Claro
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La crisis de un primer banco en España no puede ser comprendida sin tener en cuenta las relaciones de poder que constituyen el régimen político. Las explicaciones oficiales sobre Banesto, al justificar la intervención del Estado por el riesgo general que entrañaba la gestión particular de su presidente, tienen que exagerar la fragilidad institucional de un sistema financiero que puede ser puesto en peligro por una mera causa personal.
No caen en la cuenta de que a mayor culpa de Conde, mayor responsabilidad de las instituciones –Banco de España, JP Morgan y BCH– que le ayudaron a equivocarse con el remedio. La soberbia contradicción entre el éxito de confianza en la ampliación de capital y el fracaso de confianza en su resultado impide creer que el factor determinante de la intervención esté en las cuentas de Banesto. Como en el crimen, hay que buscar el móvil en los beneficiarios. Si la tesis oficial fuera cierta, la crisis de Banesto sería agudo síntoma, en un miembro expuesto a la intemperie política, de la fragilidad crónica del cuerpo financiero. Tapada con la concentración de unidades bancarias, que la autoridad monetaria propicia entre aliados del Gobierno.
El gobernador del Banco de España no ha tenido autonomía en su decisión sobre Banesto. El origen de su nombramiento le obliga a no alterar el equilibrio de las relaciones de poder, sin impulso del presidente del Gobierno. Pero, salvo por su condición arbitral de la oligarquía financiera, nada obligaba al gobernador a someter la solución de la crisis de Banesto a la decisión de sus competidores en el mercado. Y esto es lo que ha sucedido. Hasta el punto de que no ha podido guardar las formas ni elegir el momento de la intervención. Bastó una pequeña manipulación en Bolsa de la cotización de Banesto, para que al día siguiente ocuparan esta entidad los bancos que desde hace años pretenden comprarla o absorberla.
La necesidad de colaboración de la banca privada para intervenir estatalmente a Banesto carece de sentido cuando la única garantía, y la única fuente de dinero, proviene del Banco de España. La lección magistral que nos ha dado el caso Banesto, con la salida del Sr. Conde y la entrada del BBV, es de libro. Pero no de economía financiera o negocio bancario, sino de teoría del poder oligárquico, de negocio político. Hace más de medio siglo que la de banquero es, en España, una profesión de poder estatal paralela a la profesión política.
Mario Conde ha podido pensar que sólo era un banquero de la sociedad civil, que intentaba influir culturalmente en una sociedad política democrática. Pero por equivocada que haya sido la gestión civil de Banesto en un período de recesión económica, la sustitución del presidente de un banco con futuro, del que es además primer accionista, por su rival en el mercado, reviste tal grado de perversión que solo puede caber en una sociedad política no democrática, donde reine una oligarquía de partidos y gobierne una oligarquía financiera. Y si miramos bien el fondo oscuro de la escena, veremos en ella cómo sabios comadrones expulsan del claustro bancario al heterodoxo.
La gran banca privada dio, con la mano invisible del mercado bursátil, el «impulso oligárquico» que necesitaba la mano visible que ha puesto a Banesto, con deslealtad mercantil, bajo las garras de sus viejos competidores. Banesto será saneado con fondos públicos. Sus mejores clientes, repartidos entre los Bancos administradores. Y ofrecido, por fin, a los «financistas» de los partidos. A los pagadores de informes inexistentes. A los creadores de ficticias cesiones de crédito. Es decir, a banqueros ortodoxos.
EL MUNDO LUNES 3 DE ENERO DE 1994
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