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Trece países se han beneficiado de los datos sustraídos por Heinrich Kieber, el trabajador del Liechtenstein Global Trust Group (LGT), el banco más importante de Liechtenstein, que copió información sobre 3.929 sociedades de fideicomiso y fundaciones tapadera de todo el mundo, datos minuciosos sobre 5.000 millones de euros en dinero negro procedente de 5.828 defraudadores, entre los que había 67 españoles con 170 millones que debían haber estado en poder de Hacienda, según publicó la revista XL Semanal.
Kieber, de quien se ha editado incluso una biografía, es hijo de madre española, vivió en España, estudió en Barcelona y ejerció de DJ en Ibiza. El denunciante, hoy escondido bajo una identidad falsa y protegido por los servicios secretos de Alemania y otros países beneficiados, tiene que soportar en cambio una orden de búsqueda y captura internacional dictada por Liechtenstein, según “Time”, que revela como el “Süddeutsche Zeitung” lo encontró en Australia, donde previamente lo había localizado otro medio de comunicación, el “Australian Financial Review”, y de donde volvió a desaparecer. Eso sí, no sin antes prestar declaración ante el Tribunal Federal de Australia en una audiencia a puerta cerrada, para hablar libremente sobre las “reglas de juego” del paraíso fiscal de Liechtenstein.
Kieber asegura que en Internet han puesto siete millones de euros de precio a su cabeza y que la sustracción de los datos fue “pan comido”. Se encontraban “en una cinta DLT, que tiene el aspecto de una casete antigua. Los datos almacenados en la cinta sumaban un millón de folios con toda la información disponible sobre 3.929 sociedades de fideicomiso y fundaciones tapadera de todo el mundo. Los datos ni siquiera estaban encriptados”. Alemania le pagó 4 millones de euros y gracias a sus datos se descubrió que el ex jefe de Deutsche Post, Klaus Zumwinkel, era un defraudador.
Gracias a Kieber fueron descubiertas 200 cuentas opacas de españoles en el Lienchtenstein Global Trust Group (LGT). Hacienda instó a regularizar la situación a 67, de los cuales sólo un 20% lo hicieron. Los 7 empresarios catalanes con depósitos no declarados en ese paraíso fiscal son Josep Bas Puig, del sector químico (fraude de 4,2 millones); Luis Gari Sentmenat, administrador de una empresa náutica en Barcelona (fraude de 7,98 millones); el arquitecto barcelonés Alfredo Arribas (fraude de 311.471 euros); Enrique Clapers Alegre, del alta sociedad catalana (fraude de 296.905 euros); el empresario del sector de la decoración Jaume Graells (fraude de 1,2 millones de euros) y el auditor vinculado al sector editorial Jorge Sierra Arrayán (fraude de 313.442 euros). El séptimo es Artur Mas Barnet, padre del presidente de la Generalitat, cuya cuenta tenía como beneficiario a su hijo.
En la misma operación también resultaron expedientados el cantautor Alejandro Sanz –paladín de la lucha contra la piratería informática-, el industrial vasco Alejandro Legarda (director de la todopoderosa CAF) o Carlos Meier (exdirector de Segundamano y fundador del Instituto de Empresa).
“Estos casos no fueron descubiertos por investigaciones de la Hacienda pública, sino más bien por filtraciones, compraventas de discos y otros soportes digitales y casualidades. En el caso de las cuentas al LGT de Lienchenstein, el origen es la venta de los datos de 5.828 evasores (con un patrimonio total de 5.000 millones de euros)” realizada por Kieber a los servicios secretos alemanes por 4 millones de euros. Entre ellos, constaban esos 67 defraudadores españoles expedientados. Por eso de Heinrich Kieber se dice que es “el hombre más odiado por los millonarios” y que en internet se ofrecen 7 millones de euros a quien acabe con su vida”, concluye el periodista.
