Como la fiscalía depende del ejecutivo su expectación ante los cambios políticos es comprensible y determinante de su actuación. Si no que se lo digan al presuntamente triple prevaricador Garzón. Mientras tenía cogido por el cuello el Faisán (o mejor dicho, metido en el cajón de su juzgado) y el partido afectado por ese caso estaba en el poder, la fiscalía actuó protectoramente de sus intereses procesales. Ahora corren nuevos tiempos, y vendrá un nuevo Fiscal General del Estado que en ejercicio de los principios de subordinación y jerarquía dará otras instrucciones a buen seguro nada benevolentes con la estrella caída. De momento el girasol fiscal ya empieza a rotar hacia la nueva fuente de luz y calor. La Fiscalía del Tribunal Supremo se ha opuesto a la recusación presentada por Baltasar Garzón contra Manuel Marchena, el sexto componente del Tribunal que debe juzgarle por intervenir las conversaciones mantenidas por los cabecillas de la “trama Gürtel” con sus abogados en prisión. Garzón acusa a Marchena de falta de imparcialidad por coincidir su presencia en este Tribunal con su condición de instructor de la causa en la que se investigan los cobros que el juez de la Audiencia Nacional supuestamente percibió del Banco Santander por participar en varios cursos en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006.
Queda por saber si la Fiscalía mantendrá su actitud obstaculizadora en este último asunto garzonita, que se mantiene abierto gracias a la intervención de la acusación particular sostenida por la asociación de juristas “Preeminencia del Derecho” a través de los letrados D. José Luis Mazón y D. Antonio Panea. Hasta ahora todo han sido impedimentos aún a pesar de los datos remitidos por autoridades académicas y judiciales norteamericanas y del informe contable elaborado en el seno de la instrucción por la Guardia Civil. Este informe señalaba que la esposa de Garzón, Dña. Rosario Molina habría realizado un ingreso de 317.130 euros en una cuenta corriente a su nombre a principios de abril de 2.005, un mes después de que el juez llegara a Nueva York con el permiso de estudios que le concedió el Consejo General del Poder Judicial. Los cursos investigados, celebrados entre 2.005 y 2.006, tuvieron el patrocinio de varias empresas, entre ellas el Banco de Santander, con asuntos sub iudice de su interés en la Audiencia Nacional donde Garzón estaba destinado. La fiscalía se oponía aún así a las diligencias interesadas por la acusación particular. Ahora con cambio del jerarca máximo del Ministerio Público y nuevos jefes políticos veremos qué sucede. Qué ejemplo de paradoja más miserable, pero resulta que en un sistema sin separación de poderes, la corrupción institucional y sus intereses espurios son el lubricante preciso para que sus instituciones funcionen, al menos en apariencia.
