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La juez del juzgado número 44 de Madrid, María Luisa Lázaro Trueba, ha exigido 6000 euros de fianza a María Cano Sánchez por denunciar a Corinna Wittgenstein (apellidada Larsen de soltera), la célebre amiga del rey Juan Carlos que se dio a conocer en la cacería de elefantes de Bostwana, por ejercer como autoridad real española ante diversas cortes árabes, instituciones y empresas multinacionales al parecer con el consentimiento del propio monarca, con el que existen numerosas fotos juntos. La juez Lázaro Trueba es la misma que admitió la querella presentada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid contra la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) por calumnias e injurias al haber acusado a los farmacéuticos de defraudar el IVA, generar dinero negro y conculcar la Ley del Medicamento.
La decisión judicial, que ha sido recurrida por el abogado Max Turiel, ha causado sorpresa en el ámbito jurídico y alertado a las asociaciones de jueces porque el letrado presenta 19 indicios que vinculan a Corinna con la Casa Real, así como 10 testigos que pueden documentarlo. El artículo 402 del Código Penal parece claro pues advierte contra aquel que ” ilegítimamente ejerciera actos propios de una autoridad o funcionario atribuyéndose carácter oficial, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años”.
La denunciante es la madre de la modelo que denunció por violación al jeque Al Waleed, amigo del rey Juan Carlos y socio de Iñaki Urdangarín en la empresa Mixta Africa. Desolada porque su denuncia no se investigó y el propio rey Juan Carlos junto con el presidente Zapatero, lejos de ayudarla como ciudadana española, se ponían de parte del príncipe saudí, decidió investigar por su cuenta. Antes del expediente de regulación de empleo, dos acreditados periodistas de “El País”, Jesús Duva e Ignacio Cembrero, escribieron una noticia significativa que entonces muy pocos entendieron: “El rey se alegra del archivo de la denuncia contra un príncipe saudí”, en la que desvelaban que “El rey Juan Carlos envió el pasado domingo una breve carta al príncipe saudí príncipe Al Waleed bin Talal bin Abdulaziz al Saud mostrándole su “alegría” y su “felicitación” por que la justicia española haya archivado la denuncia de una joven modelo hispano-alemana que le acusaba de violación, según han confirmado fuentes de la Casa del Rey”.
Al Waleed contrató al bufete de Horacio Oliva, y los periodistas informaron que “fuentes diplomáticas han informado ahora que el acaudalado príncipe saudí requirió también ayuda del entonces presidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y a la Embajada de España en Riad. A través de estas vías se le aconsejó al magnate que tuviera paciencia, haciéndole notar que la justicia acabaría imponiéndose”, hasta el punto que tras el archivo de las actuaciones judiciales, “el embajador Pablo Bravo entregó personalmente a Al Waleed el pasado domingo una carta de don Juan Carlos en la que el monarca se alegra de la decisión del tribunal”.
Es por ello que la denunciante asegura que “la señora Corinna zu Sayn, al menos indiciariamente, parece ejercer actos propios de autoridades y funcionarios, sin que conste que lo sea, cuales son organizar agendas del rey de España en visitas oficiales, viajar en aviones militares españoles, negociar en nombre de un monarca reinante, pasar por consorte o, al menos, autoridad de rango suficiente como para ser acogida en el estricto protocolo árabe, etc. Salvo error u omisión, no aparenta tener la legitimidad suficiente para hacer lo descrito, ya que ni siquiera es española ni consta contratada por ninguna administración pública. Se atribuye presuntamente carácter oficial, puesto que así parecen reflejarlo sus actos. Tal y como se describen, es recibida con carácter oficial y, parece evidente, que para negociar u organizar agendas del rey de España se necesita dicha cualidad. Incluso para el caso de que se demostrará su calidad de autoridad o funcionario español, las actividades que se le adjudican estarían prohibidas a los mismos”.
Como testigos, el abogado Max Turiel ha propuesto declarar a José Luis Lobo, Lourdes Garzón, (directora de Vanity Fair), Virginia Galvín (Subdirectora de Vanity Fair), S.A.R Al Waleed Bin Talal Al Saud, Jaime Peñafiel, Jesús Mariña, José Javier Vázquez, Mila Santana, Pilar Eyre, Wolfgang List (Fotógrafo alemán que según manifestó posee documentación gráfica de la imputada actuando junto al Rey), Bonnie Young (amiga de Corinna) y Manfred Osterwald, en calidad de organizador de una recepción al Rey “en la que la Señora Corinna aparece sentada junto al monarca. Posteriormente fue condenado por corrupción”. También ha pedido que se oficie a la Secretaría de la Casa de S. M El Rey de España en el Palacio de la Zarzuela de Madrid a fin de que por la misma se acredite documentalmente del “puesto de trabajo de Doña Corinna en el organigrama de la Casa Real”, así como los “nombres del Jefe(s) de Protocolo de la Casa Real”.
