carta otorgada - Diario Español de la República Constitucional

En España, reunida en contubernio, una comisión de delegados de las facciones estatales llamadas Partidos, consensuó en secreto la redacción de una carta otorgada por el poder antidemocráticamente constituido que a modo de ley fundamental sería conocida como "Constitución Española de 1978". Sólo cuando la libertad política colectiva, concepto descubierto por el jurista y pensador García-Trevijano, funda la democracia, el texto constitucional adquiere su rigor nominal. En cualquier otro caso sólo cabe la posibilidad de que quien ostenta el poder como un monarca o una reunión de oligarcas, renuncie a una parte de él otorgando derechos a los súbditos. Así pues siempre dependerán de su benevolencia o miedo, la naturaleza y extensión de lo concedido, y de la disposición u oportunidad de gobiernos futuros el respeto o acatamiento de lo legislado como concesión. Es habitual que estos documentos otorguen la libertad de expresión y el derecho de reunión. Como lo es también que, al carecer de garantía constitucional, sean cercenados o impedidos con oportunista frecuencia. En la legislación española, la carta arriba mencionada, los regula en sus artículos 20 y 21. Queda la libertad de expresión limitada por el derecho al honor y a la intimidad. Y el derecho de reunión, que ha de ser pacífico y sin armas (para mí es incomprensible la necesidad o pertinencia de esta apostilla), a la obligación de comunicarlo a la autoridad cuando se realice en espacio público (manifestación), que podrá prohibirlo cuando existan razones fundadas de alteración del orden. La redacción, bien deliberadamente farragosa para que sea ininteligible y permita mayor arbitrariedad en el ejercicio del poder, bien incorrecta por el desconocimiento de la materia tratada o el imprescindible consenso, de estos derechos por legislación o libertades en plural, desvela la espuria naturaleza de su procedencia. Los amadores radicales de la libertad, sabedores de que no hay otra forma de quererla, concordarían con el constitucionalista estadounidense Alexander Hamilton en sus disquisiciones acerca de la Carta de Derechos, donde afirmaba que si la ratificación de una Constitución no implica por parte del pueblo la renuncia a ningún derecho, los retiene todos, y dado que es la propia constitución el garante, no necesita ninguna reserva adicional que los proteja. En consecuencia, la sencillez exenta de simpleza debería animar la redacción de estos textos principales. Conquistada la libertad política cualquiera sabría inmediatamente, como en cualquier aspecto de la vida cotidiana, la responsabilidad que su ejercicio conlleva. Y ausente la tutela institucional, propia de regímenes socialistas, fascistas o cualquier otro tipo de oligarquía estatalista, donde los súbditos son tratados como seres cuya inferioridad manifiesta requiere que alguien superior, como un rey por gracia divina, se ocupe responsabilizándose de sus vidas, el pueblo viviría con la libertad de quien jamás querría ya renunciar a ella. Escribo esta breve introducción para enmarcar una reflexión acerca de la naturaleza, objetivo, ocasión y forma de las manifestaciones que se han hecho en España desde la "transición", las que se hacen en la actualidad contra la arbitrariedad gubernamental privativa de derechos, y las que considero deberían hacerse, en su caso, para luchar por la libertad política de la nación española. Es costumbre en España, durante las últimas décadas, reunirse en la calle, a menudo estorbando la circulación de vehículos o personas, y perturbando la tranquilidad vecinal con griteríos o actos violentos, para protestar, mostrar indignación, reclamar derechos o expresar una reivindicación o repulsa ante gobiernos, colectivos o personas, después de que la autoridad competente haya dado su permiso para hacerlo. No son motivo de mi análisis las particulares manifestaciones, en las que la lucha de un grupo de ciudadanos presentó demanda ante las autoridades, ni el éxito o fracaso de las mismas. No al menos en cuanto a los motivos materiales de su realización, aunque sí con respecto a los formales, donde sostengo el mismo pensamiento al que ahora me referiré con respecto a las multitudinarias. En mi recuerdo desde la década de los años ochenta está la celebración de grandes manifestaciones, contra leyes aprobadas por gobiernos de diferentes Partidos respecto a: conversiones en los sectores agrícola, ganadero, pesquero, industrial, etc., reformas laborales, participación en guerras, limitaciones de derechos, insuficiencias presupuestarias, … También muchas otras en las que se expresa indignación o duelo por la comisión de crímenes, o en las que se hace público el anhelo de mejoras en los servicios médicos, la enseñanza, las pensiones,…Y otras a las que acuden muchas personas para mostrar su deseo de que España siga siendo una nación, o el sentimiento de ideólogos que comunican la no pertenencia a la misma de los habitantes de su región, y en consecuencia aspiran a tener otro Estado que los gobierne. Manifestación en España en la década de los ochenta El efecto que tuvieron sobre la acción gubernamental o el régimen de la oligarquía de Partidos en el estado, fue irrelevante o nulo, porque el poder se ejerce sin control parlamentario ni judicial, y nunca atiende a las necesidades o deseos del pueblo más que en la medida que al electoralismo o la oportunidad del momento parezcan necesarios. Así es que su función propagandística es mostrar indignación