Oportunidad Política y Momento Procesal

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Diario Español de la República Constitucional

PEDRO M. GONZÁLEZ

El Tribunal Supremo dice que no llamará a Chaves y Griñán hasta pasadas las elecciones andaluzas para no “interferir” en el resultado. Lo mismo excusó el Tribunal Constitucional para no resolver sobre la licitud del estatuto catalán pendiente su decisión.

Antes aún, en puertas de otro proceso electoral, el gobierno solicitaba la ilegalización de dos partidos, ANV y PCTV, presentándolo como fruto del momento procesal derivado de las actuaciones policiales y judiciales que, precisamente entonces, acreditaban su relación con ETA reafirmando su carácter de partidos sucesores de la ilegalizada Batasuna.  Sin embargo, nadie que no fuera un hipócrita o un necio podía afirmar sin ruborizarse la inexistencia de razones de oportunismo político en tales decisiones jurídicas.

La gran mentira oculta en el razonamiento débil de los partidos estatales es la que esconde una realidad objetiva: En un estado sin separación de poderes, el momento procesal oportuno para fiscalizar a la clase política será siempre el que determine la propia clase política. La endogamia de los intereses de partido con los jueces de partido resulta inevitable.

Los instrumentos son variados, y su utilización depende de la “originalidad” de quien los emplea. Si se es poco original, nada disimulado o simplemente no está en juego la mayoría absoluta, frenar las investigaciones mediante expresas instrucciones a una Policía dependiente absoluta y únicamente del ejecutivo… hasta que se haga precisa su reactivación mediante órdenes en sentido contrario. Si lo que conviene es el sigilo más o menos disimulado, se utilizarán Magistrados y Fiscales afines destinados en los puestos clave de la Audiencia Nacional  y el Tribunal Supremo cuyo nombramiento correspondió a un CGPJ y a una Fiscalía General del Estado elegidos por la clase política.

A tal punto llega la corrupción, que ni siquiera es preciso poner en marcha la plétora de mecanismos al servicio del poder único para hacer coincidir el momento procesal con el momento políticamente oportuno. En la Justicia dependiente, siempre nadarán Jueces oportunistas dispuestos a medrar en este caldo de cultivo haciendo favores sin que nadie se lo pida, mientras se retrate públicamente su postura. El futuro Ministerio, o la fulgurante subida en el escalafón judicial están en juego.

Solo con una Justicia separada de los poderes del estado y de la nación, la vida judicial correrá independiente de los acontecimientos de la vida política. Claro que, entonces, las conductas juzgadas serían únicamente acciones de personas concretas, resultando éstas condenadas o absueltas en lugar de los partidos, lo que haría inútil políticamente su ilegalización.

Pero si denunciar esta corrupción intrínseca a los poderes  inseparados y la justicia dependiente exige sólo evidenciar la mentira del estado de partidos, el posicionarse además contra la posibilidad de la ilegalización de alguno de ellos contraponiendo razones de pura Justicia (así con mayúscula), como únicamente hicieron de forma pública el Juez Navarro y García-Trevijano, resulta un acto de valentía al alcance de quien no teme la verdad.

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