La gran mentira oculta en el razonamiento débil de los partidos estatales es la que esconde una realidad objetiva: En un estado sin separación de poderes, el momento procesal oportuno para fiscalizar a la clase política será siempre el que determine la propia clase política.
La endogamia de los intereses de partido con los jueces de partido resulta inevitable. Los instrumentos son variados, y su utilización depende de la “originalidad” de quien los emplea. Si se es poco original, nada disimulado o simplemente no está en juego la mayoría absoluta, frenar las investigaciones mediante expresas instrucciones a una Policía dependiente absoluta y únicamente del ejecutivo… hasta que se haga precisa su reactivación mediante órdenes en sentido contrario. Si lo que conviene es el sigilo más o menos disimulado, se utilizarán Magistrados y Fiscales afines destinados en los puestos clave de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo cuyo nombramiento correspondió a un CGPJ y a una Fiscalía General del Estado elegidos por la clase política.
A tal punto llega la corrupción, que ni siquiera es preciso poner en marcha la plétora de mecanismos al servicio del poder único para hacer coincidir el momento procesal con el momento oportuno. En la Justicia dependiente de lo político, siempre nadarán Jueces oportunistas dispuestos a medrar en este caldo de cultivo haciendo favores sin que nadie se lo pida, mientras se retrate públicamente su postura. El futuro Ministerio, o la fulgurante subida en el escalafón judicial están en juego.
Solo con una Justicia separada de los poderes políticos del estado y de la nación la vida judicial correrá independiente de los acontecimientos de la vida política. Claro que entonces, si la facultad jurisdiccional del estado estuviera libre de cualquier tipo de interferencias, las conductas juzgadas serían únicamente acciones de personas concretas, resultando éstas condenadas o absueltas en lugar de los partidos, lo que haría inútil políticamente su ilegalización. Pero si denunciar esta corrupción intrínseca a los poderes inseparados exige sólo evidenciar la mentira del estado de partidos, el posicionarse además contra la posibilidad de la ilegalización de alguno de ellos contraponiendo razones de pura Justicia (así con mayúscula), como únicamente hicieron de forma pública el Juez Navarro y García-Trevijano, resulta un acto de valentía al alcance sólo de quien no teme a la verdad.
