JOSE MARÍA ALONSO.
En un nuevo ejercicio de simulación de austeridad, el Gobierno ha anunciado esta semana la supresión de los once defensores del pueblo autonómicos que tenían unos nombres tan exóticos como ridículos. No obstante permanece el Defensor del Pueblo español, cuyo cargo ocupa siempre un oligarca de algún partido político.
Desconocen los gobernantes que los gobernados no tienen mejor defensa que la que pueden ejercer si están debidamente representados por sus diputados de distrito. Si en España se cumpliera uno de los dos preceptos necesarios para la existencia de la democracia, precisamente el de la representación, no haría falta la existencia de la figura del Defensor del Pueblo, puesto que el ciudadano ofendido por alguna acción estatal, podría acudir directamente a su diputado, a su ¨congressman¨ como hacen los estadounidenses, para intentar solventar su aflicción.
Desaparecen los defensores del pueblo autonómicos, el Gobieno intenta de esa manera lavar su imagen aparentando austeridad, pero los ciudadanos que conocen el significado de la democracia formal no se dejan engañar por este nuevo ardid. Mientras permanezca la figura del Defensor del Pueblo, la nación seguirá avergonzada por tener que acudir a una institución antidemocrática, propia de las oligarquías de partidos, que al no representar al ciudadano le otorgan el pobre consuelo de su defensa por parte de una institución que no deja de ser un órgano estatal, separado de la sociedad civil al igual que los partidos.
