Claro
Oscuro
Publicado el 7 de junio de 1977 en “El Nuevo Reporter”
El acontecimiento político de la semana ha sido la declaración, casi simultánea, de los dirigentes socialistas nacionales de que están predispuestos a entrar en el Gobierno del presidente Suárez después de las elecciones. El ejemplo de patriotismo y de generosidad que dan estos dos partidos “marxistas” carece de antecedentes. No se puede ir más lejos en el camino político del altruismo y de la renunciación .
En 1909, el socialista francés Millerand entró en el Gobierno burgués de Aristides Briand. Su hazaña, como precursor de lo que hoy se conoce por socialdemocracia o, dicho de otro modo, vocación socialista de gobernar a la sociedad capitalista, pasó a la historia del socialismo con el nombre, entonces despectivo, de ” millerandismo”. Pero desde esa fecha han ocurrido tantas cosas en los avatares históricos de la lucha de clases, que ·ni siquiera es noticia de primera página la decisión de los dirigentes del socialismo nacional español de incorporarse, si los admiten, al bloque capitalista en el poder. Y, sin embargo, es la prensa quien yerra al no resaltar en letras de molde esta noticia. Porque el hecho, vuelvo a repetirlo, no tiene antecedentes. El PSOE participó en los Gobiernos de la Segunda República burguesa. Largo Caballero colaboró con la Dictadura de Primo de Rivera como consejero de Estado. La novedad no está, pues, en el hecho de que un socialista figure en el Gobierno de un Estado capitalista, cosa muy normal en toda Europa occidental. Lo inédito es el hecho de que un partido obrero y marxista esté dispuesto a figurar, en posición subordinada, en un Gobierno del bloque social antiobrero (franquismo), presidido por el que hasta hace sólo unos meses era ministro del Movimiento y fundador de uno de los partidos fascistas integrados en Alianza Popular.
No sé aún lo que es más admirable. Si la fortaleza de carácter de estos dirigentes socialistas, capaces de integrarse con el fascismo, o el temple moral de sus partidos, exigiéndoles semejante abnegación. Sobre todo, no existiendo una causa de fuerza mayor (guerra exterior o catástrofe interior) que obligue a estar en el Gobierno en defensa de la clase obrera, o de unas “libertades amenazadas”. La predisposición de los socialistas a figurar en el Gobierno, en las circunstancias y en la situación política poselectoral, cobra una extraordinaria significación espiritual, como gesto de concordia nacional y de paz entre las clases sociales.
La opinión pública debe valorar este gesto sublime y gratuito, contemplándolo en toda su espléndida desnudez. Es decir, sin dejarse confundir por el ropaje utilitario con el que el natural pudor de los protagonistas trata de revestirlo. Ellos nos dirán que quieren ser ministros para conquistar todas las libertades, o para garantizar una política económica en interés nacional, o para ocupar parcelas de poder en favor del socialismo. Nosotros no podemos cometer la mezquindad de fingir que los creemos para ahorrarnos el reconocimiento público de su patriótico desinterés. Es normal que ellos intenten parecer modestos. También que nosotros desvelemos, por gratitud, su auténtica estatura.
