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La gravedad de la situación española, aunque todos sus aspectos estén relacionados, puede ser vista desde cuatro perspectivas procesales: desnacionalización de España, deslaboralización del sistema productivo, desmoralización de la clase gobernante y desintegración de las condiciones de convergencia europea. Lo común a estos procesos degenerativos es que no se han producido de repente, ni a causa de factores que agotan de una vez la onda expansiva de sus perniciosos efectos. No son destrucciones como las ocasionadas por una catástrofe natural o una guerra recién acabada, sino procesos semejantes a los que desencadena en el medio ambiente una industrialización sin control ecológico. Son tan semejantes, que producen un mismo tipo de rechazo de las responsabilidades personales. El empresario no quiere dañar la naturaleza. Busca su beneficio según el sistema donde desarrolla sus capacidades. No puede sentirse responsable del daño que el sistema cause al medio ambiente.
Los nacionalistas tampoco quieren dañar a España. Persiguen sus ambiciones políticas de acuerdo con el sistema de autonomías. Si el Estado se desnacionaliza, ellos dirán con razón -negando la evidencia del daño como cualquier industrial contaminante- que en todo caso la responsabilidad será del sistema. Al empresario no le gusta despedir a sus empleados, y al inversor en canales especulativos no le disgustaría emplear su dinero en el proceso productivo. Pero ellos buscan, de acuerdo con el sistema laboral y el sistema financiero, obtener la máxima rentabilidad. Si se destruye el empleo dirán, con razón, que la culpa es del sistema. Ningún partido quiere robar fondos públicos o cobrar comisiones de los contratistas con cargo a los presupuestos del Estado. Pero tiene que hacerlo para poder cumplir las funciones de oligopolio político que el sistema le atribuye. La desmoralización de la clase gobernante no está producida por la corrupción en que vive desde hace más de una década, sino por el recién descubrimiento de que la opinión pública, al enterarse, no la aprueba. Aunque le reconforte saber que muchos electores se disponen a votarla. Al Gobierno le habría encantado que el Tratado de Maastricht hubiera sido más adecuado a las capacidades de España. Pero él no tiene la culpa de que el sistema monetario europeo nos obligue a ser ricos a plazo fijo.
Mientras continúa agravándose el daño nacional que produce el sistema de autonomías, el sistema laboral, el sistema de representación política y de indivisión del poder (causas irreductibles de la corrupción) y el sistema monetarista de Maastricht, la opinión electoral sigue dominada por el eco de bajas querellas partidistas, salvo la de IU, entre personas irresponsables que piensan curar la corrupción institucional con remedios infantiles, piadosos deseos o sin saber como. Y que tratan al nacionalismo regional, al paro y a la integración en la UE, como si fueran fenómenos autónomos, y no como procesos reales de desnacionalización del Estado, deslaboralización del mercado, desmoralización de la sociedad y de desintegración económica, causados directamente por la ley electoral, el régimen parlamentario, el Estado de Autonomías y el Estado de partidos. La prolongación de este Gobierno acentúa y bloquea todos estos problemas nacionales. Su patente responsabilidad en la corrupción debería bastar para que sólo lo votaran los que viven de ella. Pero mucho más grave que su corrupción, más lacerante que su insensata política de nuevo rico y de emulación de las grandes potencias, peor aún que su falta de escrúpulos ante las libertades civiles, lo que le condena irremisiblemente ante la historia, es su falta de honor nacional: haber entregado el Gobierno de España, para conservar las prebendas del cargo, a la soberanía de la Generalitat. Que ha confesado no desear otra relación institucional con el Estado español que la derivada del reconocimiento de la Corona.
6/6/1994
Blog de Antonio García-Trevijano
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