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¿Quién dijo que no hay ningún precedente de utilizar la abstención para tumbar o abortar un régimen de consenso, impuesto por la sociedad política en alguna nación? Pues sí lo hay. Y esa lección nos la dieron en una nación hermana. En una república pequeña y humilde. Ocurrió en Guatemala en 1999. Aunque casi nadie se molesta en recordarlo en la mass media (posiblemente tratan de borrarlo), todavía se pueden encontrar algunos ecos en las redes e internet. Por supuesto lo poco que hay es de la misma naturaleza: Que si debió haber algunos errores de comunicación, de saber explicarse, por parte de la clase política hacia los ciudadanos; que si la sociedad guatemalteca tal vez es un poco digamos retardada para comprender las gigantescas ventajas de los estados de partidos consensuados; que si hubo una conjunción estelar entre Orión, la Pacha Mama y los malvados mercados, etc., etc.
Guatemala había sufrido un conflicto interno de guerrillas desde 1962, que se transformó en guerra civil abierta entre 1980 y 1983. En todo ese período la legalidad democrática desapareció en manos de gobiernos golpistas tanto militares como algunos de carácter civil. Por fin en 1984, tras ser prácticamente destruidas las guerrillas en operaciones consideradas en algunos casos de genocidios, se votó y constituyó una Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución de la República de Guatemala de 1985 (restableciendo la tradicional republica presidencialista). Todo bajo los auspicios y seguimiento de las instituciones internacionales. En la práctica realidad la guerra civil había terminado, pero generosamente se fue abriendo a partir de 1988 conversaciones de paz con los restos de guerrilla agrupadas en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Apenas eran unos dos mil (2.000) relegados a la selva, y básicamente se pretendía desmovilizarlos y reintegrarlos.
Pero he aquí que en 1995 gana las elecciones el centrista socialdemócrata Álvaro Arzú y su partido PAN. No tuvo reparos de ponerse totalmente en las manos de los negociadores de la ONU y UE. En Diciembre de 1996, después de ruedas de negociaciones y acuerdos en Méjico, Noruega y España, ser firmó el “Acuerdo de Paz Firme y Duradera”. Se proclamó el fin oficial de la guerra como si no llevaran una década de paz nacional efectiva. No solo iba a zanjar el problema guerrillero con reparación de víctimas, constitución de una comisión de la verdad, amnistía y reintegración de los guerrilleros, etc. Si no que entraba en obligaciones políticas que afectaban a la misma esencia de la República y su constitución. A lo largo de 1997 y 1998, en cumplimiento de ese acuerdo y de espaldas a toda consulta popular por cada cuestión, se concretaron 50 reformas constitucionales, divididas en cuatro grandes temas: Nación y derechos sociales; Organismo Legislativo; Organismo Ejecutivo; Organismo Judicial y Administración de Justicia. En consenso se había creado. Cada uno de estos temas le correspondería una papeleta llegado el referéndum. Por lo que los votantes tendrían que responder a cuatro bloques de cambios constitucionales en cuatro urnas diferentes.
Pero… ¿Cuál eran los fundamentos de los cambios? ¿Por qué después de más de diez años se sacaba el fantasma de la guerra, y de la amenaza de revivir una guerrilla que ya no era capaz ni de controlar una aldea en las montañas? Las repuestas se pueden encontrar analizando esos cambios constitucionales:
- Si ya el sistema electoral para la Asamblea Nacional era mixto (como ocurre en la mayoría de repúblicas iberoamericanas aunque sean presidencialistas, por influencia de la Unión Europea), consistente en combinar diputados de listas con diputados por circunscripciones, las circunscripciones pasarían ahora de un diputado a dos como mínimo. Lo que significaría que el sistema proporcional de listas se impondría definitivamente a la representación directa por circunscripciones.
- Como ocurrió en la V República de Francia, el poder ejecutivo sería invadido por el legislativo, ya que el Presidente ya no podría nombrar ni cesar ministros ni gobiernos sin la aprobación del legislativo. Se mantendría la separación aparente de los poderes al ser elegidos independientemente.
- Aunque decía respetar la integridad nacional, se definiría la República como “pluricultural, multiétnica y multilingüe”. Contradicción similar a la de la Constitución Española de1978 con la unidad nacional y las “nacionalidades”.
- Se introduciría en el sistema judicial realidades regionales e indígenas, que obviamente rompían la igualdad del ciudadano de la república ante su ley.
- Aumentaría el control del legislativo e instituciones sociales e indigenistas sobre la administración de justicia y su organización.
- Las necesidades de reparaciones históricas llevarían a la previsión del crecimiento o creación de administraciones públicas, y en resumen a la mayor presencia y gestión del estado en la sociedad civil.
En definitiva, que la clase política guatemalteca descubrió una gran oportunidad, auspiciados por los asesores europeos y de Naciones Unidas, de estatalizar la república y establecer de facto un estado de partidos a semejanza de los europeos continentales, que les daría el control total de los recursos y la población civil, a través del control absoluto de los partidos políticos sobre las instituciones republicanas.
