Lejos de combatir el independentismo catalán, el Gobierno español lo financia y promueve con su inacción. Es un duelo a garrotazos en el que uno de los contendientes regala el arma a su contrincante y se deja golpear porque la defensa ante el ataque está hoy muy mal vista. El problema es que no es el Gobierno quien recibe los golpes, sino el conjunto de los españoles.
La Carta Otorgada del 78 pergeñó una situación política en la que el nacionalismo tiene capacidad para doblegar al resto de España. El resultado es que unos españoles tienen privilegios sobre el resto por razón de nacimiento. Toda una preciosidad dieciochesca.
El privilegio de uno o de unos pocos es un ataque frontal a la libertad de todos los demás. El independentismo -que se alimenta del privilegio- es un ataque a la unidad del sujeto constituyente español, que es la suma de todos los ciudadanos. El sujeto constituyente es un producto de la Historia y su existencia no es decidible en una votación porque no es el atributo de una única generación de ciudadanos. Es una vivencia colectiva que deviene con independencia de la identidad de sus usufructuarios.
Esta es la realidad: el único medio que puede operar sobre el ser de un sujeto constituyente es la violencia. Quien promueve el independentismo mediante su acción o su inacción, promueve la violencia.
