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PEDRO M. GONZÁLEZ

La Monarquía es la bóveda protectora de la partidocracia. Las vigas que la sustentan son la corrupción. Cuando aquella se resquebraja, los que temen que caiga sobre sus cabezas utilizan siempre el mismo instrumento reparador, el consenso. La transacción indecente, la piña de los felones, no entiende de ideologías. Desde su momento fundador ha quedado de manifiesto como la ausencia de separación de poderes iguala las ideologías. La razón de estado consensual no entiende de izquierdas ni derechas sociales cuando la máxima de la autoconservación es el fin de prebendas, subvenciones y sinecuras sin fin.

 

Según admitieron fuentes del gobierno al diario hermano Voz Populi, la imputación del Sr. Urdangarín y los malabarismos jurídicos para no llegar a la misma solución con su esposa alertaron a PP y PSOE de que, a pesar de sus diferencias ideológicas, deben hacer frente común para defender a la Corona como garante del sistema de partidos en el que éstos son los únicos agentes políticos reconocidos. Porque hay oligopolio partidista de la vida política hay oligarquía de partidos, que es el nombre correcto de este régimen.

 

Después del Auto de la Audiencia Provincial de Palma Mallorca cerrando el paso a la aplicación de la “Doctrina Botín” el caso Urdangarín, ya no es el caso Urdangarín. Es el caso Borbón. El principio de este proceso judicial el pánico consiguió que gobierno y oposición se pusieran manos a la obra para legislar sobre el blindaje de la Familia Real. Se dieron cuenta de que salvo el Rey, el resto de la Familia, incluido el Príncipe, carecen de inviolabilidad judicial. Hay que aprobar un texto que regule específicamente el estatuto jurídico, funciones y fuero de la Familia Real lato sensu.

 

Pero la necesidad de esa reglamentación especial de la respuesta judicial por razón de la persona y parentesco con la monarquía no se limita a los dos grandes partidos. De hecho fue Izquierda Unida quien ya presentara en el Congreso una iniciativa a mediados de enero de 2.012 en forma de proposición no de ley para establecimiento de un estatuto jurídico particular de los miembros de la Casa de Su Majestad en la que mostraba su preocupación por “el limbo jurídico” que destapó el proceso incoado al yerno de Su Majestad. La propuesta legislativa de la coalición fue vendida a su clientela ideológica electoral como un avance para el control de las cuentas y actividades de la periferia personal del monarca, pero la determinación de un fuero propio, como expresamente subrayó el propio Llamazares, supone más al contrario la extensión de las especialidades en razón de competencia judicial “por ser vos quien sois”. Es el republicanismo monárquico de la izquierda social en el uniforme conservadurismo político que monopoliza lo político.

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