En primer lugar, las libertades políticas no se conquistan desde el poder. A Jo sumo, y en el mejor de los casos, se defienden. El poder, cualquiera que sea la clase social que lo controle, tiende por su propia naturaleza a la limitación de las libertades. La garantía de las libertades formales no está en el Gobierno, sino en la fortaleza de las instituciones democráticas de la sociedad. Este es el secreto liberal de las modernas democracias intervencionistas. En la situación española, la plenitud de las libertades formales y de los derechos humanos no está reconocida en los textos legales, ni en los hechos. No hay, pues, que defender una situación de libertades amenazadas. Hay que conquistar la libertad. Desde el Gobierno no se puede alterar la relación de hegemonía política que controla al Estado, ni, por tanto, cambiar la situación política. Cuando, excepcionalmente, el Gobierno adquiere una cierta autonomía de poder frente al poder político del Estado, se entra en una situación de inestabilidad revolucionaria o contrarrevolucionaria. Ahora bien, el Gobierno actual es la expresión política más adecuada de la relación de poder que ha restaurado y conformado al Estado monárquico. Por ello carece ante él de autonomía. No es en la relación dialéctica entre el Gobierno y el Estado, sino en la dialéctica principal existente entre el Estado y la sociedad, donde se encuentra el cauce de la acción política liberalizadora Si se trata de estabilizar la situación en el punto en que hoy se encuentra, es decir, si es un problema de defensa y no de conquista, es por completo indiferente figurar en el gobierno o apoyarlo desde el Parlamento. Pero si se trata, como creo y como la necesidad histórica reclama, de impedir que la situación se estabilice en el punto mediocre de la reforma, para poder llegar a la ruptura constituyente de la democracia, el deber político de la oposición es el de combatir pacífica pero implacablemente al reformismo, en estas elecciones, en el Parlamento, fuera de él, tanto en el terreno constituyente del Estado como en el de la política económica.
En segundo lugar, la política económica de este Gobierno es la del capitalismo liberal anterior a su transformación en capitalismo de Estado. Todas las leyes dictadas por este Gobierno, todas las declaraciones de sus ministros, todos los proyectos de reestructuración de los sectores productivos del Estado, todas las declaraciones y programas de la Unión del Centro Democrático tienen un solo y mismo significado: la liberación del mercado, el mayor respeto del Estado a la autonomía de las leyes económicas del mercado. Es decir, el fortalecimiento de los poderes privados de la oligarquía financiera, ante la previsible pérdida de influencia sobre el sector estatal de la economía. Mientras esta oligarquía tuvo el régimen de la dictadura a su servicio de clase, aceptó de buen grado la estatalización de un importante sector de la economía y el control del Estado sobre el proceso global, porque era ella misma quien lo administraba y controlaba en función del crecimiento del capital financiero privado. El temor a las consecuencias que para la política económica oligárquica puede tener la democratización de los organismos de intervención del Estado empuja al capital financiero a dos tipos de decisión política perfectamente complementarios: régimen parlamentario (frente al régimen presidencialista) como norma constituyente del Gobierno, y reprivatización del proceso económico, como norma constituyente de la política económica. Es decir, la política económica más incompatible que puede hoy concebirse respecto a una orientación socialista de la misma.
Finalmente, tampoco el poder político es parcelario ni, por tanto, el puesto que eventualmente ocupara en el Gobierno un dirigente socialista sería una parcela de poder arrebatada a la oligarquía o al fascismo residual. La tesis de la conquista de parcelas de poder parece basarse más en los principios de la termodinámica que en los de la dialéctica política. En el fondo, la estrategia “parcelaria” presupone que el poder político es una cantidad fija que cada sociedad tiene de capacidad para dirigir, de tal modo que la capacidad parcial que gana un grupo social disminuye automáticamente, y en la misma medida, la capacidad del grupo adversario. Esta tesis desconoce el carácter único e indivisible del poder político en el Estado, y en cada una de las instancias o regiones del mismo. Marx describió el bonapartismo como el régimen político de una sociedad donde la burguesía había perdido y la clase obrera aún no había adquirido la capacidad para dirigir a la nación.
La eventual entrada en el Gobierno Suárez de un dirigente socialista, sin utilidad para la conquista de las libertades, sin .posibilidad de flexionar la política oligárquica de reprivatización de la economía, y sin parcela alguna de poder, no dejaría de ser un acto de profunda significación para la sustitución del sindicalismo de Estado por un pacto social de Estado, que continúe orientando el movimiento obrero en contra de los intereses industriales y, por tanto , en favor de los intereses financieros y especulativos.
La Redacción del Diario Español de la República Constitucional quiere hacer mención especial al repúblico Francisco Javier Briongos Gil por la aportación de este valioso documento.
