Deponer al mal gobernante

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Antonio García-Trevijano
Antonio García-Trevijano

El jefe del Gobierno ha dado suficientes pruebas, en su pasado, de que no está moralmente dotado para asumir las consecuencias negativas de su responsabilidad política. Y sin embargo, todavía se le otorga, por hipócrita concesión a las formas, el crédito moral que se implica en todo acto espontáneo de dimisión. Hay un grave contrasentido, y una confesión de impotencia democrática, en el simple hecho de pedir su dimisión. Porque una dimisión exigida encubre siempre la voluntad de evitar una destitución deshonrosa. Y los motivos por los que aquí se le exige dimitir, provocarían su cese forzoso en otro país con vías democráticas para deponer al mal gobernante. La confusión existente en esta materia no es un producto de la moral instintiva de las masas populares, sino un útil artificio de la moral postracional de la clase dirigente, para enervar el principio de responsabilidad por dolor, culpa o negligencia de los políticos. No debe extrañar, en estas condiciones culturales, que un ex gobernador del Banco de España, poco honorable y poco inteligente, declare asumir la responsabilidad política cuando ya no la tiene. Y que un jefe de Gobierno, tan patán como ladino, se escude en una supuesta buena fe para eludir la responsabilidad objetiva que tiene en el daño causado a España por culpa de su pétreo tesorero.

La responsabilidad política derivada de los daños causados por los gobernantes al bien público tiene, en los países latinos, el mismo fundamento que la responsabilidad civil por daños a un bien privado. Con una diferencia que hace sonreír. Mientras que el jefe de una familia, un colegio o un establecimiento, debe indemnizar con su dinero los perjuicios ocasionados por culpa o negligencia de sus subordinados, el jefe de un Gobierno sólo indemniza, sea cual sea el daño o el delito perpetrado por los suyos, con el sacrificio moral de su dimisión o con la pena sustitutoria de una destitución infamante. Pero hay que llamar la atención sobre el hecho de que tanto en la responsabilidad civil como en la política, se produce una inversión de la prueba. Se presume la culpabilidad del jefe mientras no demuestre su inocencia, probando que desplegó la diligencia de un buen padre de familia, o de un celoso administrador, para evitar el daño. La evidencia del daño causado por la «marianez» del gobernador (tipificación umbralista del delito financiero «ciego») hace incuestionable la presunción de culpabilidad de sus jefes. Que tuvieron el arte de convertirla en certidumbre, al poner toda la diligencia de un «padrino» en proteger y sustraer de la Justicia, desde hace dos años, a su peón de brega bancaria.

La culpa inicial «in eligendo» y la subsecuente «in vigilando» generan un tipo objetivo de responsabilidad que no tiene nada que ver con la buena o mala fe del responsable, como el miedo hace creer al Sr. González. Para más señas, abogado. La responsabilidad por el cuasidelito político que nace, en el jefe, de la conducta culposa del causante del daño, presupone siempre la buena fe del responsable. Si éste hubiese obrado de mala fe, protegiendo a sabiendas la conducta ilícita de un subordinado, ya no sería responsable de un cuasidelito político, sancionado con la dimisión espontánea, la dimisión forzada o la destitución forzosa, sino de un delito penado con la cárcel. En resumen. El ex gobernador debe afrontar su responsabilidad civil como presunto culpable, y su responsabilidad penal como presunto inocente. El jefe del Grupo Socialista debe ser forzado a dimitir o cesado de su cargo, por su responsabilidad política como presunto culpable de no vigilar lo que debía. El jefe de Gobierno, que no dimitió cuando pudo hacerlo hace dos años, debe ser obligado a dimitir, o destituido parlamentariamente, por su responsabilidad política como culpable real de elegir mal, y retener peor, al gobernador del escándalo Ibercorp; impedir la investigación parlamentaria y la acción de los fiscales; honorar a quién se deshonra.

EL MUNDO. LUNES 18 DE ABRIL DE 1994

 


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Gonzalo

La causa de gobierno sólo la justiifica la libertad política de los que escogen el poder ejecutivo del Estado,por lo que son injustos,siendo legales,todos los gobiernos que no sean elegidos directamente por los que contribuyen con su dinero al Tesoro público,y no sean capaces de ser revocados por éstos.