Rato desiste de cobrar indemnización por temor a la anulación judicial de su contrato

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Diario Español de la República Constitucional

La autocontratación es un acto jurídico anulable si alguien lo impugna judicialmente. Su plazo de prescripción es de cuatro años, pero si la nulidad es debido a otros vicios del consentimiento, el plazo de prescripción se eleva a 15 años. Esto es lo que el máximo responsable de Bankia, el banquero Goirigolzarri, sabe y ha esgrimido frente a la pretensión de Rodrigo Rato de llevarse 1,2 millones de euros tras quebrar el banco. Él mismo impuso su contrato y blindaje al Consejo de Administración y esa autocontratación es nula de pleno derecho.

 

Todos los banqueros de las cajas de ahorro quebradas que se agruparon en Bankia o fuera de ella están en el punto de mira por esta ley que eleva a los 15 años la prescripción de sus delitos. Si se aplicara en España, los banqueros y directivos de Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caixa Laietana, Caja Rioja, Caja Ávila y Caja Segovia tendrían que devolver el importe de sus autocontratos blindados por haber recibido ayudas del FROB (es decir, del Estado, osea de los contribuyentes). Y afectaría a todos los banqueros, desde 1997 hasta hoy por cuya gestión las cajas han quebrado, afectando igualmente a Caja Castilla-La Mancha, Cajasur, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Banco de Valencia, Caixa Catalunya, Novacaixagalicia y Unnim. Sin embargo nada de esto ocurrirá, como sucedió en Islandia: la ausencia de división de poderes en España, una Constitución jurídicamente chapucera, la debilidad de la sociedad civil y la glotonería de la partitocracia dependiente del Estado provocan que estos banqueros, además de haber arruinado a sus entidades y haberse enriquecidos ellos, salgan de la situación impunes.

 

 

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