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El control autoritario de Banesto por su rival BBV plantea la cuestión de la escala de poderes en España. Porque el poder real no coincide nunca con el de las jerarquías oficiales. El caso de Banesto nos enseña las entrañas de las relaciones de mando y obediencia social, mejor que cualquier teoría, porque ha sido planteado y zanjado al desnudo, como cuestión fáctica de poder al más alto nivel, sin miramiento a las reputaciones. Sin guardar las formas que cubren la crudeza de las ambiciones. Sin respeto al decoro civilizador de las normas. El puro carácter político del caso se pone de relieve con una simple evidencia. El Banco de España ha necesitado otras voluntades de poder, fuera de la ley y de la institución, para convertir su propia opinión en decisión interventora. El caso es claramente político porque es escandalosamente ilegal. La ley de disciplina bancaria y su órgano ejecutivo no han podido destituir, por si y ante si, a los gestores de un banco de la oligarquía financiera. Y cuanto mayor sea la bancarrota de Banesto, cuanto más se haya «cargado de razón» la autoridad monetaria, cuanto más asistida esté de causa legal, más patente será su impotencia para extraer de la sola ley la fuerza que permitió su aplicación.

Al tener que recurrir a poderes situados fuera de la ley aplicada (presidentes del BBV y Santander), el Banco de España tenia que desbordar su margen institucional, para permitir que el legitimo amparo a los depositantes de Banesto diera cabida a la bastarda actuación de esos poderes sociales en el proceso de intervención política. El desbordamiento del cauce legal se produce cuando la institución estatal les delega su deber de elegir los administradores, y cuando aprueba que un banco de la competencia domine al banco intervenido. Se puede pensar, con el mundo oficial, que no había otra posibilidad. Pero con ello se confiesa que la ley bancaria y las leyes de la competencia son aplicables a los grandes bancos. La oligarquía bancaria detenta así el poder que el Gobierno y el Parlamento ostentan. Y no se duda de la probidad de la autoridad monetaria, pese a su clara desviación de poder, porque se presupone que está arbitralmente integrada en la oligarquía financiera. Banesto demuestra que el régimen de poder político no es democrático, y que el equilibrio oligárquico del capital bancario se ha inclinado hacia el BBV y el Banco de Santander. Los jefes de gobierno y oposición no han rebasado, en esta crisis de poder, el papel de recaderos que se guardan los despojos políticos de un caníbal festín de banqueros.

Queda por ver si, a pesar de todo, estamos en un Estado de Derecho. Esta prueba solo la pueden aportar los accionistas de Banesto y el poder judicial. Los primeros, como elementos de la sociedad, confiando la defensa de sus intereses a las leyes y tribunales civiles. El segundo, como elemento del Estado, siendo capaz de fallar la nulidad del nombramiento del nuevo Consejo de la entidad intervenida. Lo que se esperaba de la imagen de Mario Conde era la respuesta del derecho privado a la injerencia, por decreto, de la banca competidora en la esfera de los derechos subjetivos perjudicados. Pero su comparecencia ante la opinión ha confirmado que nadie, con relieve social, cree en los derechos de la sociedad civil frente al Estado.

Sorprendería, sin embargo, que los accionistas de la ampliación no reaccionen antes de ver reducido su capital, cuando la ley ofrece medidas cautelares, a juicio de los tribunales ordinarios, para evitar el daño. No es fácil de imaginar a un juez de primera instancia suspendiendo, en unas horas, el nombramiento de los consejeros y directivos actuales de Banesto. Las consecuencias políticas de la justicia legal pesarían más sobre su cabeza que la brutalidad jurídica sobre su corazón . Pero eso sólo demostraría que, sin jueces como los italianos de “manos limpias”, nunca tendremos en España un Estado de derecho para los poderosos.

EL MUNDO. LUNES 17 DE ENERO DE 1994


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