El Nuevo Omnibus

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PEDRO M. GONZÁLEZ

En el ómnibus legislativo todo cabe. En un estado de poderes inseparados, sin un legislativo que represente mayoritariamente a los ciudadanos, la concreción de la norma se somete irremisiblemente a las necesidades del partido en función de su cuota de poder proporcional. La indispensable concatenación entre necesidad social de la norma, propuesta al representante, elevación por éste a la asamblea legislativa, aprobación y posterior aplicación judicial independiente resulta del todo imposible.

Más que de Decreto Ómnibus, debería hablarse de totum revolutum, ya que el convalidado por el Congreso el 10 de Julio último modifica nada menos que 26 leyes estatales, así, de golpe y plumazo, abarcando materias tan diversas como los pagos con tarjeta hasta la gestión de los registros civiles. A pesar de la declaración de intenciones del gobierno-legislador, resulta imposible liberalizar uniformando legislativamente dada la necesidad de detalle que precisa cada acción humana y que, en el ámbito legislativo, tan sólo se puede traducir en norma eficazmente mediante un sistema de representantes que puedan recoger de manera eficaz esa información tan dispersa socialmente como difícilmente articulable.

Sólo la representación mayoritaria por distritos electorales uninominales relativamente pequeños puede realizar tal función, ya que la representación proporcional en listas de partido impide inevitablemente que tal transmisión de la información útil se lleve a efecto. La “Ley Ómnibus” es buen ejemplo de ello tanto en su contenido material, como en la postura ante ella de los supuestos “legisladores” que se traduce en simple interés partidista.

La ausencia de verdaderos representantes que legislen y de justicia separada hacen imposible que una sola ley de tal heterogeneidad y amplitud cumpla un objetivo tan ambicioso como el que se refiere en su exposición de motivos: Impulsar la creación de empresas, la competencia y la internacionalización de las pymes en el sector servicios, que representa el 66% del producto interior bruto y del empleo en España.

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