones: intereses de la deuda viva (28.876 M€); financiación de sus Organismos Autónomos, Agencias Públicas y Seguridad Social (26.831 M€); financiación de las Comunidades Autónomas (21.806 M€), complementaria a la cesión de tributos; financiación de las Entidades locales (14.863 M€), complementaria a su autonomía financiera; financiación de la Unión Europea (11.461 M€); aportación al Mecanismo Europeo de Estabilidad, MEDE (3.809 M€); pensiones de clases pasivas (10.858 M€); obligaciones de ejercicios anteriores (2.270 M€); dotación a un Fondo para contingencias (2.377 M€); y otras trasferencias de capital a las Administraciones Territoriales (1.587 M€). Al final, a la AGE, núcleo del Estado, le quedan para gastar a través de los diversos departamentos y órganos constitucionales 39.913 M€, tan solo el 18,6% de lo presupuestado, una cantidad ridícula, algo mayor que los presupuestos para 2012 de la Comunidad Autónoma de Andalucía. No es extraño que muchos ciudadanos pensemos que el esta parte del Estado, la AGE, ha quedado como una gran Agencia de reparto de fondos públicos, la gran ubre de la que todos chupan.
El segundo gran grupo de actores, las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, desde hace mucho tiempo tienen una gestión independiente de la AGE y abarcan todas las facetas de la gestión de nuestro sistema de Seguridad Social: elaboración y gestión de sus presupuestos; gestión y recaudación de las cuotas sociales; pago de las pensiones contributivas (102.103 M€); subsidios de incapacidad laboral y otras prestaciones económicas (10.264 M€), pensiones no contributivas (2.022 M€), etc. Para todas estas tareas cuenta con 124.939 M€. La gestión de este sistema (personal, medios materiales e inversiones) representa un 3,5% del total del presupuesto administrado, ejemplo de una organización pública eficiente.
El tercer grupo de la organización estatal lo forman los Organismos Autónomos (64), Agencias (8) y Entes Públicos administrativos (10) que gestionan en su conjunto 54.028 M€ y realizan funciones que la AGE les ha ido descentralizando, una veces para modernizar la gestión de los servicios públicos (mutualidades), otras veces para personalizar un servicio concreto (empleo, gestión de la Política Agraria de la UE, PAC) y otras veces para dar cargos a las clientelas políticas. Del total de esos fondos gestionados, el 87% corresponde seis entes públicos (64% al Servicio Público de Empleo Estatal, 14 % al Fondo Español de Garantía Agraria, 3% las Mutualidades administrativas, 2,4% el Fondo de Garantía Salarial, 1,9% a la Agencia Tributaria y 1,2% al Consejo Superior de Investigaciones científicas).
Pero el bosque del Sector Público Estatal se extiende hacia otros entornos no contemplados en esos cientos de órganos y organismos antedichos (artículo 1, párrafos f, g, h, i y j). Por esos parajes extrapresupuestarios crecen Entes Públicos de variado pelaje, actualmente en proceso de reforma, de acuerdo con el plan gubernamental de reestructuración del sector público empresarial, de marzo de este mismo año, referido a: Sociedades Mercantiles y Entidades Públicas empresariales (Grupo SEPI, Grupo aeropuertos, Grupo Puertos, Grupo ADIF, Corporación RTVE, Grupo Correos, FNMT, ICO, Consorcio de Seguros, etc.); Entes de Derecho Público con presupuestos estimativos; Fundaciones Públicas de titularidad estatal; Consorcios con otros Entes para gestionar algún servicio conjunto; y lo 15 Fondos carentes de personalidad jurídica (Fondo de Adquisición de Activos Financieros, Fondo de Ayuda al Desarrollo, Fondo de Apoyo a la República Helénica, etc.).
En síntesis, El Estado español gestiona más del tercio del PIB español esperado (1.065.400 M€) para 2012. Los cuatro objetivos principales acaparan el 75,5% de esos recursos públicos: las pensiones públicas (32%), la deuda pública (intereses del capital vivo + amortización del capital, 27,8%), la provisión de fondos a varias administraciones públicas internas y supranacionales (13,7%) y los fondos para el desempleo (8%). El Estado español ha quedado como administración residual en la prestación de muchos servicios públicos, a excepción de los servicios básicos (Defensa, una parte de la Justicia y la Seguridad ciudadana y Política exterior) y de los comentados.
Lorenzo Alonso
