Cuando se decide por decreto de la autoridad olvidar lo de antes, quiérase o no, se olvida también lo de ahora. La dictadura borró de los recuerdos, con el disolvente corrosivo de la propaganda, la vida libre, culta y decente de la República. Esta Monarquía de los partidos ha sepultado, con losas de silencio indecoroso, la vida esclava, inculta e indecente de la dictadura. Y por ese efecto suicida de toda ley del olvido, esta época del consenso tampoco será recordada. Al poco tiempo de suceder, todo lo que ocurre sin lastre cultural o histórico es rápidamente olvidado. Los poetas saben que han de recordar para ser recordados. Y como todos somos hijos de nuestro tiempo, los venidos al mundo en esta transición sin memoria, en tanto que orfelinos de la historia, no conocerán a sus padres y, en tanto que sujetos de un presente ingrávido de pasado, no serán reconocidos por sus hijos. La ley del olvido hace túrpidamente putativas a las generaciones que la padecen, y que, por su tácita complicidad en la mutilación de la vida donde se engendraron, no son, ni pueden ser, inocentes.

El imperioso deseo de vivir con ligereza de alma, para acceder a las plurales experiencias del disfrute de lo inmediato sin la carga de los vestigios ominosos del pasado, hizo posible que la voluntad de poder cancelara por sistema las vivencias unitarias del recuerdo social. En esta cancelación de la memoria histórica, el pacto de la transición encontró el fundamento de la apertura al pluralismo de la vulgaridad y a la represión cultural que el consenso exige por definición. No es la generosidad del perdón, sino la mezquina crueldad del olvido, lo que perpetúa el crimen familiar o político. Se licenciaron los crímenes majestuosos de la dictadura para dar licencia a los delitos comunes de los jefes de la libertad. La fechoría primordial, la causahabiente legal de la Monarquía, quedó al margen de la historia real para que se pudieran orillar de los procesos judiciales las futuras fechorías de los partidos en la vida estatal. Ligera de equipaje cultural, para emprender cómodamente su viaje intransitivo, la transición perdió el norte de la coherencia que exigía la predicación y la práctica de la libertad. Así, perdió completamente la dignidad.

Decretada para borrar de la memoria popular los juramentos de fidelidad a los principios eternos del Movimiento, esos solemnes votos de los liberticidas que reinan y gobiernan en nombre de la libertad, la ley del olvido aplica su misma medicina amnésica a los hechos propios indignos de recordar. Tan dignos de olvidar son los crímenes de la dictadura, como los del 23-F, ETA, y los GAL. Quien mejor interpreta el mecanismo automático de esta ley del olvido, incompatible con el perdón de lo que se recuerda, no es el partido del Gobierno, al borde siempre de la inconsecuencia del recuerdo reaccionario, sino el enorme partido de la militante insensibilidad. La que define cada día un periódico culturalmente postmoderno y paisano. La que organiza y propaga constantemente un partido postsocialista y neutro, Nada de indultos o amnistías, nada de culpas o responsabilidades, nada de procesos judiciales o periodísticos, nada de confesiones o arrepentimientos, nada de generosidades o perdones. Solamente olvido. El pacto de silencio, la constitución no escrita que enorgullece a estos parricidas de la patria, pasa factura chantajista a los que desearían romperlo.

La ley del olvido es invocada hoy por el terrorismo nacionalista de ETA y el terrorismo estatal de los GAL, con el mismo derecho moral a la reconciliación que ayer esgrimió el partido comunista para fundar, en el mismo Estado que lo había fusilado, torturado, encarcelado y difamado, la insólita Monarquía sin principios, de unos partidos sin honor. La mágica ley del olvido permite eludir el infierno de la responsabilidad criminal, con el pasaporte de entrada al paraíso de un presente sin vigencia del pasado, donde reine y gobierne el poder de la corrupción. Lo que parecía ser un privilegio de la legión extranjera, la impunidad del pasado, ha sido convertido por el genio transitivo de los españoles en principio general de su convivencia pacifica. El precio de la paz no es la eliminación del crimen, sino solamente de su castigo.

LA RAZÓN. LUNES 1 DE FEBRERO DE 1999


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