Constitución del consenso

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Publicado el 14 de diciembre de 1977 en “El Nuevo Reporter”

La ponencia constitucional ha realizado la tercera y última «lectura» del borrador. Es curioso cómo el nuevo vocabulario político de la Restauración denuncia, mejor que la mayoría de los análisis, la realidad. La propia ponencia que ha redactado el texto constitucional nos dice que ha procedido a su tercera «lectura», cuando en pura lógica debería decir «escritura». Pero no se trata de error de expresión. Material y simbólicamente el vocablo «lectura» es el que más se ajusta a la realidad del trabajo constitucional. Materialmente, porque los miembros de la ponencia, sin capacidad de decisión propia, actúan como funcionarios o delegados de sus respectivos partidos, de quienes reciben los textos que han de leer. Simbólicamente, porque el misterio sobre el origen divino de las leyes, o sobre su inspiración en el «bien común», no podría mantenerse si el pueblo conociera a quien las escribe y, por tanto, al «bien particular» que con ellas se procura. Las tablas del Sinaí se leen al pueblo. Pero no se escriben en su presencia.

Lo mismo sucede con la expresión utilizada por el _portavoz de la ponencia para designar al borrador o anteproyecto constitucional: la «Constitución del consenso». Con esta singular expresión no ha querido decir que la finalidad del anteproyecto sea constituir el libre consenso de los ciudadanos en piedra angular de la Constitución del Estado, sino simplemente que el borrador ha sido aprobado por los miembros de la- ponencia sin ponerlo a votación, o sea, por «Consenso» unánime de los mismos, aunque admitiendo la reserva de votos particulares. En resumen, la ponencia considera como «constitución del consenso» a «su» consenso sobre la Constitución.

Hay consenso en la ponencia constitucional, en lugar de pugna constituyente, porque en realidad no se está discutiendo una nueva situación de poder entre las fuerzas sociales, que es el objetivo de todo proceso constituyente del Estado. Los miembros de la ponencia saben que su papel no es el de constituir, o de permitir que se constituya, una nueva situación política, ·sino el de legalizar, como expertos o legistas, la situación constituida. El conato de proceso constituyente del Estado fue sofocado mediante el pacto del poder ejecutivo del Estado y el poder representativo de la sociedad, es decir, con el acuerdo entre el Estado franquista y los partidos políticos. Acuerdo para convocar, celebrar y consagrar unas elecciones coyunturales como si fuesen estructurales. Acuerdo para dar valor constituyente a los resultados de unas elecciones anteriores a las libertades.

La consecuencia indefectible de este consenso constitucional es la «Constitución del consenso» de que nos habla hoy la ponencia. Expresión, por lo demás, muy justa. Porque el borrador, según lo pactado, se convertirá en Constitución. Porque ésta se aprobará en la Comisión y en el Congreso en virtud del consenso de todos los partidos parlamentarios. Y también, y esto es lo característico, porque el consenso entre los partidos será la forma original de funcionamiento de la nueva Constitución española. Claro que cuando no haya «ese» consenso no habrá «esta» Constitución.

Un «consenso» de todos los partidos en una determinada coyuntura no constituye una garantía para la permanencia del «consenso en cualquier» coyuntura.

El secreto de la libertad y de la democracia no reside en el «consenso» ni en el pacto, sino en el «disenso» y en las decisiones por mayoría. Por esta razón la «Constitución del consenso» no es una constitución libre ni democrática del poder del Estado.

El Congreso funcionará con métodos democráticos, es decir por votaciones no pactadas previamente, en todos los asuntos que no afecten, directa o indirectamente, a la Constitución del poder del Estado. Tan pronto se suscite una cuestión fundamental no se permite el «disentimiento» ni el riesgo de una votación libre. De lo que se trata en la «Constitución del consenso» es de evitar toda posibilidad de que surja por vía constitucional «otra» alternativa.

«La Constitución del consenso» admite, eso sí, otra alternativa de Gobierno. Es decir, otra combinación partidista que defienda la continuidad de la misma clase de poder en el Estado y la misma clase en el poder del Estado. Pero a lo que no da paso es a una alternativa de clase en el poder ni, por tanto, a una verdadera alternativa de poder. Para esta posibilidad no hay consenso.

La tercera «lectura» de la «Constitución del consenso» ha delatado que el presidente del Gobierno no podrá ser elegido libremente. Ni directamente por los electores. Ni indirectamente por sus representantes parlamentarios. El Rey designará al candidato. El Congreso le dará la investidura. Exactamente lo contrario de lo que ocurre en la democrática monarquía británica. Menos mal que nuestra constitucional minoría de edad política queda compensada con la mayoría de edad civil a partir de los 18 años.

Si el Rey interviene en la designación de la máxima representación del poder ejecutivo es inevitable que, aunque jurídicamente sea irresponsable, asuma la responsabilidad política de la gestión que realice el presidente del Gobierno. Es decir, será un Rey · constitucionalmente partidista. Los redactores de «esta» Constitución dirán que se trata sólo de una mera formalidad, porque el Rey siempre propondrá como candidato al líder del partido mayoritario o a la persona que le sugiera «el consenso» de los partidos «gubernamentales». Pero ¿qué sucederá cuando no existiendo un partido mayoritario tampoco exista consenso entre los partidos? ¿Propondría el Rey un presidente del Gobierno comunista en el caso de que el P.C. alcanzara en España la posición electoral que tiene el P.C. italiano? ¿El rechazo de todo candidato regio por un Congreso, con otra composición de la actual, implicaría a la forma monárquica de la Constitución?

Bien se ve que este proyecto constitucional está pensado en función de la coyuntura política establecida el pasado 15 de junio, y no en función de las fuerzas sociales que necesitan un cuadro institucional, de valor permanente, para el libre desarrollo de sus intereses materiales y de sus aspiraciones morales. La democracia exige no una Constitución del consenso, que es la regla de la unanimidad, sino una Constitución del disenso, que es la regla de la mayoría, con el respeto de las minorías.

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El nuevo Reporter 30 (portada)
El nuevo Reporter 30 (portada)

 


La Redacción del Diario Español de la República Constitucional quiere hacer mención especial al repúblico Francisco Javier Briongos Gil por la aportación de este valioso documento.

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Gonzalo Alvarez

Donde no hay separación de poderes,no hay Constitución.Donde no hay control del poder,no hay democracia.El pavor de unos y otros y la ambición de poder,el nerviosismo por alcanzar cuanto antes cuotas de poder,hizo ineludible el consenso en todos los asuntos fundamentales de esta Monarquía borbónica antidemocrática.Tenemos que destruir el monopolio del poder por los partidos del consenso,succionadores del Estado.