Se da por sentado que España es un país monárquico por tradición, como Inglaterra. No obstante, habría que plantear varios peros a tal afirmación. Como forma de gobierno propia del Antiguo Régimen, en España lo ha sido en paralelo a otras naciones continentales europeas. Tras la convulsión, empero, de la Revolución Francesa, la monarquía en nuestro país se ha mantenido por el apoyo del ejército, primero, del extranjero de los Cien Mil Hijos de San Luis de la Santa Alianza para mantener su pacto de restauración de las monarquías del Antiguo Régimen, y luego con el sostén de los distintos pronunciamientos militares decimonónicos que acabaron desembocando en la Restauración borbónica en la persona de Alfonso XII en 01874 tras el breve paréntesis de la I República. Hasta ese momento, la política española estuvo marcada por ese llamado “baile de generales”. Ya en el siglo XX, Alfonso XIII se apoyó en la dictadura de Primo de Rivera, hasta las famosas elecciones municipales de 01931, que le llevaron a huir precipitada y deshonrosamente (dejó atrás a su familia) a Cartagena, camino de Roma.
El vencedor de la Guerra Civil, el general Franco, católico tradicionalista y autoritario más que fascista, para legitimar more suo su régimen dictatorial, decidió nombrar como sucesor al nieto de Alfonso XIII, don Juan Carlos de Borbón, para lo cual había conseguido previamente que su padre, don Juan, lo enviara a España para recibir la educación que el dictador consideraba adecuada. Una vez que quedaron claras las intenciones de Franco, don Juan exigió a su hijo que no aceptara ser el sucesor de un dictador. El delfín de Franco, empero, prefirió traicionar a su padre y jurar los Principios del Movimiento. Experto en traiciones, decidió también traicionar a su padre adoptivo y su Instauración (en la que significativamente el monarca es también Capitán general de los Ejércitos), favoreciendo un régimen basado en el acuerdo entre las fuerzas vivas del régimen franquista y la oposición, a su vez traidora al designio de ruptura democrática de la Junta Democrática dirigida por Antonio García-Trevijano. Había nacido, pues, la Monarquía de partidos, basada en una Carta Otorgada, que no Constitución nacida de un proceso constituyente, y en el llamado Estado de las Autonomías, como instrumento de corrupción, clientelismo y desnacionalización promultiestatalista de la sociedad civil.
El balance no ha podido ser, en fin, más desolador: la monarquía no ha hecho nada más que favorecer el auge separatista, y ser cómplice de la corrupción de los partidos estatales, esperando que los gobiernos sucesivos de los dos partidos mayoritarios hicieran la vista gorda con la propia. Así, el rey Juan Carlos I, al que la historia no juzgará tan favorablemente a medida que siga derrumbándose el pacto de silencio creado en torno a él por el régimen y sus medios, asustado como su abuelo y cargado de escándalos sexuales y económicos, abdicó repentinamente tras unas elecciones europeas en las que vio tambalearse la exclusividad en la alternancia en el poder de las dos patas del régimen, geminación del antiguo partido único. Pudimos asistir luego a la vergonzante y apresurada toma de posesión de su sucesor, a la que el llamado absurdamente ahora “rey emérito” (como si pudiera haber dos) no se dignó siquiera asistir. Todo lo cual, sin duda, no contribuye a demostrar que exista una tradición monárquica en España, donde la mayoría del pueblo pasó de ser franquista a juancarlista sin solución de continuidad, y donde la monarquía de partidos sólo tiene razón de existir mientras continúe este régimen partidocrático, en el que no existe ni democracia representativa ni separación de poderes.
