Soberanía de la corrupción

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Antonio García-Trevijano
Antonio García-Trevijano

ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO.

España se parece cada vez más, en lo peor, a Italia. Habíamos asistido impasibles, en el asunto de Rumasa, a la burla del Estado de Derecho. Ahora asistimos impertérritos, en los asuntos de Casinos de Cataluña y tragaperras del País Vasco, a la burla de la soberanía nacional y parlamentaria. Un partido comarcal impone su veto al partido gobernante, que lo acepta gustoso, para que el parlamento nacional no pueda investigar lo que no ha podido ser investigado ni en el parlamento catalán ni en el vasco. El argumento alegado por el presidente del Gobierno ha sido que sería extraño y fuente de un conflicto constitucional el hecho de que el parlamento nacional autorizara una investigación que ha prohibido el parlamento catalán. Si no supiéramos que el presidente del gobierno dice cualquier cosa para justificar sus arbitrarias decisiones, pocos dudarían de que esta declaración constituye el más grave atentado que se ha hecho a la Constitución y a la Monarquía Parlamentaria desde el año 1978. Según el presidente, el parlamento autónomo de Cataluña, y cualquier otra cámara regional, puede imponer su mandato imperativo a las Cortes Españolas.

Desde la huelga general de 1988 casi todos los artículos críticos con el gobierno comienzan o terminan diciendo que lo que comentan «no sería posible en una democracia». El lector de estos comentarios debe estar desconcertado. Si lo que no es posible en una democracia ocurre en España todos los días, no parece muy coherente que esos mismos críticos continúen aceptando la tesis oficial de que estamos en una democracia. Si partimos de que en España no hay democracia todo se aclara y todo es sencillo de explicar. Si continuamos la farsa, ningún hecho de naturaleza antidemocrática, como la prohibición de investigar los casos de Casinos y tragaperras impuesta por una minoría regional, tiene explicación política posible. La Constitución habla en su artículo primero de «soberanía nacional», que no reside en los parlamentos autónomos, sino en «el pueblo español», y no en el pueblo catalán o en el pueblo andaluz. Sabemos que esta norma constitucional es ficticia y retórica, y que la soberanía no reside en el pueblo ni en la nación, sino exclusivamente en el poder ejecutivo del Estado. Pero los que creen en esta Constitución no tienen escapatoria doctrinal. No se puede explicar como abuso lo que constituye el uso normal de la soberanía por quien de verdad la tiene. La soberanía nacional está acaparada en exclusiva por el presidente del gobierno y por el presidente de la Generalitat. Por eso no andan descaminados ninguno de los dos cuando consideran las críticas a sus decisiones como críticas a la soberanía de España o de Cataluña.

Este asunto de la soberanía trasciende a la democracia. La prohibición del poder ejecutivo del Estado para investigar en el parlamento las corrupciones de PSOE, CiU y PNV demuestra algo mas que la falta de democracia en España. Eso lo sabemos con sólo leer la Constitución. Lo que de verdad demuestra es el poder soberano que tienen las mafias del juego, las clanes financieros, los grupos editoriales de presión, para imponer sus intereses al parlamento a través del Gobierno. La mayor de todas las corrupciones no es la financiación ilegal de los partidos, sino la de convertir en leyes generales los privilegios particulares de esos grupos y mafias de poder (privatizaciones, fusiones bancarias, telecomunicaciones, créditos FAD, concesiones de radio y televisión, etc). Como esto no es una democracia formal, sino una oligarquía de partidos, es natural que la soberanía de derecho esté compartida por dos personas y que la soberanía de hecho esté repartida entre las mafias y los grupos de presión. Y el instrumento por el que se unen y estabilizan ambas soberanías, para garantizar lo que ellos llaman gobernabilidad, es la corrupción. Lo demuestran de manera evidente los casos ejemplares de Casinos y tragaperras. Aún peor. Como no hay ninguna otra soberanía en ejercicio, la corrupción pasa de ser un mero factor de gobierno a ser la única soberanía actual de España. Por eso si se le pregunta desde el parlamento a Felipe González desde cuando conoce la corrupción en el Banco de España, el presidente del gobierno responde que esa pregunta es un ataque a la legitimidad democrática. O sea a la legitimidad que otorgan las urnas a la soberanía de la corrupción.

(Octubre de 1994)

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Gonzalo

La Monarquía parlamentaría,borbónica,dentro de un Estado de partidos y de autonomías no tiene prestigio para garantizar la uniformidad de la conciencia de España,debido a que es origen de corrupción.Tiene que ser reemplazada por un Sistema de poder presidencialista,que separe los poderes del Estado,personifique a la sociedad civil y consolide el consustancial patriotismo en la forma presidencial de Gobierno.En España NO hay Democracia formal.