Pacto entre traidores

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Antonio García-Trevijano
Antonio García-Trevijano

ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO.

Las historias de la Transición no explican por qué fue necesario pactarla entre el poder dictatorial y los partidos de oposición. Si el objetivo final del Gobierno Suárez hubiera sido establecer la democracia, le habría bastado con legalizar de modo simultáneo a los partidos, reconocer todas las libertades públicas y abrir un fase de contraste de alternativas para que, con elecciones a Cortes constituyentes, la representación del pueblo decidiera la forma de Estado y de Gobierno. Entonces sí habría pasado a la historia como el estadista que instauró la democracia. Honor que no tiene. Lo que trajo con los pactos de la Transición no podía ser democracia, que sólo es fruto de la libertad, sino pura oligarquía de partidos. Lo que hizo no lo hizo por amor a la libertad, sino para continuar al frente del gobierno. Su obra no fue producto de su inteligencia ni de su voluntad, salvo la legalización del partido comunista y las autonomías regionales, sino ejecución de un diseño extranjero. Todo lo obró de arriba abajo, al modo autoritario de la dictadura donde había trepado. Se basó en la fuerza del secreto y la eficacia corruptora de los pactos de reparto con los partidos.

En cambio, la Transición pactada tenía una lógica impecable para lo que quería: impedir que el elemento democrático, ya organizado y movilizado en todos los sectores de la sociedad, llegara a ser una fuerza social capaz de imponer, con la libertad, la retirada de la vida pública de los hombres que sostuvieron la dictadura. Había que disolverlo antes de que alcanzara su claro y declarado objetivo democrático. Y para eso era necesaria la confabulación secreta de la decreciente dictadura con los partidos integrados en el creciente factor democrático. La propuesta de Suárez era neta: yo estoy dispuesto a traicionar las instituciones de la dictadura, salvo la Corona, si vosotros, Felipe y Santiago, lo estáis a traicionar la democracia, en favor de una Monarquía de partidos estatales donde los tres tengamos el mando asegurado en proporción a la cuota electoral obtenida. La idea de que Suárez necesitaba esos pactos para liquidar con ellos las Cortes de Franco es falsa. Esos pactos no fortalecían la posición de Suárez ante sus compañeros de carrera en la dictadura. Creaban sospechas de traición que no se habrían producido ante una acción decidida y franca de su gobierno por la libertad política indiscriminada.

Los riesgos que corrió Suárez al legalizar al partido comunista no los asumió por un supuesto deseo de ampliar el campo de acción de la libertad, sino para circunscribirlo dentro de límites que no hicieran peligrar su proyecto de oligarquía de partidos con libertades otorgadas. El partido comunista sería por la izquierda el dique de contención contra la marea de libertad ciudadana que el partido de Fraga contendría por la derecha. Suárez y Felipe, resguardados por esos flancos, se turnarían en el Gobierno desde una posición respectiva de centro derecha y de centro izquierda. Así de simple y disoluta era la mentalidad de los hombres de la Transición. Quisieron suprimir, con los pactos de secreto reparto del poder, las incertidumbres políticas de la libertad colectiva. Y en cuanto a las Autonomías, el café para todos servido por un patán de la patria, tampoco podía tener aroma histórico ni sabor democrático. Pues negaba los derechos adquiridos con la libertad, por Cataluña, Euzkadi y Galicia, a una diferencia autonómica. Y la deseable descentralización democrática del Estado se concibió como una indeseable multiplicación de centros estatales de poder oligárquico. El pacto de Suárez con Tarradellas también fue, por eso, un pacto entre traidores. Sólo el PNV tiene el honor de no haber participado en ese enjuague de la traición fundacional del Estado de partidos.

LA RAZÓN. LUNES 10 DE JULIO DE 2000


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Gonzalo

Una ley fundamental borbónica de consenso concede la política a perduralidad a unos partidos políticos profesionales del poder que se distribuyen los empleos del Estado,en concordancia a la cuota electoral de cada componente-partido.

Gonzalo

Una Ley fundamental borbónica de consenso establece una Monarquía de partidos y de autonomías y otorga la política a perdurabilidad a unos partidos políticos profesionales del poder, que se distribuyen los empleos del Estado,en conformidad a la cuota electoral de cada componente-partido.