Claro
Oscuro
Entre una y otra huelga general, la economía se ha hundido y todas las instituciones estatales han entrado en crisis. Ya no queda una sola instancia de poder que tenga autoridad. Es el alto precio que tiene que pagar la sociedad por haber consentido, tras la huelga universal de la esperanza (14-D), que siguiera en vigor el régimen de poder que ha conducido a la huelga general de la desesperación (27-E). La crisis de autoridad, que preludia la del Estado, caracteriza las instituciones de gobierno del sistema político, las instituciones monetarias y crediticias del sistema financiero y las instituciones decisivas del sistema jurídico. El conflicto surgido entre el Tribunal Supremo, última instancia de judicialidad, y el Tribunal Constitucional, última instancia de legalidad, era previsible. La actual queja al Jefe del Estado, contra la evidente injerencia del Constitucional en la función jurisprudencial del Supremo, no está del todo desprovista de sentido, pese a su grave anormalidad jurídica, si se encuadra en la crisis institucional y en la esencia nuclear de la Monarquía parlamentaria. Por falta de autoridad moral de todas, ninguna instancia de poder respeta a otra. Por el carácter oligárquico del Estado de partidos, la Constitución atribuye al Rey el papel, imposible en la democracia, de árbitro de las instituciones.
La destrucción de la autoridad moral de las instituciones ha sido sistemática desde la llegada al poder del PSOE. La brutal corrupción de los partidos ha propiciado la degradación moral de las demás autoridades sociales. La estafa de un amplio sector de oficiales del ejército, la complicidad del CESID en las escuchas ilegales, los crímenes de policías con vocación de asesinos, la sumisión judicial a los delitos amparados en secretos de Estado, el inexplicado enriquecimiento del director de la Guardia Civil, las mentiras de los banqueros sobre sus contrapartidas al partido gobernante, el fraude fiscal de las primas únicas y las cesiones de crédito, la quiebra de las cooperativas sindicales, el tráfico de droga incautada, la estafa de gasoil por guardias civiles, el reparto prebendario de canales de televisión, la nacionalización de las pérdidas en el negocio bancario y tantas inmoralidades políticas (Ibercorp, BOE, PER, AVE…), obligan a considerar la miseria moral de la autoridad como un fenómeno social causado por las malas instituciones políticas, y no como una simple suma de malas conductas personales. El TC inició, con Rumasa, la «deconstrucción» de la moralidad jurídica de la ley que el Supremo consumó con Filesa. Es natural que ahora busque el amparo saliéndose, con su apelación al arbitrio real, de las normas inobservadas del Estado de derecho.
La función arbitral del Rey no tiene cauce constitucional para expresarse en un procedimiento público. Pero puede moderar en secreto la prepotencia del poder gubernamental o de oposición que ponga en peligro el equilibrio de las oligarquías (política, financiera, jurisdiccional) que constituyen el orden estatal. En los medios influyentes se considera normal, porque «el rey reina pero no gobierna», que su función arbitral modere, por ejemplo, la crítica sistemática del inconsciente Sr. Aznar al desastroso gobierno del imprudente Sr. González, y que no ponga freno a la corrupción y a las violaciones del Estado de derecho, ante la imposibilidad de hacerlo institucionalmente. Lo peligroso para el sistema oligárquico no son los continuos abusos del poder gubernamental o jurisdiccional, inherentes a su naturaleza, sino la crítica pública de esos abusos desde la oposición leal a Su Majestad o los medios de información. Por eso ha sorprendido tanto que el Supremo apele públicamente al Monarca para un asunto menor de susceptibilidad jurisdiccional. Aunque en realidad lo que delata en el fondo es la flagrante subordinación del Tribunal Constitucional al poder político. La crisis de autoridad apela con urgencia a la crisis de Estado.
EL MUNDO. LUNES 7 DE FEBRERO DE 1994
Blog de Antonio García-Trevijano
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