Burocratización de los Registros

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Diario Español de la República Constitucional

PEDRO M. GONZÁLEZ

Reunión de rabadanes, oveja muerta. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) trabaja ya conjuntamente con el Ministerio de Justicia para desjudicializar los registros civiles reduciendo al mínimo imprescindible la potestad jurisdiccional de estas dependencias hasta ahora judiciales y traspasar sus funciones a la competencia administrativa de los ayuntamientos.

La burocratización de la Justicia es a la vez método y síntoma de su progresivo control político. Primero se controla al Juez reduciéndolo a la condición de simple funcionario, y una vez asumida tal labor, directamente se administrativiza el órgano y la función antes jurisdiccional. Ya denunciamos desde aquí la desjudicialización de la ejecución civil, tras la implantación de las subastas on-line a través del Ministerio de Justicia y el control administrativo penitenciario ajeno al Juez de Vigilancia. Ahora le toca el turno a los Registros Civiles.

A día de hoy al frente de cada Registro Civil se encuentra un Juez encargado del mismo. A éste le corresponden tareas tan diversas e importantes como decidir sobre la inscripción y en consecuencia sobre la eficacia frente a terceros, de nacimientos, muertes, matrimonios, divorcios, concesión de la nacionalidad española y hasta el régimen económico matrimonial. Incluso es el Juez del Registro Civil el que ha de decidir si el nombre que hemos elegido para nuestra descendencia se acomoda a las buenas costumbres y dignidad debidas. Aún recuerdo la anécdota de un matrimonio que quería llamar a su hijo “Ratoncito de la Casa”, a lo que el Juez del Registro naturalmente se negó.

La primera consecuencia es de carácter procesal y consiste en sustraer del Orden Jurisdiccional Civil la disconformidad de los justiciables con las decisiones que emanen de los Registros Civiles para encuadrarse en sede competencial Contencioso-Administrativa. La segunda, de orden político, es pavorosa, y supone ni más ni menos que entregar la potestad decisoria en tan amplia materia a los delegados del partido reinante en cada municipio.

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