por la corrupción, como si en el caso de que otra facción gobernase no fuese a ser idéntica, o estar a favor de lo que todo el mundo desea o en contra de lo que todo el mundo aborrece. Su ilicitud formal y su ingenuidad, cuando no falsedad material, las convierte en manifestaciones de adhesión al Régimen, muchas de ellas ya convocadas por y desde el poder. Porque su función sentimental lleva implícita la hipocresía de la Gran Mentira que afirma que en España la democracia es la forma de gobierno, y por tanto la libertad de su pueblo está garantizada en el ejercicio de los derechos fundamentales, entre los que están los dos arriba mencionados. La realidad es que al partir de una premisa falsa, toda inferencia puede ser tomada como verdadera, pues es su función el engaño, la ocultación de la verdad, que domeña el ansia de libertad, proporcionando la creencia en una seguridad estatal bajo cuya custodia se abriga nuestro pueblo. En ausencia de representación política, es indispensable para el sostenimiento del poder estatal la existencia de estos actos donde se representa teatralmente en la calle lo que no hay: libertad de expresión, control del poder, sindicación reivindicativa, igualdad ante la ley, facultad de decidir, servicios públicos con dotaciones adecuadas, defensa de las libertades individuales, etcétera. En el ejercicio de este derecho de reunión donde se ejerce la libertad de expresión, es habitual que algunos participantes, como en las huelgas generales o las protestas por el cierre de empresas, se dediquen a destrozar mobiliario urbano o cualquier otro bien público o privado, a provocar incendios, a coaccionar a otros para que lo apoyen, a instar con amenazas el cierre de tiendas u otros establecimientos comerciales o profesionales, y a emplear otras formas coactivas o violentas que ofenden a la libertad misma. La relación entre los medios utilizados y la conquista de los fines deseados es de capital importancia, tanto por su eficacia como por su legitimidad, y en caso de éxito por la legitimación consecuente. ¿Acaso no han de ser necesariamente diferentes los estilos de quien implora una limosna, solicita un privilegio, reclama un derecho o lucha por la libertad? En la decadente situación política de la España actual, los gobernantes, en fraude de ley, privan a los gobernados de derechos fundamentales como los de circulación y respiración, instan arbitrariamente el cierre de negocios, dificultan el acceso, entre otros, a los servicios médicos, y mantienen, por medio del consenso pactado entre todas las facciones gubernamentales, a la población en un estado permanente de miedo e incertidumbre sostenido mediante coacción policial, propaganda mediática y colaboración funcionaria. ¿Qué sentido tiene manifestarse contra estas tamañas barbaridades tolerando las, no sólo injustas, sino también ilegales medidas decretadas por los tiranos a quienes se pretende combatir? Es verdad que un pueblo habituado a la servidumbre voluntaria carece de la lucidez y de la valentía que en el natural ejercicio de su albedrío, le conducirían a la desobediencia civil. Pero también es verdadera la acción de las personas que, sin estridencia, se enfrentan pacíficamente a la situación, con la dignidad de quien no quiere renunciar a la tranquilidad de su conciencia. La verdad, que quiere que se sepa que es verdad, no puede manifestarse como la mentira, que deseosa de ocultación se expresará con la mendacidad que le es propia. Esto es evidente para cualquier persona pura, o sea, no corrompida, e invisible para quien el velo de la inmoralidad, o la ceguera del miedo o la ignorancia, le apaga la luz de su alma. El Estado de Partidos español se sostiene sobre dos pilares: la legitimación por el voto y el engaño sobre su naturaleza. Un movimiento cívico, que no pretenda destruirlo por la fuerza, sino hacerlo caer privándolo de su sostén, debe encaminar su acción a la abstención en las votaciones y la publicidad de la verdad. Esto último puede hacerse de muchas maneras, y será del ingenio de los más creativos junto a la convivencia de todos, de donde surgirán las ideas para realizarlo. Los conquistadores de la libertad no pueden manifestarse de la misma manera que los procuradores de derechos, que piden permiso a la autoridad estatal para realizar vindicaciones genuflexas ante el tirano que los mantiene cautivos. Un ejemplo de libertad, cuya conquista ha de realizarse ejerciéndola, sería reunirse y expresarse sin tratar con los gobiernos ni con ningún organismo estatal, sin violar arbitrariamente las leyes, sin molestar la convivencia vecinal, y sin provocar enfrentamientos entre los ciudadanos y los encargados de mantener el orden público. Un movimiento ciudadano que pretenda conquistar la libertad no puede iniciar su camino violándola; debe ambicionar, al adquirir el pueblo consciencia de la naturaleza del Régimen, la adhesión, no sólo de los más lúcidos, los más exaltados, o los más desfavorecidos, sino la de cualquier persona que no participe de la corrupción estatal, incluidos policías, guardias y militares. La fuerza moral y la publicidad que tendría una acción donde la elegancia, la alegría, el decoro y el respeto fuesen norma, jamás podrá compararse con el sentimiento de repulsa o camaradería que suscitan las manifestaciones conocidas. La divulgación de la idea eterna de Libertad Política Colectiva requiere el pensamiento de una estrategia audaz y creativa que la haga culturalmente hegemónica.

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