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Las respuestas al por qué de la extrema derecha varían entre explicaciones sociológicas, como el miedo a la globalización del mercado o a la inmigración incorrecta, y explicaciones políticas, como la lejanía de las instituciones oficiales respecto de los intereses ciudadanos o el ocaso de los partidos correctamente corrompidos. Los conservadores proponen vitalizar el régimen mejorando las programaciones de los partidos de gobierno, y los progresistas, regenerar la democracia acentuando las aplicaciones sociales del principio de igualdad. Aquellos hablan de crisis de gobierno y éstos de crisis de la democracia.

Nadie quiere ver que el problema de fondo está en la falta de libertad política, en el hecho escandaloso de que se llame democracia a una pura oligarquía de partidos oficiales. Cada crisis particular traduce en cada país continental la crisis común del régimen de partidos estatales, devenido obsoleto desde el final de la Guerra Fría. La crisis de la democracia no es posible en Europa por la simple razón de que esa forma de gobierno no existe en ella. Y aplicar la democracia social en una oligarquía política y financiera destruiría la sociedad tan metódicamente como lo haría una bomba de neutrones. El principio entrópico de la igualdad conduce al caos mortal sin el principio negantrópico de la libertad.

Los avances en el conocimiento de la realidad se producen cuando en lugar de cambiar la respuesta se cambia la pregunta. De todos los fenómenos que nos inquietan, el peor conocido es el político. Estamos más cerca de la verdad en el conocimiento de las causas del caos en las estrellas o en nuestras células cancerosas, que en el de las productoras de crisis en los Estados europeos. Las respuestas varían en los matices de la equivocación porque todas confunden la pregunta. Y cuesta menos salir de un error que de una confusión.

La pregunta pertinente no es por qué funciona tan mal el Estado de partidos en cuestiones de veracidad política, de libertad cultural y de justicia distributiva, sino por qué no se instauran de una vez en Europa, cuando ha desaparecido el temor al comunismo, los tres principios esenciales de la democracia, como forma de gobierno. Sin estos principios (el representativo, el electivo y el divisorio del poder) jamás será posible alcanzar la veracidad del sistema, la libertad colectiva de los gobernados y la justicia social en la distribución de la riqueza nacional.

Los diputados de lista no son representativos de los electores, sino del partido que los incluye en ella. Su voto partidista vulnera por sistema la prohibición constitucional del mandato imperativo. Y la elección del presidente de Gobierno por ellos elude el principio de la elección y deposición de los gobernantes por los gobernados.

El control y dirección del Poder Legislativo por el Poder Ejecutivo salido de él, anula el efecto saludable de la división de poderes, a la vez que contradice el principio básico de toda Constitución, que no es otro que el de separación y contrapeso de poderes, como lo argumentó Karl Schmitt y lo demostró Friedrich. Este principio es la única garantía de la libertad política, como se sabe desde Locke, Montesquieu, Miranda, Bolívar y Tocqueville.

Salvo Gran Bretaña, Europa perdió la decencia intelectual con la guerra mundial. Desde entonces ningún pensador ni artista ha comprendido ni denunciado la naturaleza antidemocrática del Estado de partidos, el artificio que los vencedores impusieron a los vencidos por el miedo de aquellos al sovietismo y el de éstos a un retorno del fascismo.

Desintegrados los partidos comunistas, los intelectuales confunden la extrema derecha con el fascismo porque este peligro irreal es la única legitimidad histórica que resta al corrompido Estado de los Partidos.

LA RAZÓN. JUEVES 23 DE MAYO DE 2002

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