Así que se organizó el referéndum para el 16 de mayo de 1999, a las puertas de las elecciones generales que serían en Noviembre (en Guatemala se les llama generales porque se aprovecha el mismo día para hacer las presidenciales, las legislativas y las municipales), para obligar a los candidatos a posicionarse y hacer campaña a favor del SÍ. Se prohibieron campañas institucionales a favor, para que el estado se viera como neutral. Obviamente el gobierno utilizó todos los noticieros para fomentar la participación y el sí. Había precedentes de refrendos con muy poca participación, pero eran sobre temas muy concretos y se aceptaba la convención de considerarlos válidos aun con participación escasa. Éste ya NO era el caso. La participación en las elecciones de la Asamblea Constituyente que redactó la Constitución de la República superó el 78%. Y todas las elecciones generales desde entonces se habían distinguido por una alta participación. Así que para unos cambios constitucionales tan profundos se tenía por obvio que la participación o igualaba a la Constituyente, o cuanto menos debía superar el 50%. Además, era previsible que la única fuerza opositora fueran los pequeños partidos de la ultraderecha paramilitar, que jamás aceptarían una imposición del SÍ con una participación minoritaria.
Nadie pensaba que fuera problemática la participación y aprobación de las reformas en el Referéndum. Fomentando la participación y en favor del SÍ estaban: todos los partidos de centro, centro derecha, centro izquierda e izquierda. Todos los sindicatos y movimientos obreros. Todas las asociaciones civiles de Derechos Humanos y todas las organizaciones indígenas e indigenistas (la premio Nobel Rigoberta Menchú incluida). Naturalmente todos los grupos guerrilleros reconvertidos en partidos de ultraizquierda. Todos los medios de comunicación privados y públicos. Y todas las ONG e instituciones internacionales. Y por supuesto el gobierno y presidente vigente. Además, con la bendición de la Iglesia Católica, Vaticano inclusive. Y TODOS tenían algo en común. Una sola cosa: subvenciones estatales e internacionales.
En contra: como estaba previsto la exigua Liga de la Patria y entorno a ella la ultraderecha y paramilitarismo. Como siempre argumentarían la defensa de la unidad de la patria, el nefasto reconocimiento político de los pueblos mayas, etc.
Pero surgió algo imprevisto. El candidato presidencial Francisco Bianchi del partido ARDE (Acción Reconciliadora Democrática), un pastor evangélico con un minúsculo partido que aglutinaba a la pequeña minoría protestante del país, se declaró en contra. Y comenzó a hacer campaña por el NO atacando un flanco sorpresivo para el “establishment”: valores. Atacó el relativismo moral de la socialdemocracia, que negaba los principios occidentales y cristianos de la república de Guatemala. La desaparición de la igualdad ciudadana ante la ley fuera de la etnia y cultura que fuera. La violación de la sagrada separación de los poderes para estar bien controlados. La invasión de las subvenciones públicas en todas las actividades civiles, incluida la financiación de los partidos políticos; la degradación de la figura del Presidente de la República, ante la pérdida de poder ejecutivo de y representatividad, la estatalización de la nación, etc.
Y saltó la gran sorpresa tanto para el establishment nacional como internacional: El 16 de Mayo de1999 hubo una abstención de cerca del 82% de los 4’8 millones de votantes. Para más inri, aun solo participando un 18% del censo electoral, el no se impuso abrumadoramente en las cuatro papeletas que representaban cada uno de los cuatro bloques de reformas. Unas votaciones con decenas de observadores internacionales (hasta 70) que verificaron los resultados. Curiosa y significativamente fue el rechazo al bloque de las nuevas funciones del congreso, el más alto con un 75% por el NO (de los que votaron, claro). Algunos observadores internacionales casi prefirieron la victoria del NO, porque si no le hubiera tocado al gobierno invalidar la votación por la abrumadora abstención ciudadana. Explicar un NO aun dentro de lo dramático siempre se puede adjudicar a las calumnias o juego sucio, o apelaciones al miedo, del oponente. Pero explicar esa terrible y exultante abstención para unas reformas que se supone llevaban en ellas el consenso, acordado por los supuestos representantes de todas las clases y grupos sociales era la auténtica desautorización e invalidación de todo el proyecto político que se proponía y de sus interlocutores.
En Noviembre, el candidato del centro derecha Portillo ganó en segunda vuelta las presidenciales, y su partido (fundado por el exdictador Ríos Mont) venció las legislativas. El candidato oficialista socialdemócrata Berger perdió y su partido pasaría a casi desaparecer. Ninguna de las amenazas que las oligarquías partidistas alegaban para hacer las reformas se cumplieron: Ese falso “ruido de sables” de los antiguos guerrilleros no se produjo. Ya estaban reintegrados a la sociedad. La Comisión de la Verdad no solo no ha fracasado si no que en estos últimos años están llevando a los responsables de los genocidios ante la justicia, como el exdictador Ríos Mont.
Bianchi apenas logró en esas elecciones presidenciales un 2%, pero desde este artículo yo afirmo que él y la minoría protestante, fueron la clave para recordar a la sociedad los valores de su República. Tal vez imperfecta. Sin una democracia formal estricta desde la ciencia política. Humilde y atrasada en muchos aspectos. Con injusticias. Pero que dio una gigantesca lección de dignidad nacional y republicana a todo el mundo.
Por supuesto nadie, comenzando por los mass media nacional e internacional, lo ha reconocido ni lo hará. Lo atribuyen, como se explicaba al principio del artículo, al retraso cultural de la sociedad guatemalteca, o a errores de comunicación del mensaje. Personalmente creo que la sociedad civil de Guatemala lo entendió perfectamente. Las instancias internacionales, como sus principales auspiciadores la socialdemocracia europea, ni quieren recordar ese acontecimiento. Más bien tratan de no hacerlo. Y en Colombia comienzan a nombrarlo ahora porque ven que la “resistencia civil” de Uribe podría producir un efecto semejante.
Espero que quienes no lo olvidemos, y desde ahora tengamos muy en cuenta, seamos los seguidores del MCRC. Porque estamos ante todo un precedente de cómo la abstención puede derrotar la imposición de un Estado de partidos.
