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El gobierno de Arias suele ser visto como un gobierno reaccionario, resistente al cambio, incapaz de llevar a cabo la reforma. Pero esto no es cierto. La reforma estaba ya diseñada bajo el gobierno de Arias. Si bien puede atribuirse a ese gobierno con el rey Juan Carlos, sucesor de Franco, como Jefe de Estado, una cierta resistencia a abandonar el lenguaje del franquismo y un apego a sus formas lo cierto es que los hombres del régimen tenían la voluntad de llevar la dictadura a un régimen homologable a las partidocracias europeas.
A principios de 1976 José María de Areilza, ministro de Asuntos Exteriores, inicia una gira europea para vender la reforma: referéndum constitucional en el verano seguido de elecciones municipales en otoño y elecciones parlamentarias por sufragio universal a principios de 1977. Y con alguna ligera diferencia de fechas eso fue lo que sucedió, aunque ya con el gobierno de Suárez: referéndum (plebiscito) en diciembre para ratificar la Ley para la Reforma Política y elecciones generales en junio de 1977.
Lo que provocó la caída del gobierno de Arias fue el desencuentro con el PSOE que negociaba en secreto con los aperturistas de la dictadura. A primeros de marzo de 1976 Manuel Fraga Iribarne, vicepresidente para el Interior y ministro de la Gobernación, se entrevistó con Felipe González en el chalet de los suegros de Miguel Boyer en una reunión preparada por éste. Frente al sistema mayoritario que defendía Fraga el PSOE exigía un sistema electoral proporcional de listas de partido. Es lógico que los partidos exigieran el sistema proporcional, eliminando la representación política el poder es ejercido por los partidos sin tener que rendir cuentas a los electores, como en las partidocracias europeas, buscaban convertirse en órganos del Estado.
La preferencia de Fraga por el sistema mayoritario no respondía a convicciones democráticas ni a la defensa de la representación política sino más bien al hecho de que el sistema mayoritario beneficiaría a los notables del régimen. El autoritario Fraga, que había sido embajador en Londres, no intentaba transplantar el modelo de representación inglés (imperfecto puesto que los representantes son elegidos por mayoría simple), el sistema que defendía Fraga pretendía conservar la esencia corporativa de las Cortes franquistas: una cámara baja compuesta por trescientos miembros elegidos por los votantes en general, cien elegidos de los sindicatos y cien por municipios.
La oposición del gobierno de Arias a legalizar el PCE tampoco fue escollo para que el PSOE se sumara a la reforma de Arias. Felipe González tenía la voluntad de participar bajo el gobierno de Arias Navarro en las primeras elecciones municipales anunciadas por el gobierno estuviera el PCE legalizado o no. Y si el PSOE estaba a favor de que se legalizara el partido comunista era sobre todo por intereses electorales, un PCE mantenido en la clandestinidad aumentaría su prestigio y perjudicaría electoralmente al PSOE; además, el PCE tenía un gran poder de movilización y podría causar problemas si se le dejaba en la clandestinidad. Los intereses electorales dirigieron continuamente la acción política del PSOE, el oportunismo político forma parte de la naturaleza del PSOE desde que fuera fundado por Pablo Iglesias.
El PCE se mantuvo leal al programa de la Junta Democrática fundada por Antonio García-Trevijano y a los principios de la ruptura democrática mientras el gobierno de la dictadura se opuso a su legalización, una vez le ofrecieron la legalidad en un régimen con una ley electoral proporcional se lanzó como todos los partidos ávidos de poder estatal, de reparto de botín, a apoyar la reforma de los franquistas aperturistas. Renunciar a un periodo de libertad constituyente y al referéndum sobre la forma de Estado y de Gobierno que tanto habían defendido no fue ningún problema para el PCE, aceptaron la monarquía instaurada por la dictadura y al sucesor de Franco. Aunque el PCE ya no era comunista (respetaban la propiedad privada y la coexistencia con otras ideologías en un sistema parlamentario como los de la Europa continental) sino más bien socialdemócratas, todavía algunos aspirarían a la dictadura del proletariado y el régimen proporcional puede facilitar la conquista del Estado a los partidos totalitarios. El comunismo es por esencia enemigo de la libertad política, es radicalmente incompatible con la fundación de la libertad. La partidocracia, aunque fuera bajo la monarquía, era mucho más atractiva para el partido comunista. Renunciando al periodo de libertad constituyente no se arriesgaban a que los españoles eligieran una república presidencialista con separación de poderes, en ese sistema político el comunismo -como cualquier otra ideología totalitaria- tendrá muy difícil la conquista del Estado y será imposible su desarrollo en las diferentes fases que contempla la teoría marxista, que en la realidad no ha superado la dictadura de partido único ni es posible que la supere porque es una utopía. Paradójicamente, fue su traición a la ruptura democrática y su aceptación de la reforma lo que lo condenó a la insignificancia.
Era previsible que todos los partidos traicionaran los compromisos firmados en la Junta Democrática y más tarde en Coordinación Democrática. Los partidos que aspiran a integrarse en el Estado no pueden existir en un sistema político con separación de poderes porque tienen una inclinación totalitaria. Estando en la clandestinidad, especialmente el PSOE y el PCE, ya recibían la ayuda financiera de Estados extranjeros, uno de partidocracias europeas, el otro de dictaduras de partido único; y en el caso del PSOE, además, un trato de favor por parte del Estado dictatorial español.
La palabra libertad estuvo presente durante los años de la Transición en las pancartas, en las voces de los manifestantes, en las letras de las canciones, en los artículos de la oposición, en los carteles de los partidos clandestinos, en las pintadas en los muros… pero muy pocos entendieron realmente su significado. Los españoles no tenían conciencia de Nación sino mentalidad de militante de partido e identificación de cada cual con una ideología de partido. Para la mayoría, libertad consistía en poder votar a los partidos hasta entonces prohibidos y disfrutar de unos derechos otorgados. La libertad política colectiva sólo puede ser fruto de una revolución por la libertad, sólo podrá ser conquistada cuando la parte consciente de la Nación inicie esa revolución.
El rey Juan Carlos, sucesor de Franco, hizo dimitir a Arias y buscó un hombre más dispuesto a entenderse con la oposición y culminar la reforma, que no tuviera escrúpulos para traicionar a Franco y el franquismo, un hombre con ambición de poder antes que principios, un hombre con dotes intelectuales y políticas no superiores a las suyas, que fuera manejable. El Rey escogió al ex Ministro Secretario General del Movimiento, Adolfo Suárez. Un militar que fuera aceptable para la oposición, Gutiérrez Mellado. El encargado de que la reforma legal de la dictadura fuera sobre raíles sería Torcuato Fernández-Miranda.
