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Todas las personas con un cierto nivel de información entienden por federalismo un movimiento, y una teoría, que busca la paz y la cooperación entre los pueblos mediante una unión permanente de Estados nacionales, que dé lugar a otra forma superior de convivencia, llamada Estado federal. Prescindiendo ahora de los matices importantes que distinguen las uniones federales de las confederales, es indudable el carácter progresista y civilizador que tiene para el porvenir de la humanidad la unión federal entre Estados nacionales previamente separados. Aunque la meta final del federalismo, un solo gobierno del mundo, sea utópica y contradictoria con la esencia del Estado, siempre será mejor que haya menos centros de decisión de guerras y discriminaciones. Por eso defiendo nuestra integración en un Estado federal europeo, si la decisión la toma libremente el pueblo español y si está garantizada la democracia en el Gobierno de la Unión. Cosa que no sucede en el Tratado de Maastricht.

Pero cuando se habla ahora en España de federalismo se está pensando en otra cosa que nada o poco tiene que ver con el movimiento europeo de integración federal. Se trata más bien de lo contrario, o sea: de dividir el único Estado nacional que tenemos en diecisiete Estados regionales, para separarlos y volverlos a unir simultáneamente, mediante pacto, en un nuevo Estado federal. Los neofederalistas pretenden transformar así el Estado de las Autonomías en Estado federal. Y que sea este nuevo Estado el que se integre luego en la Unión Europea.

Antes de examinar esta propuesta política desde el punto de vista de la democracia, para saber si es o no una solución posible y aconsejable, conviene delimitar el problema que se pretende resolver con ella. Que no es, desde luego, el problema de la democracia, porque los neofederalistas creen, pese a la evidencia contraria, que en España existe libertad política y democracia. Los dos supuestos fácticos que han hecho imaginar la solución federal son: el fracaso de las autonomías y el peligro de secesión de Cataluña y País Vasco. Sin ese fracaso y sin ese peligro a nadie se le ocurriría hoy hablar de federalismo estatal interior. La íntima relación entre estos factores es innegable. Pero hay que saber si el fracaso de las autonomías consiste en que no han podido eliminar el peligro secesionista o si este peligro ha sido creado por el fracaso político de las autonomías. Parece evidente que de no existir nacionalismo catalán y vasco nadie pensaría, con fracaso o sin fracaso de las autonomías en el resto de España, en una solución federal. Luego el único problema que se piensa resolver con el federalismo es el del nacionalismo periférico.

Sin embargo, los neofederalistas no están proponiendo una fórmula federal para Cataluña y el País Vasco exclusivamente, sino para todas las regiones que hoy están bajo administración autonómica. La incoherencia que supone proponer una solución general para un problema particular, que fue la incoherencia cometida con el café para todos en el sistema de Autonomías, es debida a la vigencia de aquel mismo prejuicio igualitario de las autonomías en los neofederalistas. Como buenos doctrinarios de la igualdad jurídica regional, se niegan a reconocer en el Estado español diferencias políticas entre hechos regionales diferentes. Antes que admitir la particularidad política de Cataluña y del País Vasco prefieren generalizar la solución a su particularidad, convirtiéndola en jurídica a través de la fórmula federal para toda España. Lo que no ha logrado el sistema de Autonomías, o sea, satisfacer los sentimientos de identidad nacional de los nacionalistas vascos y catalanes, piensan los neofederalistas que puede conseguirlo el sistema federal.

Sin necesidad de entrar en los polémicos temas de la Historia del Estado español y de la nación española, basta el método empírico que guía el razonamiento de este artículo para juzgar equivocada y temeraria la solución federal. Equivocada porque es artificial. Temeraria porque agravaría el peligro secesionista. El núcleo duro del-sentimiento nacionalista está en su oposición al Estado por considerarse expresión de una nación diferente con derecho a tener su propio Estado, sea para separarse o para federarse con el de España. Por ese motivo, los nacionalismos catalán y vasco no aceptan federarse con partes de España para integrar el Estado español. Aceptarían, y no todo el movimiento nacionalista, una federación de España, Cataluña, País Vasco y tal vez Galicia, en un nuevo Estado que difícilmente admitirían llamar español. La federación estatal de todas las regiones autonómicas, como asunto interno de España, es una solución fantástica para problemas inexistentes en el resto de las regiones españolas, y no es una solución real para los que existen en Cataluña y el País Vasco.

Pero además de artificial, la solución federal es temeraria. La esencia cualitativa del sentimiento nacionalista es la permanente afirmación de su identidad diferenciada. Tenemos la prueba de que el régimen general igualitario de las autonomías ha exacerbado, mucho más que el régimen particular estatutario de la República, la reivindicación nacionalista del derecho de autodeterminación, que es una forma pedante y confusa de reclamar el derecho a la independencia. La fórmula federal generalizada no puede dar satisfacción adecuada al derecho a la diferencia que reivindica el nacionalismo periférico, y dejaría expedito el camino a la afirmación de ese derecho a través de la independencia, con la fácil ruptura del lazo contractual o jurídico en que consiste el pacto federal. El federalismo interior exacerbaría el sentimiento diferenciado de los nacionalistas y haría más fácil el camino a la secesión. Nadie que pretenda asegurar o fortalecer la unidad de España puede promover sin caer en flagrante incoherencia, el federalismo general.

Existe una cuestión catalana y vasca que las autonomías generales no han resuelto ni podrán resolver. Existe un hecho lingüístico diferenciado y unos movimientos nacionalistas en algunas regiones españolas que no existen en las demás. La solución al conflicto particular de Cataluña y País Vasco o es una solución particular a esas regiones o no es una solución. Sin admitir una diferencia política para Cataluña y el País Vasco con relación a las demás regiones no hay salida correcta al conflicto vasco-catalán. La democracia es el único método pacífico de arreglar conflictos, con soluciones que van de abajo a arriba, desde la sociedad al Estado. Y no con arbitrismos de la autoridad estatal, como el de las autonomías, que han sido creadas desde el Estado.

Sólo hay dos fórmulas particulares para afrontar la cuestión de las nacionalidades lingüísticas. Una de ellas, autoritaria y estatal, es la solución federal particular para Cataluña y el País Vasco. Otra, democrática y societaria, es la federacional. La primera sería un privilegio para el nacionalismo moderado, que seria rechazado por el independentismo y por el resto de la sociedad española. La segunda, basada en la tradición del federacionismo de la Revolución Francesa y de la concepción proudhoniana que introdujo en Cataluña Pi y Margall, es la única solución compatible con la libertad política y con el derecho democrático de todas las comunidades municipales a dotarse de estructuras de poder regional mediante federaciones municipales, que el Estado se limitaría a reconocer, y a financiar cuando permitieran evitar la doble administración de unas mismas competencias. Es inútil desarrollar más esta solución mientras en España no exista un régimen representativo de los electores en el Parlamento y un régimen separado de poder electivo en el Gobierno del Estado. Sin democracia en España no hay solución correcta al problema de las nacionalidades lingüísticas.

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