Pactando Injusticia

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Diario Español de la República Constitucional

PEDRO M. GONZÁLEZ

Pactar sobre la Justicia es una iniquidad comparable a pactar sobre la nación. La aplicación legal del derecho, por propia definición, es algo tan ajeno a la voluntad política como el hecho nacional. Si la judicatura y sus órganos de gobierno son elegidos por la clase política su imparcialidad es imposible.

Al igual que la voluntad plebiscitaria regional no puede variar algo que nos viene dado, como es la propia existencia nacional, tampoco la de la clase política, por mucha alegación que se haga al consenso, puede determinar lo que es justo o no. La Justicia no puede ser democrática o dejar de serlo, simplemente es elemento indispensable para que la Democracia exista, siempre que sea independiente y esté separada de los poderes políticos del estado y la nación.

La llamada a un nuevo “Pacto por la Justicia”, cada Consejo General del Poder Judicial consensuado por los partidos o la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional son el reconocimiento expreso de que en España no hay Democracia porque no hay separación de poderes. Pactar es transar, y pactar sobre la Justica es asumir el reparto de lo judicial entre las mayorías políticas en reflejo de sus respectivas cuotas de poder. Cada coyuntura política exige un reajuste institucional de la “justicia” correlativo a la proporcionalidad partidista.

El partido perdedor se apresura a solicitar el pacto, sabedor de que, de no alcanzarse el consenso, el ganador, según ya ha anunciado, aplicará su “rodillo” legislativo para la renovación de los miembros del Consejo del Poder Judicial. La designación política de los Magistrados del Tribunal Constitucional en forma directa, e indirecta de los de las Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia corre idéntico peligro para la oposición, de ahí que la solución negociada sea la preferida

El PP acepta el pacto novatorio del CGPJ mientras se respete su superioridad electoral (nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo incluido) y de paso hará gala de su “talante democrático” en palabras de su rival electoral, demostrando la generosidad con el perdedor que se incorpora al sistema asumiendo su rol de leal oposición y otorgando la posibilidad a los partidos pequeños de sumarse al timo.

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Gonzalo Alvarez

El fundamento de la aplicación justa del derecho se encuentra en el conocimiento técnico de una judicatura libre del Poder ejecutivo y del Poder legislativo,por lo que no pueden ser imparciales ni decentes los pronunciamientos de una administración judicial subordinada a los dos poderes.En una democracia no tiene razón de ser un Tribunal Constitucional-última instancia política-ni un Ministerio de Justicia,ni un Fiscal General del Estado-nombrado por el Poder ejecutivo-ni un Defensor del Pueblo.Hasta que esta Monarquía borbónica dentro de un Estado de partidos y de autonomías sea educada por la sociedad civil,la precaución continuará siendo cualidad del magistado políticamente injusto;y la aplicación justa del derecho,un arrebato infrecuente de pocos jueces imparciales.