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Con el mayor rigor y seriedad, con la mayor responsabilidad que me proporcionan mis estudios y conocimientos de la realidad, traté de evitar el horror y la tragedia que se avecinaba, al mayor número de españoles. Con los limitados medios de los que dispongo y tras la dimisión de quienes nos acompañaron a D. Antonio García-Trevijano y a mi, no pude mas que recurrir a los pocos voluntarios que se prestasen, para, a través de ellos y con cuantas posibilidades acudiesen a su inteligencia, difundir las explicaciones, el análisis y los conocimientos de la ciencia jurídica y política.

Lo que procuro no es más que la continuación y sostenimiento de los mismos principios que inauguraron la propia acción de mi predecesor; quien ya vino advirtiendo, en la última etapa de su vida, del terrible peligro que se cernía sobre toda la sociedad española a causa de la adhesión incondicional de una parte mayoritaria, al régimen de unos partidos estatales. Algo que no ha hecho más que demostrarse como cierto, en marzo de 2020, a través de la fragua de un fraude en la Salud pública. Una operación realizada bajo la absoluta responsabilidad moral e irresponsabilidad legal, de todas las facciones de la monarquía que constituyen actualmente la continuación, degeneración y decadencia de la dictadura militar de Franco.

Hoy, gracias únicamente al aliento de todas las personas que han continuado votando a las distintas ofertas de esta monarquía, que colaboran con un fraude y que se corrompen moralmente al hacerlo, la sociedad española se halla envuelta en las causas del gran manicomio en el que, al modo de un gran hospital psiquiátrico, se ha transformado la naturaleza del Estado español.

Puesto que la penúltima de las gangas con las que contaba, una a la que le dieron el nombre de ”Podemos”, ya se puede considerar como liquidada tras haber cumplido su función, la propuesta del gran tendero es concluyente: “sólo nos queda VOX”. El tal Pablo Iglesias ya ha sido condecorado por los servicios prestados a la Corona y al Estado, y como paso previo al tránsito hacia un Estado hospitalario, se ofrece VOX a los consumidores dispuestos a seguir tragándose la corrupción, la mentira, la barbarie y el fraude.

Pero el asunto relevante en todo esto, que es lo que quiero señalar en mi análisis de hoy, es el papel que paralelamente están jugando los que, desde la perspectiva del Estado, se mantienen aferrados a ese texto incumplido sistemáticamente (y no únicamente ahora como quieren hacer ver) al que hacen llamar “Constitución”. Un texto que es precisamente la causa de la actual situación política, de toda la corrupción, y de todos los desmanes y tropelías cometidas durante las últimas décadas. Un texto que, si tratase de cumplirse o aplicarse, causaría un desastre aún mayor que el actual si es que eso todavía puede concebirse.

Es lo que tenemos y a lo que tenemos que aferrarnos” explican algunos leguleyos, que en la zozobra de esta descomunal hecatombe, aún son tan ilusos que esperan resolverla en los Tribunales mediante sentencias acordes a un orden jurídico violado y violentado, por la propia oligarquía que se ha valido de él para preservar sus privilegios; su línea de defensa frente a la políticamente excluida sociedad civil española.

Lo grave en esto, es el absoluto desconocimiento que tienen todos esos legistas, todos esos que confían sus esfuerzos a un sometido sistema judicial atenazado por su propia jerarquía, de lo que es el Derecho, su diferencia con la Ley, y especialmente, de todo lo concerniente a los derechos fundamentales. Derechos fundamentales, que aunque los pocos juristas que aún queden en España no quieran explicarlo o decirlo, son PREVIOS a cualquier Constitución, y desde luego al texto vigente en España desde 1978. Si fuese por ese texto que los derechos tuviesen que encontrar su garantía, tendría el mismo sentido que esperar que el suplicio del supliciado dependiese de su propia súplica.

Como ya explicó Alexander Hamilton, ninguna Constitución tiene que garantizar los derechos con el mero texto, puesto que dándose a sí mismo el pueblo esa norma suprema, los retiene todos. Y un derecho, sea fundamental o no lo sea, al ser un asunto de naturaleza subjetiva, únicamente se tiene en la medida que se defiende, incluso contra las propias leyes que lo impidiesen. En esto último consiste buena parte de la propia acción legislativa, necesariamente ideológica, que se produce únicamente cuando es la libertad política colectiva lo que fundamenta una Constitución, instituyendo la separación del parlamento y el Gobierno.

Esto es algo que deberían de entender con facilidad todos los actuales opositores al régimen de poder en vigor en España, el que resulta del reparto del botín entre una oligarquía de partidos estatales, puesto que el mayor error que podría cometerse es el de esperar que lo puesto por los partidos, lo que sirve específicamente a todos sus privilegios, lo que ha producido toda la actual putrefacción cultural y moral, la actual situación decadente, sirva para la defensa de intereses civiles y civilizados. El proceso de civilización, de acción revolucionaria y pacífica para revertir esta situación y devolver la esperanza a todos los españoles, se encuentra únicamente en la LIBERTAD CONSTITUYENTE tras la cual se produzca, precisamente, la redacción de una verdadera Constitución. Algo que la mayoría de los actuales arreadores de masas no mencionan, causando con esa ocultación una indignación sin salida a todos los que van caldeándose en sus ánimos.

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