Claro
Oscuro
El intervencionismo estatal en la economía fue considerado, en el reciente debate parlamentario, como causa-ocasión de los enriquecimientos por tráfico de influencias o por uso indebido de información privilegiada. Por el portavoz del Partido Popular, al alegarla como causa de la corrupción. Por el vicepresidente, al replicar que el Gobierno socialista no desarrollaba una política intervencionista, sino liberalizadora.
La máxima “quien evita la ocasión evita el pecado” traduce esa sabiduría popular sobre la que se apoya la creencia de que la mayor impunidad y las mayores oportunidades incrementan el peligro de corrupción. Es evidente, sin embargo, la intención ideológica de quienes convierten este adagio de prudencia en explicación causal del fenómeno. Unos como argumento neoliberal, otros por convencionalismo, todos están interesados en el arraigo de esta opinión que elude el verdadero terreno moral donde se sitúa el problema. Todavía hace reír aquel chiste alemán del esposo que sorprende a su mujer haciendo el amor con el amante en el sofá y pide consejo a su amigo. “Si quieres salvar tu matrimonio, vende el sofá”, es decir, desmantela al Estado de sus organismos reguladores del mercado.
La corrupción económica, como fenómeno colectivo, siempre será una mera consecuencia de la degeneración moral del vivero que alimenta las instituciones estatales, un fenómeno dependiente de la inmoralidad política de los partidos gobernantes. De ahí la primordial importancia que para los electores tiene el conocimiento de la moralidad política de los partidos cuando están en la oposición.
Los electores españoles no pudieron conocer estas cuestiones en el momento decisivo. Los partidos eran siglas míticas de prestigio internacional que agrupaban a personas contrarias a la moralidad del régimen. El hecho de que el PSOE, tras las primeras elecciones, ocupara la función de líder de la oposición al Gobierno UCD, integrado fundamentalmente por franquistas, determinó que continuara acaparando la simbolización de la virtud política, que él mismo propagó con los “cien años de honradez”.
La opinión pública ha tenido que verlo en el poder para percibir, primero, sus contradicciones políticas, gobernando en interés del gran capital y del militarismo con una legitimación histórica de izquierda, y, luego, sus contradicciones morales, propiciando la mayor promiscuidad que la historia española ha experimentado de gobernantes mundanos y especuladores. Pero estas contradicciones las venían manifestando desde que el nuevo equipo dirigente hizo su aparición, en el escenario de la clandestinidad, con un precoz culto a la personalidad de su joven secretario general y con un feroz oportunismo social que se traducía en violentas y repentinas oscilaciones ideológicas.
No debería ser motivo de extrañeza, ni de desilusión, que su posterior etapa de ocupación del poder hay sido una implacable historia de subordinación de los intereses generales a la supremacía personal de su jefe y al disfrute prebendario de sus fieles asistentes. Las hazañas carismáticas no pueden lograrse sin flagrantes violaciones de la moralidad natural.
Difamación del Partido Andalucista sin respetar la autonomía andaluza; difamación del líder del nacionalismo catalán sin cumplir el calendario de traspaso de competencias; difamación sindical durante la reconversión industrial sin creación de empleo alternativo; domesticación del poder judicial sin saneamiento de la Administración de Justicia; reconversión “otanista” sin modernización de la carrera y del servicio militar; expropiación de Rumasa sin respeto del Estado de Derecho; reprivatización de Rumasa sin cumplir su promesa de mantenerla en el sector público; ocupación burocrática del Estado y de las empresas públicas sin criterios de mérito profesional; fomento del transfuguismo de partido y de sindicato sin utilidad propia, pero con daño ajeno; abusivo retraso en el cumplimiento de su promesa de introducir el pluralismo televisivo sin democratizar el monopolio de la televisión pública; capitalización del ingreso de España en la Comunidad Europea sin negociar con firmeza y paciencia la defensa de los intereses económicos españoles; manipulación de la banca privada sin tener una política bancaria; difamación de los dirigentes de UGT sin atender las reivindicaciones sindicales; sistemático veto a la constitución de comisiones parlamentarias de investigación sin poner coto al tráfico de influencias.
Febrero de 1990
Blog de Antonio García-Trevijano
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