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Oscuro
Una huelga no puede ser convocada con duración predeterminada, sin reivindicaciones frente a los empleadores y con el sueldo de los convocantes asegurado por el Estado. Los sindicatos estatales prefieren creer que su huelga general ha fracasado, antes que reconocer el triunfo de un día de protesta popular contra la arrogancia moral del Gobierno. Moral y no política, pues aunque la Transición nos haya habituado a la normalidad de lo absurdo no deja de ser un contrasentido acusar de prepotencia a un poder ejecutivo, indisolublemente unido a la mayoría absoluta del poder legislativo, por el hecho de que la use para legislar.
Pese a su evocador nombre, la convocatoria del 20-J no era una llamada a la huelga general. Carecía de objetivos laborales alcanzables con tan solo un día de presión sobre el poder legislativo. Todo lo más a que esa lujosa convocatoria podía aspirar era a expresar, con una jornada de paro nacional, el descontento de los ciudadanos ante la forma gubernamental de decidir por mayoría lo que la impotencia política de las minorías reclama como objeto de consenso.
No obstante, se debe reconocer que toda la cultura política impuesta desde arriba por la Transición abonaba la pretenciosa convocatoria de los sindicatos. Lo incoherente para el sacrosanto consenso es que un gobierno se atreva a legislar por mayoría absoluta, aunque la tenga. Esto es lo propio de la democracia política, es decir, lo impropio de un sistema oligárquico de partidos estatales, como el nuestro, al que repugnan las mayorías absolutas que hacen innecesario el consenso. Nuestro sistema político es tan falso que incluso el partido que la obtiene se cree obligado a buscar coaliciones superfluas para sus medidas de gobierno.
En el conflicto manifestado el 20 de junio, el partido del gobierno ha ostentado por una vez, y forzado por la circunstancia sindical, la excepcionalidad democrática, mientras que los sindicatos defendían, como siempre, la pureza de la normalidad oligárquica. Viven de y para la negociación. Sin ella desaparece su razón de existir. Despechados por la firmeza del Gobierno, nuclearon los motivos del paro total por un día en la prepotencia del Gobierno, o sea, en lo mismo que el 14-D. La respuesta ciudadana ha sido distinta porque en los establos de González sólo germinaban ya las flores de la corrupción.
Cuando la realidad del sistema político no coincide con el ideal al que dice responder, las cosas sociales no pueden ser llamadas por sus nombres propios. El vocabulario político designa entonces a las nuevas realidades con palabras viejas cargadas de otras significaciones ideales. Y se considera subversivo del orden político o social todo intento de nominar la realidad con arreglo a su verdadera naturaleza.
Por ejemplo, decir que esto no es una democracia formal, sino una oligarquía de partidos estatales, o que el paro parcial del 20-J no responde a las características de una huelga general, siendo verdades demostrables ante cualquier auditorio de buena fe intelectual, constituyen blasfemias intolerables para el sistema. Nadie puede rebatirlas y, por eso, todos se ofenden al oírlas.
Los hechos acontecen en el campo de las cosas reales y la explicación de los mismos en el de las ideas irreales. El desorden intelectual anega así los campos donde podría brotar un pensamiento libre. Lo políticamente correcto está en la visión de esas fantasías que los anteojos del consenso de intereses ponen en los ojos ciudadanos hasta cuando duermen. El discurso de las palabras no incide en el curso de los acontecimientos y las fantasmagorías verbales tapan la realidad de los hechos. Pero ni siquiera el universo europeo puede ocultar que esto no es una democracia formal o que el 20-J no podía ser un día de huelga general.
LA RAZÓN. LUNES 24 DE JUNIO DE 2002
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