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El Parlamento autonómico catalán aprobó el pasado 27 de Septiembre una propuesta en la que se insta al nuevo Gobierno autonómico que resulte de las elecciones regionales del 25 de Noviembre, a convocar un referéndum secesionista.

Tal decisión se funda en la “necesidad de que el pueblo de Cataluña pueda determinar libre y democráticamente su futuro colectivo”, por lo que la Comunidad debe “iniciar su transición nacional basada en el derecho a decidir”.

Lo relevante de lo aprobado por el Parlament es que supone una declaración de hostilidad política, esto es, una oposición bipolar extrema: de una parte Cataluña y de otra España. Sin más.

La respuesta del Gobierno español a la pública manifestación de enemistad ha sido rechazar lo aprobado por el Parlamento catalán por dos motivos:

a) Es ilegal.

b) No es racional.

No obstante, la legalidad ya quedó en un segundo plano, dado que “si el Gobierno (español) le da la espalda y no autoriza ningún tipo de referéndum ni de consulta, pues hay que hacerlo igualmente” (Presidente de la Generalidad, segunda sesión del Debate de Política General, 26 de Septiembre).

Y en este asunto la razón o sinrazón de Cataluña para separarse es indiferente, pues “con relación al enemigo, no es suficiente tener razón, ni siquiera actuar racionalmente; el enemigo, -resalta Julien Freund-, SE IMPONE A NOSOTROS POR SU PROPIA VOLUNTAD, SIN HABERLO NOSOTROS ELEGIDO”.

“¿Por qué ha de necesitar el afán de gloria de una justificación científica?”.

“Los pretextos morales y las justificaciones ideológicas son por completo ajenas al esquema teórico de la dinámica conflictiva”. (Jerónimo Molina, “Julien Freund. Lo político y la política”. Ed. Sequitur. Pág. 157).

Por tanto, las reacciones del Gobierno a la “voluntad” de secesión yerran de manera flagrante porque obvian lo principal, la declaración de enemistad, pues creen que al enemigo basta con amenazarle con la ley, razonarle o darle largas para que desaparezca. En pocas palabras, su política consiste en aplicar el dicho popular de que “dos no pelean si uno no quiere”.

Y efectivamente así es, pero “dos pelean si uno no quiere”…, si el que no quiere sale corriendo, lo que en términos políticos significa que el enemigo, el que manifestó la “intención hostil”, ha triunfado. No hay que descartar que la clase política española no aspire a otra cosa.

De cualquier forma, el partido sólo ha sido convocado “sine die” (la Generalitat celebrará  un referéndum secesionista), por lo que habrá que comprobar si el partido finalmente se juega o si se suspende por incomparecencia de alguno de los equipos.  Y si se disputa, aún está por ver el resultado.

Lo que resulta indudable es que si el partido se juega, es decir, si la declaración de enemistad se lleva hasta el final, ni la amenaza de la legalidad ni la supuesta razón o razones (económicas, jurídicas, históricas, etc.) de cada una de las partes serán elementos que tengan la más mínima relevancia en el desenlace final, pues será el ejercicio de la fuerza la que dicte sentencia.

Y con el fallo, ¡ay, el lenguaje!, vendrán las consecuencias:  Si no se produce la secesión el nacionalismo llamado periférico quedará desterrado de España.  Si se consuma cualquier división el vigente régimen político caerá. Una manera muy española de cambio político, pues habríamos tenido que romper el país para que el sistema cambiase. Pero no hay que preocuparse, son cosas que pasan por estos lares, pues “España, y su clase política, somos así, señora”, que diría el dramaturgo Marquina.

 

 

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